Catalejos
Opinión por Miguel Domínguez Flores
No hay una forma más efectiva de medir los índices de violencia en todo el país que con las cifras que cada mes publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las estadísticas, que provienen de la información que aportan directamente las Fiscalías Estatales, se han convertido desde hace años en el método más confiable para detectar las dinámicas de seguridad a través de diferentes periodos de tiempo.
Por eso aunque deberían estar desprovistas de interpretaciones políticas, sí funcionan para calificar la eficacia o el fracaso de las estrategias planteadas por las autoridades de diferentes niveles.
Esta semana, el Secretariado publicó las cifras de diciembre y con ello cerró el reporte 2022. El dato más relevante es que el último trimestre del año, fue el que menos homicidios violentos registró en el estado, desde hace más de una década. No se habían contabilizado cifras tan bajas desde el año 2009, unos meses antes de que estallara la gran ola violenta que no ha dejado de sacudir a Tamaulipas.
El mes de octubre, cuando entró en funciones la administración morenista de Américo Villarreal Anaya, se reportaron 26 carpetas por asesinatos; la cifra se repitió en noviembre, y en diciembre fueron 27.
Es decir, los primeros tres meses del nuevo gobierno fueron los menos violentos para la entidad desde hace 13 años.
La historia reciente de Tamaulipas nos ha enseñado que las ráfagas de violencia pueden desatarse en cualquier momento, por lo que sería un error para la autoridad estatal echar las campanas al vuelo. El combate a la inseguridad es un reto diario, que no permite relajamiento alguno.
Pero los datos duros de la Fiscalía y del Sistema Nacional de Seguridad Pública adquieren particular relevancia en medio de una evidente campaña de propaganda construida por la oposición para posicionar la falsa narrativa de una entidad en la que se dispararon los índices de violencia desde que Morena llegó al poder.
Nada más alejado de la realidad, los números son elocuentes.
Ahora claro, el reto para el gobernador no es menor: que este inicio prometedor en el tema de seguridad se vuelva la tendencia constante a lo largo de su sexenio.
Una más de los jueces…
Debió haber ocurrido hace mucho tiempo la declinación del juez Fernando Alvarado López para que sea un juez de Victoria, el que resuelva el amparo solicitado por el fiscal anticorrupción.
No había ningún motivo para que Raúl Ramírez Castañeda, hubiera recurrido a un juzgado con sede en Reynosa, para solicitar la protección federal.
Y mucho menos había razones para que el juez aceptara conocer el asunto, si se considera que tanto el domicilio del Fiscal, como el del organismo que representa están en la capital del estado.
Queda claro que el “error” de Fernando Alvarado López formó parte del plan diseñado para dilatar la inminente destitución de Ramírez Castañeda.
Un desenlace que tarde o temprano habrá de llegar.
