Buscan a mandos militares y policías involucrados en caso Ayotzinapa

Crédito: Cuartoscuro

Redacción Pie de Página

A un día de la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien condujo la investigación por el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) indaga la localización de mandos militares, personal de tropa y policías involucrados en la desaparición.

La Fiscalía libró 83 órdenes de aprehensión contra soldados adscritos a la ciudad de Iguala, Guerrero, así como hacia autoridades administrativas y judiciales, policías municipales y del estado. Según información de su cuenta oficial de Twitter, también se liberaron órdenes de captura de 14 integrantes del grupo “Guerreros Unidos” presuntos responsables de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de “Raúl Isidro Burgos”.

Detención de Murillo Karam

Murillo Karam fue detenido a las 15:30 horas de este viernes en su casa de la Ciudad de México, según la información oficial. En el operativo también participó La Marina. Se trata del funcionario de más alto nivel detenido por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre e 2014, en Iguala, Guerrero.

En un comunicado de tres párrafos, la Fiscalía informó que cumplió la orden de aprehensión otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, «en contra de Jesús “M”, quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa«.

«La diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona, sin ningún problema; ya que la misma colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo», dice el comunicado.

El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes; y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de captura señalada».

Apenas este jueves 18, el gobierno mexicano había informado a los padres de los estudiantes los avances de la investigación en el caso, con la conclusión de que se trató de un crimen de Estado y de que ya no se busca a los jóvenes con vida.

De acuerdo con las autoridades, Murillo Karam sería uno de 33 exfuncionarios públicos implicados en la alteración de hechos y circunstancias de la investigación. Además, derivado de los actos de tortura cometidos durante el proceso, 77 de las personas que habían sido detenidas fueron liberadas por diversos jueces.

Murillo Karam también forma parte de las investigaciones realizadas por la FGR por la contratación de un software israelí de espionaje en el caso Pegasus. 

La verdad histórica

Murillo Karam fue procurador general de la República entre 2012 y 2015, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y responsable de la investigación por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Como Procurador, sostuvo que la investigación que condujo había llegado a la “verdad histórica” sobre lo ocurrido con los estudiantes.

El 27 de enero de 2015, Murillo Karam, aseguró tener la “verdad histórica” de lo ocurrido con los normalistas desaparecidos. En conferencia de prensa, el procurador aseguró que los estudiantes “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en el basurero de Cocula.

Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, aseguró el entonces procurador general.

Según su versión, el grupo delincuencial Guerreros Unidos, secuestró y ordenó el asesinato de los estudiantes en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Pero la versión fue cuestionada por los padres de los estudiantes y las organizaciones que los acompañan, y fienalmente fue derrumbada por el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que realizó un trabajo exhaustivo en México.

Este jueves, tras la reunión que tuvieron los padres con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, fue contundente: se trató de un Crimen de Estado.

La llamada Verdad Histórica del gobierno de Peña Nieto es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes”, dijo Encinas.

El informe especial presentado por Encinas señala a otros exfuncionarios implicados en la construcción de la verdad histórica: El exsubprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el exencargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el ex titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomas Zerón, prófugo en Israel.

Órdenes de aprehensión contra militares y policías

Por la noche, la FGR, informó que de las 83 órdenes de aprehensión, 20 son contra jefes militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala. Otras cinco son hacia autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; además de 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Coculay 11 contra policías estatales.

También se detalló la búsqueda de 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia, informó la FGR.

PRI acusa persecución; cautela de padres y madres

Un par de horas después la detención, el Partido Revolucionario Institucional fijó su posición:

“La detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos. Hoy al Gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador, mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode. Nuestro respaldo absoluto con él. No nos quedaremos callados ante un Gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores”, dijo el PRI a través de su cuenta oficial de twitter.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), que ha acompañado la lucha de padres y madres de los estudiantes por la justicia, emitió un mensaje cerca de la medianoche en el que señala que «de ser sólido y apegado a derecho, el proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de una versión sin sustento, construida con torturas, que tanto daño hizo a las familias de los normalistas».

A los padres y madres, «no los mueve la venganza ni la animadversión personal contra nadie», dice el comunicado, «sino la esperanza de que se sepa la verdad y que ello contribuya a que hechos similares no se repitan».

Sin embargo, también aclaran que, dada la complejidad de la información que se ha proporcionado y en vista de aún no conocen los detalles de la acusación, esperarán unos días a reunirse y dar a conocer una postura.

En este link puedes consultar la publicación original de Pie de Página, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

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