La SCJN y el Congreso

Crédito: Colectiva Mujer manglar

Catalejos

Opinión por Miguel Domínguez Flores

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado muy activa en asuntos relacionados con los derechos civiles. En menos de una semana, ha tomado 3 determinaciones que de alguna manera tienen implicaciones para Tamaulipas, y deberían retumbar -si les importaran, que no parece el caso- en el Congreso del Estado.

El 26 de mayo el Pleno de la Corte discutió una reforma a la Constitución de Nuevo León en la que se planteó la protección de la vida “desde la concepción”. Diez de los once ministros determinaron que esta redacción es inconstitucional, pues a los diputados locales no les corresponden este tipo de definiciones.

Fueron más allá: los legisladores no tienen atribuciones para discutir temas de derechos humanos que ya están consagrados en la Constitución. Y concluyeron que esta tendencia de las entidades a proteger la vida “desde la concepción” atenta contra los derechos reproductivos de las mujeres.

En septiembre del 2021, los ministros ya habían declarado inconstitucional la penalización de las mujeres por el delito de aborto, con lo que los tribunales pueden seguir juzgándolas pero no mandarlas a prisión.

Apenas ayer, la Corte abordó otro asunto similar en Veracruz, donde también concluyó -una vez más- que es inválido el artículo de su Constitución que protege la vida desde la concepción. En la misma sesión echaron abajo los artículos del Código Civil del estado que impiden el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

El ministro Luis María Aguilar argumentó que esto “defiende un determinado proyecto de familia, cerrando los ojos a la realidad”.

Los casos de la Corte en relación a las legislaciones locales de nuestros 2 estados vecinos, atañen directamente a Tamaulipas, porque tanto la Constitución local como el Código Civil incurren en las mismas inconsistencias que ya han señalado los ministros con mucha insistencia.

El artículo 16 de la Constitución señala que “el Estado de Tamaulipas reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural”.

A pesar de que el estado cuenta con este candado -inconstitucional según los argumentos de la SCJN- diputados locales han intentado ir más allá. La pasada legislatura aprobó un exhorto al Congreso de la Unión “para que se abstenga de legislar a favor del aborto”.

En un encendido discurso, la diputada panista Ivete Bermea, aseguró que “las iniciativas que aún están pendientes de resolver por el Congreso de la Unión, entrañan una aberración y una intención contraria a todo sentido común y al más mínimo respeto por la vida, por ello mi propuesta es a favor del respeto y protección a la vida desde el momento de la concepción”.

A contracorriente de lo que una y otra vez han señalado los ministros de la Corte, a la postura se sumó su compañero Arturo Soto: “No puede haber políticas públicas que defiendan la muerte. Se dice que el aborto es la interrupción legal del embarazo, eso es lo que dicen las pro abortistas, pero interrumpir es aquello que se puede continuar y una vez que entra una mujer a una clínica a asesinar su hijo, no puede volver a continuar el embarazo. El aborto es el asesinato de un nuevo ser”.

La Corte puso sobre la mesa un debate que debería llegar ya al Congreso de Tamaulipas. La mala noticia es que a juzgar por el miedo que les dio la aprobación del matrimonio igualitario (a panistas, morenistas y priistas por igual) se ve muy lejana una discusión sobre la interrupción legal del embarazo que sea seria, alejada de visiones místicas y religiosas.

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