Redacción EB
La telenovela política del primer desafuero de un político en funciones se sigue posponiendo.
El ministro instructor, Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso que queden en lista los proyectos de resolución de las controversias 50/2021 y 70/2021.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya cuenta los proyectos que reconocen la inmunidad penal y declaran ilegal la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
En su análisis, González Alcántara Carrancá concluye que los gobernadores gozan de una “garantía reforzada” en términos de fuero, que nace de la necesidad de protegerlos ante posibles injerencias federales y, al mismo tiempo, garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones locales.
En ese contexto, explica el proyecto, el desafuero de un funcionario local por la comisión de presuntos delitos federales es un proceso “complejo” de dos tiempos; nace con el procedimiento en el Congreso de la Unión que, en efecto, es definitivo, pero solo para dejar firme ese primer paso. Luego, el tema pasa a una segunda fase que corresponde al Congreso local.
“Le corresponde a las legislaturas estatales la decisión final sobre si retirar la inmunidad procesal de los servidores públicos en el ámbito estatal. Es el Congreso local quien evalúa y decide, de manera definitiva, si es procedente remover la inmunidad procesal de la que goza el servidor público mientras ejerce su cargo, en respeto de la soberanía interna de las entidades federativas, pues serán estas las que sufrirán las consecuencias en caso de verse irrumpida la función pública respectiva”, indica el proyecto.
En el caso en concreto, el Congreso de Tamaulipas decidió, en uso de la facultad que le otorga el artículo 111 de la Constitución, no avalar la procedencia de desafuero de García Cabeza de Vaca. Por tanto, mientras ostente el cargo, el actual gobernador sigue gozando de la inmunidad constitucional.