Rectoría de la UAT en manos de juez; aliada de Guillermo Mendoza denuncia a Luisa Álvarez

Elsa Fernanda González Quintero y el rector Mendoza Cavazos. Crédito: Fernanda González / Facebook

Carlos Manuel Juárez

El conflicto en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha dado un viraje. Este martes 14 de febrero, el juez segundo de distrito, José Guerrero Durán, resolverá si suspende del cargo al rector Guillermo Mendoza Cavazos, como lo solicitó la doctora Luisa Álvarez Cervantes.

En respuesta, la directora de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), Elsa Fernanda González Quintero, denunció por robo a Álvarez Cervantes, quien presentó el juicio de amparo por presuntas irregularidades en el proceso de elección de la rectoría de la casa de estudios superiores.

Además, el movimiento por la regeneración universitaria informó que el rector Mendoza Cavazos incumplió los acuerdos para reinstalar a 11 trabajadores y académicos que fueron despedidos sin justificación y que forman parte del grupo. El caso más grave lo vive Israel Aguilar Guevara, ya que necesita realizarse hemodiálisis 2 veces por semana y quedó sin seguridad social.

La salud de Aguilar Guevara, conocido como Maikol, se vio afectada por lo que el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor González Villegas, negoció con el rector Guillermo Mendoza la reinstalación. Empero, ante la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó reponer el juicio de amparo, el hombre fue destituido.

“Mendoza goza infringiendo dolor al prójimo, puesto que Maikol no es profesor, no vota, es el fotógrafo oficial de la escuela, pero sacó imágenes de los porros pidiendo el voto para la candidatura única, el día 12 de septiembre de 2022, día de la imposición de la directora de la UAMCEH. Ese fue su crimen”, informó el movimiento universitario.

El resto de académicos y trabajadores universitarios que fueron separados de sus puestos son: José Rafael Sáenz Rangel, Arcadio Alejandro García Cantú, Rogelio Castillo Walle, Daniel Desiderio Borrego Gómez, Leonel Castillo Walle, Coral Yesenia Castillo Arias, Juan Ángel Maldonado Flores, Erik Rogelio Castillo Arias, Carlos Alberto Hernández Guzmán y Graciela Hernández Guevara.

Suspenso en la UAT

El juez segundo Guerrero Durán ha mantenido el suspenso en la rectoría universitaria. Este lunes debió resolver la suspensión provisional de Mendoza Cavazos pero, a consideración de Luisa Álvarez, dilató el fallo.

El mismo juzgador revisará la inconstitucionalidad de los estatutos orgánicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, obligado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito que detectó vacíos en el trabajo de Guerrero Durán y ordenó reponer el juicio.

El movimiento por la regeneración de la universidad presentó la ampliación de demanda por considerar que la elección a la rectoría en 2021 tuvo irregularidades cometidas por funcionarios de la UAT. El análisis de la inconstitucionalidad de las normas básicas de la UAT se dará en el aspecto de la violación a los principios de paridad de género que establece la Constitución Política de México.

Un punto clave en los nuevos reclamos es la solicitud de nulidad de la toma de protesta del rector Guillermo Mendoza, quien recibió el cargo en compañía del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca el 15 de diciembre de 2021.

Mendoza Cavazos fue el secretario de Finanzas de la UAT durante la rectoría José Andrés Suárez Fernández. En ese periodo de 2018 a 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detecto desvíos de, por lo menos, 450,000,000 pesos. El gobierno federal interpuso a una denuncia contra Víctor Hugo “G”, secretario de administración y primo de Cabeza de Vaca.

En caso de que se resuelva la separación de Guillermo Mendoza, los estatutos indican que el secretario general de la UAT asume “las ausencias temporales del rector hasta por sesenta días naturales”.

Otro escenario que contemplan la norma es la remoción del rector, en tal situación la Asamblea sesionará en forma permanente para realizar un “juicio” y dictar resolución dentro de los 5 días hábiles siguientes. Para la remoción se requiere del voto de las dos terceras partes de los asambleístas presentes.

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