A punto de caer, el fiscal cabecista

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Opinión por Héctor Garcés

Cuando el PAN perdió las principales alcaldías tamaulipecas y la mayoría del Congreso del Estado en la elección de 2021, el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca orquestó un plan para combatir a la oposición morenista.

Aunque muchos medios centraron su información y su análisis sobre el Fiscal de Justicia del Estado, Irving Barrios, como figura central de esa operación cabecista para torpedear y contrarrestar el ascenso al poder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el personaje clave era el abogado Raúl Ramírez Castañeda.

Con la llegada del panismo a las mieles del presupuesto, Javier Castro Ormaechea durmió en sus laureles como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en Tamaulipas. El ex litigante se dedicó a cobrar con puntualidad sus jugosas quincenas.

Al perder Acción Nacional el proceso electoral tamaulipeco del año pasado, Cabeza de Vaca preparó el plan para tratar de detener el avance de la Cuarta Transformación e impedir que ganara la gubernatura de Tamaulipas. Pieza estratégica de ese maquiavélico plan fue Raúl Ramírez Castañeda, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica. 

El primer paso fue enviar a Javier Castro Ormaechea como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y luego, con el aval del Congreso del Estado y, en particular, con el voto de la mayoría panista de la pasada legislatura, designar a Raúl Ramírez Castañeda como nuevo Fiscal Anticorrupción.

Sin embargo, Ramírez Castañeda no se iba a dedicar a combatir la corrupción en Tamaulipas, sino a combatir y perseguir a los presidentes municipales morenistas, en especial al joven Carlos Peña Ortiz, de Reynosa, la ciudad con el mayor padrón electoral de la entidad; y Lalo Gattás, de Ciudad Victoria, estratégica por ser la capital del estado.

El nuevo Fiscal también se lanzó contra una figura clave de Morena: la diputada tampiqueña Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina en segundo grado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ser familiar del señor de Palacio Nacional, la legisladora local se convirtió en blanco para desprestigiar el lopezobradorismo.

Incluso, cuando llegaron los virulentos ataques, unas grabaciones telefónicas en las que, aparentemente, se escuchaba su voz pidiendo un ‘moche’, se volvió noticia nacional por su parentesco.

Las cosas fueron más allá: el Fiscal pidió el desafuero de Úrsula Salazar Mojica. Como el PAN no contaba con el voto de las dos terceras partes del Congreso del Estado para proceder, la diputada local morenista se mantuvo como integrante del Poder Legislativo y como coordinadora del Grupo Parlamentario del partido guinda.

Ante esa situación, retador y bravucón, Ramírez Castañeda declaró que ‘a cada santo le llega su día’ y si había necesidad de esperarla, la iba a esperar a que dejara de ser legisladora para proceder penalmente en contra de la tampiqueña.

Algo similar dijo el fiscal cabecista sobre el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, cuando el hijo de Maki Ortiz se tituló en una maestría en Estados Unidos. ‘Lo estamos esperando’, comentó a la prensa, en referencia a la orden de aprehensión que tenía en su contra el joven presidente municipal fronterizo.

Este fiscal también participó en el complot para destituir a Carlos Peña de la alcaldía por medio de Luis Alejandro Espino Acosta, hijo del auditor superior del estado Jorge Espino Ascanio, quien fue grabado prometiendo la entrega de 5 millones de pesos a regidores integrantes del Cabildo de Reynosa. El caso fue un escándalo.

La realidad fue esa: Raúl Ramírez Castañeda no fue un fiscal imparcial, ni autónomo. Fue un obediente empleado del exgobernador Cabeza de Vaca. Un subordinado cuya tarea era perseguir jurídica y políticamente a algunos de los liderazgos de Morena en Tamaulipas con el objetivo de que la 4T no ganara la gubernatura.

Sin embargo, el plan cabecista no funcionó: Morena y sus aliados ganaron en las urnas y, de paso, en los tribunales, la gubernatura tamaulipeca con el doctor Américo Villarreal Anaya.

Ahora, por medio de un oficio del Fiscal General de Justicia del Estado, Irving Barrios, se sabe que Raúl Ramírez Castañeda reprobó los exámenes de control y confianza aplicados por el Centro Nacional de Inteligencia que dirige el general Audomaro Martínez.

Así es: Ramírez Castañeda fue reprobado, no pasó el examen, no es competente. No puede continuar al frente de la Fiscalía Anticorrupción.

Uno de los requisitos para ser Fiscal Especializado, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en su artículo 24, fracción siete, es ‘acreditar las evaluaciones de control previstas en la legislación aplicable’.

Ese oficio de Irving Barrios fue enviado al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado local panista Félix García Aguiar.

Por tanto, tras convocatoria pública y el registro de propuestas, el Congreso del Estado avalará a un nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

Con este documento, suscrito por Irving Barrios y dirigido a Félix García Aguiar, ‘El Moyo’, llega a su fin, de manera oficial, la persecución emprendida por Cabeza de Vaca en contra de los liderazgos morenistas, una época oscura en materia política en Tamaulipas.

La familia que manipuló a la senadora Covarrubias

El virtual secuestro que sufrió la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes por parte de José Luis Mederos, exsecretario de finanzas del comité estatal de Morena, y que fue relatado ayer en esta columna, tiene más aristas.

Una de ellas es el rol que jugó la esposa de Mederos en la trama. Resulta que Leticia Figueroa -al parecer con carta poder en mano- cobraba las subvenciones a las que tenía derecho la senadora Lupita Covarrubias.

Estas subvenciones se refieren a los gastos legislativos, como pueden ser los viáticos o mantenimiento de casas de gestoría.

Es decir, la senadora era completamente manipulada por una familia que, por lo visto, aprovechó al máximo las circunstancias personales y de salud de la profesora. Fue un descarado abuso.

Ahora, José Luis Mederos tiene un problema serio: si la nueva dirigencia morenista tamaulipeca decide investigar las finanzas de la pasada gestión partidista, es seguro que se tope con una empresa fachada que, entre los fundadores de la 4T en la zona sur, es conocida como ‘El Monasterio’.

Esa empresa sirvió para atender, con precios inflados, los servicios que requerían los eventos del partido guinda en Tampico y que se realizaban en un conocido salón ubicado en la prolongación de la Avenida Hidalgo.

Cosa aparte es el complejo tema de los 10 millones de pesos que recibió de un despacho de abogados de Monterrey y que, supuestamente, iba a canalizar a la campaña morenista.

Y para cerrar

Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la carta bajo la manga de la 4T para ser el candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Hijo del célebre Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del mítico general Lázaro Cárdenas, el exgobernador de Michoacán comienza a ser perfilado para ir con todo por el cargo que ganó su padre en las urnas en 1997.

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