Una agenda ciudadana por la paz, justicia, seguridad y democracia. I

El presidente electo en la reunión con víctimas de la violencia realizada en septiembre de 2018. Crédito: Cuartoscuro

Poder y derechos humanos

Opinión por Michael W. Chamberlin

Mientras nos desgastamos en discusiones sobre quién es malo y quién es peor, lo cierto es que el deterioro del estado de derecho en el país ha llegado a un momento crítico y peligroso para el futuro de México. Los partidos políticos están avasallados y nos toca ahora a los ciudadanos construir una agenda de acuerdos mínimos que nos saque de esta crisis sin precedente.

No es lo mismo tener un Estado autoritario como el que vivimos en México en el siglo pasado, a vivir la ausencia del Estado. Esto es lo que se vive en muchas partes del país como un cáncer que se ha desarrollado a partir de “la guerra contra el narco” de Felipe Calderón. Como sabemos esta guerra no ha hecho más que arrojar víctimas de ejecuciones, feminicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, trata de personas, entre muchos otros, cuyos números son sólo equiparables con los de una guerra civil. Las otras víctimas son la verdad, la justicia y el estado de derecho. Dicho de otra manera, es la derrota del Estado mexicano.

Lejos de acabar con los grupos criminales, estos se han multiplicado y junto con ellos sus empresas ilegales al grado de controlar territorios y cada vez más ciudades por medio de la extorsión y el control de mercados lícitos e ilícitos. Al hacerlo han desplazado las leyes y han impuesto las suyas por medio de la cooptación o la sumisión de las autoridades. En los hechos, los grupos criminales han devenido también en actores políticos que inciden en las candidaturas y posteriormente en el ejercicio de gobierno.

Dos condiciones han sido fundamentales para la expansión y poderío de estos grupos: la corrupción y la impunidad. La primera ha permitido que estos grupos mafiosos operen como redes de macro criminalidad, compuestos por autoridades y empresarios, además de los ejércitos privados que suelen tener más visibilidad y en el mejor de los casos, sólo estos son los perseguidos. Detrás de las capturas como las de El Chapo o Caro Quintero hay empresas criminales que permanecen intocadas. La impunidad que, como sabemos está por encima del 90%, es siempre una invitación a volverlo a hacer.

Las estrategias gubernamentales contra el crimen, como ya hemos advertido en otras entregas y como lo señaló el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en su informe de visita a México, son insuficientes y equivocadas. En materia de seguridad, se privilegia la militarización (que, en el mejor de los casos, puede disuadir y en el peor matar), pero que no tocará nunca las redes criminales que siguen operando porque esas no están en las calles o las carreteras. Los que operan allí son para esos grupos, personas desechables y reemplazables. Se carece de programas de atención integral a las víctimas y a las comunidades, enfocadas a reestablecer derechos y reconstruir el tejido social, la única respuesta gubernamental es dar apoyos y becas como incentivos para que los jóvenes se alejen de las bandas criminales.

El combate a la corrupción se ha limitado a la directriz de dar ejemplo de honestidad y está muy lejos de contemplar estrategias de desmantelamiento de lo que alguna vez el presidente llamó “la mafia del poder”, más aún de las estructuras de corrupción que operan todos los días por puertos, aduanas, carreteras, bancos, inmobiliarias, o servicios estatales y municipales.

A casi 15 años de “la guerra contra el narco” ningún partido político se ha pronunciado por los miles de víctimas en México, incluyendo a sus propios correligionarios asesinados, ni ha mostrado un plan serio para atajar la violencia y la crisis de estado de derecho. El tema está fuera de sus campañas políticas llenas de frases vacías en tik tok o Instagram. La política también está degradada. El país es un camión que se dirige a un precipicio y los políticos se pelean para ver quién va hasta adelante.

Las elecciones del 2018 no trajeron la esperanza incubada en muchos por la paz y la justicia, y el panorama hacia el futuro no se ve que tenga esperanza alguna en la oposición. Hoy toca a la sociedad civil activar su derecho a participar y retomar en sus manos rescatar el país. No es una tarea de iluminados o mesías, es una labor de todas y todos los sin-partido, los que estamos siendo interpelados porque este país sea viable en democracia, sobre la base de la evidencia y de los derechos humanos de todas, de todos y de todes.

Una agenda de mínimos que permita estar por encima de la polarización de la que la sociedad civil también es presa, considero que debe incluir tres puntos: seguridad, justicia y democracia.

En la próxima entrega trataré por qué a las demandas de seguridad y justicia es necesario agregarle la revisión de nuestra democracia como condición para la paz.

Michael W. Chamberlin. Defensor de derechos humanos, interesado desde joven en las causas sociales por una realidad más justa. Acompañante de víctimas, compañero en procesos organizativos. Padre orgulloso, amante dedicado, humano errante.

*Esta nota fue realizada para Rompeviento TV, medio aliado de Elefante Blanco. Aquí puedes leer la original.

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