Emmanuel Martínez
Las empresas transportistas ya son un lastre para el sostenimiento del desarrollo urbano de Reynosa, ya que los propietarios de las unidades de carga no respetan las rutas de circulación y destruyen las calles para vehículos normales.
El ayuntamiento reynosense ha tratado de restablecer los límites de las compañías mediante cambios legales. La respuesta del sector económico se ha dado con cabildeo y presión pública para mantener los privilegios transportistas.
La última batalla ganada por la iniciativa privada ocurrió este miércoles en el Congreso de Tamaulipas. Las y los diputados rechazaron establecer un cobro por circulación libre a las empresas en la Ley de Ingresos de 2023.
El ayuntamiento de Reynosa planteó cobros que van de 50 a 1000 UMAs, es decir de 4,811 pesos a 96,220 pesos anuales, dependiendo de la cantidad de unidades que tenga cada empresa.
Al respecto, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, lamentó la decisión legislativa y, advirtió, redoblarán esfuerzos para que las empresas ordenen la circulación por el viaducto rumbo a los puentes internacionales y patios aduanales.
El irrespeto a la circulación obligada, señaló Peña Ortiz, provoca daños en las calles que no están construidas para vehículos pesados y grandes dimensiones.
“Ahorita estamos calculando que anualmente el daño es de 150,000,000 a 200,000,0000 pesos en las vialidades de áreas municipales”, dijo el presidente municipal.
Un grupo de empresarios está protegiendo intereses de personas que tienen concesiones, afirmó Peña, y quieren politizar el tema en el contexto de la elección extraordinaria al Senado.
En noviembre de 2021, el personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Reynosa comenzó con operativos para regular el ingreso de transporte de carga. A partir de ese momento los miembros de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) confrontaron al municipio.
