Lozoya, el lawfare y la Fiscalía inservible

El fiscal Gertz y el senador Osorio Chong. Crédito: Comunicación Senado

Opinión por Guadalupe Correa-Cabrera

Analizando el estado actual de las cosas en la Fiscalía General de la República (FGR), recuerdo el caso del “fiscal carnal” y la gran campaña para construir una “Fiscalía que sirva” en los últimos años de la administración de Enrique Peña Nieto. Dichas acciones parecían formar parte de una estrategia bien coordinada que apoyaban organizaciones de la “sociedad civil” financiadas generosamente por actores internacionales y reconocidas estructuras filantrocapitalistas como la Open Society Foundations. Esta campaña—organizada y dirigida por grupos de interés de gran relevancia a nivel internacional—se verifica en los contenidos de las páginas de la Oficina de Washington para América Latina, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundación para el Debido Proceso, México Evalúa e Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre otras organizaciones que reciben apoyos comunes (véase https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/2016-Fiscalia_General_sirva-Boletin.pdf).

Parecería ser que uno de los objetivos de este esfuerzo por parte de la sociedad civil privilegiada y directamente relacionada con actores extranjeros era la intromisión de intereses privados en la procuración de justicia en México. La idea parecía fundamentalmente buena, pero daría el control de la Fiscalía a actores privados con intereses específicos, quienes podrían utilizar el denominado lawfare—o uso faccioso o indebido de los procedimientos legales para avanzar sus agendas como se hace en otros países. En esos años, el concepto de “sociedad civil” y algunas de las organizaciones antes mencionadas gozaban de reputación intachable. Sin embargo, su situación cambia en la presente administración al conocerse mejor sus objetivos y fuentes de financiamiento.

Para desilusión de la “sociedad civil” privilegiada, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el surgimiento de la 4T, se crea la FGR y se coloca al frente de la misma a Alejandro Gertz Manero, un “viejo lobo de mar” que había desempeñado puestos claves en administraciones pasadas pero que ahora parecía ser “carnal” del presidente. El desempeño de Alejandro Gertz como fiscal general de la República ha dejado muchísimo qué desear. No puedo pensar en otro funcionario de este nivel ahora mismo en la administración pública federal tan desprestigiado y vilipendiado como él. Incluso en este mismo espacio platicamos a detalle de su pobrísimo desempeño. A Gertz Manero parecen no quererlo muchos de los que ahora forman parte de su propio equipo político. Y se lo ha ganado a pulso, considerando la ineficiencia de la institución que representa, la lentitud de su actuación, aparentes conflictos de interés y procuración selectiva de la justicia, entre otras faltas éticas.

Parece conveniente para la oposición y para grupos de interés extranjeros—deseosos de intervenir en asuntos internos—alimentar la idea de que en México la Fiscalía “No Sirve”. Y, en efecto, parece no servir de mucho, no obstante el reconocimiento y la confianza expresada en múltiples ocasiones por el presidente. Varios escándalos y una operación aparentemente coordinada y operada por actores opositores han puesto en jaque la imagen del fiscal y la institución que encabeza. Desde acusaciones de plagio, hasta escandalosos asuntos familiares y filtraciones de llamadas telefónicas que exhiben posibles conflictos de interés y quizás hasta abuso de autoridad, han empañado en lo general el papel de la Fiscalía mexicana en la actualidad.

Y en este penoso espectáculo aprovechado por aquellos que no desean que el país avance y que mezquinamente intentan torpedear todas y cada una de las acciones del Gobierno de la 4T, se filtran ahora grabaciones que dejan muy mal parado a un fiscal que parece “no dar el ancho”. En el que es quizás el caso más relevante que ha involucrado a la FGR en el presente sexenio, parece perderse la oportunidad de hacer justicia. Hablamos del caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y el presunto atraco a la nación que el exfuncionario operó desde el liderazgo de la paraestatal—y que consistió en sobornos supuestamente recibidos de Odebrecht y operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho por el caso Agronitrogenados.

Al fiscal se le ha señalado por abuso de autoridad; otros lo han acusado incluso de asociación delictuosa. En días pasados se filtraron en redes sociales supuestas conversaciones telefónicas entre el fiscal general de la República y Emilio Lozoya Thalmann, padre del acusado, “sobre negociaciones realizadas para allanarle el camino a éste en los procesos penales que enfrenta.” También se filtró otro audio que “exhibe una presunta extorsión a dos empresarios para conseguir un cheque por 2 mil millones de pesos que Gertz entregó al presidente López Obrador como recuperación de dinero derivada del combate a la corrupción” (Revista Proceso por Diana Lastiri, 26 de junio). Algunos especulan sobre la existencia de más audios que incriminarían a Gertz Manero, quien se encuentra al frente de una Fiscalía que parece “no servir” a todas luces.

No obstante lo anterior, y los múltiples problemas que hemos señalado en este espacio, pareciera ser que una de las partes centrales de la estrategia por parte del bloque opositor, apoyado en buena medida por actores externos, es el asalto a la FGR y una acción concertada para desprestigiar al actor que la encabeza. Aunque dicho actor no se ayuda a sí mismo por su pobre desempeño, es preciso reconocer las acciones de aquellos a quienes interesa que la Fiscalía “no sirva”, por así convenir a sus intereses y no a los de México. Más allá de las múltiples críticas que podamos esbozar contra Gertz y su papel al frente de la FGR, nos conviene contar con “una Fiscalía que realmente sirva”.

Por otro lado, no hay que perdernos en los detalles de lo que pareciera una estrategia opositora para dinamitar un proyecto de Gobierno. Las recientes acusaciones contra el fiscal y filtraciones de audios desvían la atención de los temas realmente relevantes. Las negociaciones con Lozoya Thalmann eran evidentes y el objetivo era acumular evidencia de un caso aún más grande que revelaría la existencia de una red de intereses corruptos y de sobornos generalizados que desembocaron en un atraco masivo a la nación con una aprobación fast-track de una reforma que benefició grandes intereses corporativos en el sector energético, en su mayoría transnacionales, en perjuicio del pueblo mexicano.

Sin intentar defender al fiscal (acusado de “carnal”), debemos reconocer que ese tipo de negociaciones constituyen un práctica común en los sistemas judiciales de varios países. Si no, hay que preguntarles a los estadounidenses, cuya procuración de justicia se basa en un sistema de acuerdos tras bambalinas. Seria interesante, por ejemplo, que se filtraran los audios de los intentos de negociación de miembros del Departamento de Justicia estadounidense con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. ¿Qué quieren los estadounidenses que no se sepa y por qué pareciera que quieren evitar un juicio a como dé lugar?

Es realmente penosa y lenta la actuación de la FGR en el caso Lozoya, principalmente porque hasta ahora no vemos avances sustanciales en un asunto de corrupción sin precedentes que significó una gran perdida de soberanía y un enorme atraco a México. No se puede entender cómo participó en esto un solo hombre lavando dinero con ayuda de su familia. Comprendiendo bien la magnitud del saqueo y la complejidad de las operaciones para lograrlo, es inverosímil creer que Lozoya actuó en solitario.

¿Por qué no se les sigue la pista a los colaboradores más cercanos del exdirector de Pemex—por ejemplo a Froylán Gracia Galicia y a Arturo Francisco Henríquez Autrey, quienes fueron denunciados ampliamente por la prensa y por actores que aparentemente saben del caso. ¿Qué habrá negociado la Fiscalía con los implicados? ¿Cuál había sido la responsabilidad de otros políticos y legisladores? ¿Habrá realmente pruebas de sobornos generalizados en la aprobación de la reforma energética del 2013 que permita tomar acciones contundentes y hasta quizás revertir procesos legislativos que se antojan muy complicados?

No perdamos el enfoque en lo verdaderamente importante. Emilio Lozoya Austin parece haber robado demasiado en un sexenio que se caracterizó por sus prácticas corruptas, sus excesos y la venta de recursos estratégicos del país a extranjeros. Lo que más necesita México es una Fiscalía “que realmente sirva” y que sirva para los mexicanos; es preciso se haga justicia realmente. Son muchos los temas no resueltos.

El asalto a la Fiscalía perpetrado por opositores mezquinos e intereses empresariales parece justificarse y hasta reafirmarse por la imagen desprestigiada de un fiscal que ya no le sirve a México. México necesita una Fiscalía que sirva y un “fiscal de hierro”. De otra manera le daremos la razón a los grupos de interés que buscaban y buscan apoderarse del sistema de procuración de justicia y restar soberanía al país a través las “guerras judiciales” o “guerras jurídicas” que se conocen en diferentes contextos como lawfare y que se han convertido en armas efectivas de poderosos grupos o de grandes capitales.

Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora Asociada en la Universidad de George Mason (Virginia, EEUU) y se encuentra afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice. Es autora del libro Los Zetas Inc. (Editorial Planeta, 2018).

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