A dos años de su aplicación en EU y sin fin próximo, el Título 42 acrecienta la crisis migratoria

Crédito: Cuartoscuro


Marcela Nochebuena / Animal Político 

El Título 42, una política directamente relacionada con la pandemia de Covid-19 que desde marzo de 2020 permite expulsar de manera expedita a migrantes por supuestamente representar un riesgo para la salud en Estados Unidos, acrecienta la crisis humanitaria migrante. Así lo advierten organizaciones civiles, luego de que un juez federal de Louisiana impidiera que esta medida fuera eliminada, como lo tenía previsto el presidente Joe Biden para el pasado 23 de mayo.

Durante dos años, la implementación del Título 42 ha provocado que miles de migrantes sean devueltos a México. Hasta ahora, se han autorizado más de 1 millón de expulsiones basadas en esta política. De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, en el primer cuatrimestre de este año, 386 mil 434 personas han sido expulsadas mediante el Título 42.

Además, hasta marzo de 2022, Human Rights First documentó al menos 9 mil 886 casos de secuestros, tortura, abusos sexuales y otros ataques violentos en la población detenida o expulsada a México bajo el Título 42, durante la administración de Biden. De acuerdo con la organización, incumplir con las leyes de protección de refugiados como una respuesta a la pandemia de COVID-19 nunca estuvo justificado como medida de salud pública.

“El protocolo de restricción de entrada a Estados Unidos bajo el Título 42 ha acrecentado la crisis humanitaria para las y los migrantes, sobre todo en el norte de México. En primer lugar, bajo este protocolo, los puertos de entrada por tierra en ambas fronteras estadounidenses están cerrados para flujos ‘no esenciales’, cosa que impide que las y los migrantes puedan solicitar refugio en los puertos de entrada oficiales”, reconoce el propio gobierno de México en el número más reciente del informe Contextos. Investigaciones sobre movilidad humana, dedicado en mayo a la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica.

La restricción es usada con más frecuencia con familias provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, que fueron expulsadas en 34% de las veces bajo el Título 42. En el caso de familias de Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Nicaragua o Venezuela, en cambio, esta política se invocó en 4% de las ocasiones. En muchos casos, fueron retornadas a un punto diferente a donde cruzaron, alerta el documento Contextos. Investigaciones sobre movilidad.

Aunque, según las organizaciones, en 2020 por las propias restricciones de movilidad derivadas de la pandemia y las medidas específicas de cada país, se registró una baja en el número de personas migrantes detenidas, el incremento en 2021 fue mucho más notorio y tiene la misma tendencia al alza en 2022. Animal Político publicó el 16 de mayo que actualmente hay un promedio de 860 migrantes detenidos a diario, cifra que, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), supera a los primeros trimestres de 2020 en 158%, de 2019 en 143% y de 2018 en 151%.

“Lo que estamos viendo en México, y desde Centroamérica, es el flujo de muchas personas llegando a la frontera entre México y Estados Unidos con ciertas cosas que no han cambiado, como el Título 42, que supuestamente era una medida ligada a la administración Trump, disfrazada de salud pública pero realmente de contención; seguimos con esa misma medida, y eso se hizo a raíz de la pandemia”, señala Gretchen Kuhner, directora general del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

La tendencia al alza en las detenciones migratorias —apunta— se debe a esta política: “En opinión de epidemiólogos, nunca iba a tener el efecto que supuestamente debía haber tenido. Siempre fue una medida de contención migratoria disfrazada como una política de salud pública. Si no hubo ninguna razón para implementarla desde el principio, ahora muchísimo menos”.

De acuerdo con la organización Ángeles de la Frontera, después de dos años del cierre de la frontera y del uso del Título 42, el derecho a solicitar asilo ha sido completamente negado en la frontera sur de EU, por lo que varias familias han quedado en situación de desamparo en Tijuana, Baja California, y viven en campamentos temporales y albergues sobresaturados.

Por ello, el Programa de Ayuda para Albergues de la asociación apoya a 17 espacios en Tijuana, así como al campamento de El Chaparral, que surgió en el puerto de entrada de PedWest como resultado de las expulsiones del Título 42, al tiempo que insiste en la necesidad de terminar con la implementación de esta política y restaurar el proceso de asilo. A partir de ello, ha alertado sobre las constantes violaciones de derechos humanos que viven los migrantes albergados en Tijuana.

Inicialmente impulsada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) bajo la administración Trump, y pese a la objeción de los especialistas, el gobierno de Biden le ha dado continuidad por razones políticas o de política migratoria. En agosto de 2021, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, volvió a expedir una renovación del Título 42, y de manera subsecuente y reiterada lo ha mantenido, afirma Human Rights First.

Además, precisa que el Título 42 no protege de ninguna manera la salud pública y, de hecho, exacerba la propagación de COVID-19. El argumento sanitario para darle continuidad se ha vuelto injustificado de manera cada vez más evidente, tras la suspensión de otras restricciones de movilidad relacionadas con la pandemia, así como la eliminación del cubrebocas en todas las entidades de EU.

Gretchen Kuhner destaca estas paradojas, especialmente notorias en casos como el del gobernador de Texas, Greg Abbott, que por su postura abiertamente antiinmigrante, aboga por la continuidad del Título 42, mientras en su estado un fuerte movimiento en contra del uso de cubrebocas derivó en la prohibición de implementarlo, en cualquier momento, como medida obligatoria. “Tienes estas contradicciones; obviamente, a él no le preocupa el contagio de COVID, porque nunca se tomaron medidas obligatorias; entonces, por qué le importaría en el caso de los migrantes; es absurdo”, asegura la especialista.

Aunque se tenía previsto que el Título 42 concluyera hace dos semanas, el Imumi alerta que aún hay muchas personas solicitantes de asilo siendo devueltas de manera expedita, lo cual conlleva además una serie de violaciones a sus derechos humanos. En tanto, no solamente hay indicios de que la política no va a terminar, sino que se ha robustecido.

Sobrecupo de albergues


Una de las implicaciones más importantes del Título 42, según señaló la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), de Chihuahua, es el sobrecupo de los espacios humanitarios, que están rebasados en capacidad. “Los albergues, las casas del migrante, ya no tienen mayor posibilidad de atender humanitariamente, de albergar a estas personas, y lo que se genera es que, eventualmente, la gente esté en situación de calle”, aseguró su directora, Blanca Navarrete.

“Estamos hablando de que son expulsadas personas con perfiles de alta vulnerabilidad, mujeres embarazadas, sobrevivientes de violencia sexual, personas LGBT, familias, que al dejarles en situación de calle en lugares como Juárez, donde tenemos una alerta de género y una tasa alta de feminicidios, hay una implicación en términos de seguridad”, agregó.

Además, en Chihuahua, los obstáculos en el derecho a la salud durante la pospandemia son especialmente preocupantes para las personas en general, pero en particular para migrantes y solicitantes de asilo: “Las organizaciones asumimos la carga de que las personas sean expulsadas vía Juárez, porque eran recibidas sin que el INM tuviera atención médica. Nuestra organización tuvo que hacerse cargo de honorarios médicos y medicinas para atender diariamente a 100 personas que eran expulsadas; vamos a seguir siendo las organizaciones quienes paguemos el costo de las devoluciones por Título 42”.

A todo ello se suma la poca colaboración o ausencia de intervención del Poder Judicial ante las diferentes medidas que se tomaron durante la pandemia, pues en el caso de los amparos que las organizaciones promovieron contra esta política y otras, encontraron limitantes tan básicas como que el juez les previniera por desconocer a quién notificar.

“El amparo en la Ciudad de México fue el que tuvo más empuje, con una resolución muy favorable al principio. En 2020, durante marzo y abril, dejaron salir a muchas personas de estaciones migratorias, y luego empezaron a detener otra vez. Eso ha sido muy fuerte para las organizaciones que lo presentamos, que no haya una resolución final, que el Poder Judicial no pueda tomar una decisión contundente para proteger la vida de seres humanos en el contexto de una pandemia mundial”, lamenta Kuhner.

El tema del Poder Judicial ha sido un reto muy importante —explica— incluso desde que presentaron un amparo, también en la CDMX, para que no se pidiera la CURP para la vacunación de personas migrantes. “Pensábamos que era algo obvio y fácil de arreglar, pero tuvimos que hacer una apelación; no hemos tenido esta posibilidad a través del Poder Judicial de mejorar las condiciones de la población migrante en cuanto a temas realmente ligados al impacto de la pandemia”, agrega.

El documento Contextos. Investigaciones sobre movilidad humana coincide con las organizaciones en que una de las consecuencias de la permanencia del Título 42 es la instalación de campamentos informales de personas migrantes en Tijuana y Reynosa. “Se calcula que hay entre 2 mil 500 y 5 mil personas en cada uno de ellos. Estos campamentos no contaban con la infraestructura sanitaria necesaria, siendo foco de infección tanto de enfermedades gastrointestinales como de COVID-19. Por ejemplo, en el campamento en Reynosa había poca agua potable y eran limitados los baños y regaderas”, dice el documento. Además, Human Rights First ha alertado sobre el control de organizaciones criminales que extorsionan, atacan y secuestran a sus residentes.

De acuerdo con el reporte, las consecuencias de esta política son especialmente preocupantes en el caso de niñas, niños y adolescentes, pues aunque la administración Biden ha permitido que ingresen no acompañados, esta condición les coloca en situación de vulnerabilidad. Debido a este cambio, muchas familias permiten que sus hijos e hijas crucen solos, y aunque no existen datos certeros de cuántas han tomado la decisión de separarse, la Patrulla Fronteriza reportó que, solo entre finales de enero y principios de abril de 2021, 2 mil 121 menores de edad no acompañados habían intentado ingresar previamente con sus familias.

Más detenciones y menos acceso a solicitudes de asilo


Las solicitudes de refugio y las aprehensiones de migrantes en México han aumentado mientras el presidente Biden continúa negando el acceso al asilo en la frontera sur de EU y presiona al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para intensificar los esfuerzos por detener la migración y aumentar restricciones, alerta Human Rights Watch (HRW) en su más reciente informe sobre la situación de solicitantes de asilo.

“Los migrantes que cruzan la frontera sur de México huyendo de violencia y persecución enfrentan abusos, demoras y dificultades para obtener protección y a menudo están obligados a esperar cerca de la frontera durante meses en condiciones inhumanas sin poder trabajar o encontrar dónde vivir”, señala la organización internacional en el documento.

En 2021, destaca HRW, México aprehendió a 307 mil 569 migrantes, la cifra más alta jamás registrada en el país, al tiempo que recibió un número récord de solicitudes de refugio: 130 mil 863; se trata de la tercera cantidad más elevada a nivel mundial. La mayoría de quienes buscan asilo ingresan a México sin documentación y llegan huyendo de la violencia o persecución en sus países de origen.

Sin embargo, no intentan solicitar protección en un cruce fronterizo oficial por temor a ser deportados por agentes del Instituto Nacional de Migración, es decir, que la mayor parte de estas personas hicieron su solicitud una vez que estuvieron dentro de México. “Algunos pocos señalaron haber buscado protección en la frontera y haber sido rechazados por agentes del INM o por guardias de seguridad privada. Muchos manifestaron que los primeros los habían disuadido de solicitar la condición de refugiado en México y presionado para aceptar un retorno asistido a sus países”, consigna el informe.

Todo ello está relacionado, según alerta la organización, con la persistencia del presidente Biden para mantener “muchas de las políticas abusivas del expresidente Donald Trump”, que incluyen presionar a México para impedir la llegada a la frontera y bloquear el acceso al asilo en la frontera sur con políticas como el Título 42 y Quédate en México. “El presidente López Obrador ha desplegado casi 30 mil soldados junto con agentes del INM para detener a los migrantes indocumentados en todo México”, subraya HRW.

La organización añade que policías, agentes del Ministerio Público, militares y grupos criminales en México cometen de manera grave y generalizada detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y abusos contra migrantes que rara vez son investigados o penalizados, mientras que el gobierno de México amplía las funciones de las Fuerzas Armadas para incluir el control de la migración irregular y reemplazar a autoridades civiles en tareas de seguridad pública.

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