Carlos Manuel Juárez
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá una controversia constitucional promovida por el ayuntamiento de Ciudad Madero contra el crédito por 4,600 millones de pesos solicitado por el gobierno de Tamaulipas en 2020.
El asunto que reclama el alcalde Adrián Oseguera Kernion es la invalidez del decreto LXIV-92 emitido por la LXIV Legislatura para que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca contratara un préstamo y comprometiera un porcentaje de las participaciones federales para pagarlo.
El proyecto de resolución de la legal fue enlistadao para la sesión de mañana miércoles 6 de julio y está a cargo del ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El caso también involucra el trabajo del Congreso de Tamaulipas, entonces con amplia mayoría panista, que aprobó la petición del titular del Poder Ejecutivo estatal.
El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de abril de 202 establece las posibilidades para contratar el crédito y las formas de pagarlo con un plazo máximo de 20 años a partir de la firma de los documentos o la primera disposición de los recursos económicos.
De acuerdo con la justificación entregada por el gobierno estatal, el dinero sería destinado a los siguiente rubros:
El artículo quinto del decreto concentra la razón de la impugnación:
Para efectos de claridad, mediante la presente autorización, se ratifica la afectación del 4% (cuatro por ciento) del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones al que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, que fue autorizado previamente para ser afectados al patrimonio del Fideicomiso Público, Sin Estructura, Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. F/1231 de fecha 3 de abril de 2020, mediante el Decreto No. LXIII – 1019, en total se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, la afectación de hasta el 8.50% (ocho punto cincuenta por ciento) de las participaciones que en ingresos federales corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las participaciones que de dicho fondo corresponden a los Municipios, e incluyendo aquellos fondos que en el futuro sustituyan, modifiquen o complementen al Fondo General de Participaciones como fuente de pago del financiamiento, que se contraten con fundamento en el presente Decreto.
Además, el Congreso aprobó que la Secretaría de Finanzas realizara “las contrataciones que resulten necesarias para el diseño, estructuración e instrumentación de las operaciones que se autorizan en el presente Decreto, así como realizar las erogaciones correspondientes a la contratación de instrumentos derivados, calificadoras, fiduciarios, notarios, proveedores de precios, asesores y, en general, cualquier erogación relacionada con el diseño, estructuración y/o instrumentación de las operaciones a que se refiere el presente Decreto”.
La acción legal que resolverá la Corte data de la etapa en que el alcalde Adrián Oseguera estaba enfrentado con el mandatario Cabeza de Vaca. En el momento de solicitar el préstamos los municipios de Matamoros y Ciudad Madero interpusieron controversias, aunque esta última la llevó hasta la última instancia.
Meses después de ingresar el reclamo a la SCJN, Francisco García comenzó a aparecer junto a Oseguera Kernion en giras semanas por el territorio maderense. El hecho ha sido motivo para que el presidente municipal sea acusado de traicionar a su partido Morena, señalamiento vinculado a las posturas de las y los legisladores locales que integran su grupo político y han votado iniciativas del PAN.
