Catalejos
Opinión por Miguel Domínguez Flores
Los tiempos se han ido acortando y la próxima semana -si no ocurre nada extraño- la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionará para validar la elección de Tamaulipas y confirmar el triunfo de Américo Villarreal Anaya.
Mañana abordará 11 de los expedientes que tiene en sus manos referentes a los distritos electorales donde el PAN impugnó los resultados, y dejará para el final, el debate y votación del recurso de inconformidad contra el cómputo estatal que solicita la anulación de la elección.
Entre las impugnaciones que revisará este miércoles está la del famoso distrito 13, a donde los abogados de Acción Nacional han apuntado buena parte de sus baterías. Argumentan que ahí hubo violaciones graves al orden durante la jornada electoral, y una intromisión del crimen organizado que influyó en los resultados finales.
Es probable, como se ha dicho desde que se conoció la denuncia panista, que los magistrados de la Sala Superior consideren que en efecto hubo irregularidades en esa región de la entidad. En ese caso, podrían determinar la anulación de los votos obtenidos por ambos candidatos en los municipios del distrito donde pudiera acreditarse la evidente influencia de grupos externos.
En lo particular se insiste en los incidentes documentados en Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos y San Nicolás, que en total aportaron poco menos de 18 mil votos para Américo Villarreal. Si se cumpliera ese escenario, en efecto se reduciría la diferencia entre el primer y el segundo lugar pero la distancia seguiría siendo abrumadora. Justo así actuó la Sala Superior en la elección del 2021 en Michoacán, donde también se denunció con insistencia la presunta intromisión de grupos delictivos, por lo que se pedía la nulidad.
Al final, los magistrados -los mismos que la próxima semana verán el caso Tamaulipas- anularon la votación en los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho. Es decir, reconocieron que hubo violencia, pero ésta focalizada y no generalizada.
El problema para el PAN es que la ley deja muy poco margen a los magistrados para la interpretación y la nulidad solo puede darse en un caso en que se acrediten plenamente hechos irregulares generalizados (es decir, en todo el estado) y que la afectación sea considerada determinante para los resultados de una elección, lo cual parece muy complicado de comprobar en una elección con casi 90,000 votos de diferencia entre el ganador y el segundo lugar.
Esa es la razón por la que en la historia moderna de la democracia mexicana, son contados los casos de nulidad de elecciones estatales, apenas tres: dos en Colima y uno en Tabasco (en los 3, por cierto, había diferencias mínimas entre los primeros lugares y el resultado se mantuvo aún después de la contienda extraordinaria). Porque en el fondo, el espíritu de la legislación electoral que utilizarán los magistrados para su fallo, radica en la protección de la voluntad popular que ya se expresó en las urnas.
