La Fe, el Narco y los Balazos

Crédito: Raúl Fernando / Raíchali

Opinión por Guadalupe Correa-Cabrera

¿Quién asesinó al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993? En poco más de 28 años no se ha podido determinar si el homicidio fue premeditado o si, como lo aseguraron algunos investigadores en ese tiempo, resultó de una confusión en el marco de un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. No sabemos a ciencia cierta si al Cardenal lo confundieron con Joaquín (“El Chapo”) Guzmán o si alguien lo mandó matar por alguna razón o con una intención específica. Tampoco se sabe si lo mataron por denunciar al narcotráfico o si su muerte la utilizaron como móvil para tramar algo muchos más perverso—como aseguran algunos acusados de esbozar “teorías conspirativas” culpando a la mafia internacional del capital o al gobierno de Estados Unidos.

Lo que sí sabemos es que dicho evento marcó un parteaguas en la lucha contra la delincuencia organizada, por lo menos en discurso, poniendo como centro a la relación entre Iglesia y “narco”. Es posible también confirmar la cobertura de la prensa internacional y de algunos políticos, comentócratas y analistas de gran prestigio (en su gran mayoría extranjeros, o más bien estadounidenses), quienes parecían deseosos de que el gobierno mexicano tomara cartas en el asunto, de una vez por todas, con respecto al narcotráfico.

Ellos parecían creer que lo sucedido cimbraría a un pueblo mexicano católico en su mayoría, fanatizado y guiado primeramente por su religión. Asimismo, se percibía que algunos estadounidenses interesados en asuntos de México pensaban que el asesinato de Posadas Ocampo lograría que finalmente los fieles mexicanos presionaran a su gobierno para colaborar de forma muy cercana con su vecino en su sangrienta guerra contra las drogas—que, dicho sea de paso, ya había hecho mucho daño a otros países como Colombia.

La muerte de Posadas Ocampo fue ciertamente un evento que cimbró a la sociedad mexicana, pero que no logró generar un compromiso directo por parte de México para con la estrategia de prohibición de drogas estadounidense que se concentraría en la frontera y en todas las organizaciones dedicadas al negocio de los estupefacientes. Se percibe entonces una insistencia retórica en ese evento que no llegó a materializarse en ninguna acción contundente ni concreta contra el “narco” en más de una década. No fue sino hasta que llegó un segundo panista a la presidencia de México en medio de serios alegatos de fraude electoral—que casi le impiden asumir el cargo—que el narco se asume como el “enemigo número uno” de México. Así, nuestro incipiente gobierno declararía su propia “guerra contra el narco” para beneplácito de los Estados Unidos.

En este contexto, el entonces presidente, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, operaría una estrategia de seguridad no convencional que incluiría de forma central a las fuerzas armadas. Dicha estrategia—avalada y apoyada incluso financieramente por Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida—bañaría de sangre al país, provocando un conflicto armado de terribles consecuencias, que por sus características básicas y las dinámicas propias de una militarización dirigida hacia grupos fuertemente armados no ha podido hasta la fecha detenerse, sino todo lo contrario. Hoy el conservador y devoto expresidente, critica férreamente—“en nombre de Dios” pareciera—la estrategia de seguridad del actual gobierno, alegando que él si combatió efectivamente al “narco” y que “la seguridad y el Estado de Derecho [sí fueron su] prioridad”.

Nada podría estar más alejado de la realidad, considerando los pésimos resultados y reproducción de la violencia de su estrategia, pero sobre todo los alegados vínculos de colaboradores cercanísimos con las propias organizaciones criminales—sobre todo de aquellos encargados de la estrategia de seguridad. De hecho, quien fuera su mano derecha, el hombre fuerte en temas de seguridad, Genaro García Luna, se encuentra en Nueva York esperando un juicio por presuntos vínculos directos y recepción de sobornos por parte del Cartel de Sinaloa.

El cinismo de Calderón y su crítica a la estrategia de seguridad de actual gobierno es, sin lugar a dudas, aberrante. Asimismo, su llamado a terminar con la estrategia de “abrazos” para regresar a los “balazos” parecería no estar del todo alejado del discurso faccioso y nada constructivo de la oposición política al actual gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T) y de algunos actores extranjeros. Con respecto a estos últimos, podríamos pensar en el papel de las agencias de seguridad estadounidenses, tanques de pensamiento (think tanks) y medios de comunicación. Sus acciones parecen haber beneficiado a actores corporativos de su país en el marco de una atroz estrategia militar dirigida a destruirlo todo. Se utilizaron los balazos y las armas, y finalmente se benefició al gran capital (financiero, energético y al complejo fronterizo militar industrial) bajo el auspicio de la Iniciativa Mérida.

Las acusaciones de Calderón y esa añoranza por el pasado se replican por parte de las voces opositoras, muchas de ellas apoyadas por empresarios que perdieron sus privilegios y ONGs vinculadas a estos—quienes además reciben recursos financieros del gobierno estadounidense y grandes organizaciones filantrocapitalistas. Es en este contexto que se suman hoy a las voces políticas opositoras, comunidades eclesiales de diversas denominaciones religiosas. Así, se vuelve a poner en el centro de la discusión, el discurso público y la cobertura de parte de la prensa nacional e internacional, el tema del “narco y la Iglesia”.

Derivado del trágico asesinato en junio pasado de los sacerdotes jesuitas Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales por un presunto pistolero del Cártel de Sinaloa, en Cerocahui, municipio de Urique, en Chihuahua, así como de otros incidentes que ponen en jaque a iglesias de diversas denominaciones quienes reciben supuestamente amenazas o extorsiones por parte de grupos del narcotráfico, se recrudece la crítica hacia el gobierno de AMLO—ahora con un matiz religioso. Representantes de iglesias, creyentes y familiares de desaparecidos (estos últimos parecieran muy ligados a la agenda filantrocapitalista) cuestionan la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” del actual gobierno de México y vuelven a poner al “narco” en el centro de la discusión.

Sin desestimar la violencia real que reina en el país, ni poner en duda las denuncias de víctimas reales de delincuencia organizada, llama la atención la generalización que se hace de los casos, la falta de información y detalles de los incidentes perpetrados supuestamente por el narco (en particular antecedentes de víctimas de desaparición forzada), y la insistencia de algunos actores extranjeros en el tema de la fe, es decir, en el supuesto fanatismo de los fieles católicos mexicanos. Estos últimos resultarían fuertemente desilusionados de un gobierno que no protege a las iglesias y así podrían pedir un retorno a los “balazos” y a la colaboración extrema con Estados Unidos en los términos de aquel país como en el pasado—como en el sexenio de Felipe Calderón.

Así, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, otros grupos religiosos como las denominadas (y no muy conocidas hasta hacía poco) Iglesias por la Paz, así como otros grupos anglicanos, presbiterianos y católicos llaman a una movilización por la paz, esbozando una crítica fundamental a la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. Todo esto parece ir en sintonía con las acciones de los grupos opositores nacionales, así como de políticos, analistas y medios de comunicación estadounidenses.

La violencia y los homicidios no son una invención y la petición no parece descabellada. Sin embargo, quedan—como en el caso del asesinato del Cardenal Posadas Ocampo—varias preguntas clave sin responder hasta la fecha. ¿Estamos hablando de narcotráfico y de una estrategia generalizada del crimen organizado contra las iglesias mexicanas? O, como aseguran algunos, ¿nos estaríamos refiriendo a una estrategia desestabilizadora a través de la utilización política de la violencia real y un enfoque faccioso en el tema de la fe?

Es interesante comprender el enfoque de algunos críticos y medios de comunicación estadounidenses y entender cómo ven—quizás de forma torcida—determinados extranjeros al pueblo mexicano. Desde 1993 parecían algunos creer que el homicidio de un alto jerarca eclesial mexicano podría haber puesto a un pueblo católico y fanatizado en contra del narco. Llama la atención también cómo algunos políticos estadounidenses han utilizado las imágenes religiosas, en especial las de la Virgen de Guadalupe, para acercarse al pueblo de México. Recientemente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, compartió en redes sociales que previo a viajar a Los Ángeles para la “desangelada” Novena Cumbre de las Américas visitó la Basílica de Guadalupe y le rogó a la Virgen por “una nueva era transformadora” para el continente.

Estos personajes parecieran no entender bien los temas religiosos ni la fe asumida históricamente por el pueblo de México. Pensándonos fanáticos y fieles a las iglesias impuestas por la Conquista, parecieran dispuestos a manipular un discurso basado en una noción colonial. Pero en fin, sin alimentar especulaciones con relación a móviles, estrategias políticas o diplomáticas, ni a quién o quiénes se benefician de la violencia del narco, es preciso investigar formalmente todos y cada uno de los incidentes que implican ataques a las iglesias de México.

¿Quiénes los están perpetrando efectivamente? ¿Será en realidad el narco? ¿Cuál será el papel del consumo de drogas en la ejecución de estos crímenes atroces contra mexicanos? ¿Serán los grandes carteles regionales como el CJNG o el Cartel de Sinaloa los culpables? ¿O más bien estaremos hablando de grupos criminales locales, impostores o de grupos paramilitares? Es preciso identificar a los culpables y combatir efectivamente a aquellos quienes atentan contra la paz y la estabilidad del país. Es necesario defender la vida de los mexicanos y detener a quienes utilizan como vehículo de terror y manipulación los supuestos ataques contra la fe y las iglesias en México.

Nota: Hablando de las iglesias y el narco, es muy importante se investigue también con muchísimo cuidado y profesionalismo el caso de la Familia Lebarón (supuestamente vinculada con el Cartel de Sinaloa de acuerdo con diversos testimonios). Ellos demandan recientemente en Estados Unidos al Cartel del Juárez por presuntamente asesinar a integrantes de su familia—nueve mujeres y niños en Bavispe, Sonora. Hace algunos días, un juez federal de Dakota del Norte ordenó el pago de mil 500 millones de dólares a la familia LeBarón por parte de este grupo delincuencial. El nuevo libro de Sally Denton, The Colony: Faith and Blood in a Promised Land (La Colonia: Fe y Sangre en una Tierra Prometida) reporta sobre supuestos casos de abuso sexual infantil en la comunidad, así como su vinculación con casos de trata de personas, misoginia, fanatismo religioso, crímenes entre familiares; también señala a los Lebarón como colaboradores del Cartel de Sinaloa. Toda esta trama es escalofriante.

Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora Asociada en la Universidad de George Mason (Virginia, EEUU) y se encuentra afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice. Es autora del libro Los Zetas Inc. (Editorial Planeta, 2018).

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