Redacción EB
“Hasta que la dignidad se haga costumbre”, dijo la hñähñu Estela Hernández al lograr que su madre Jacinta recuperara su libertad tras 11 años de prisión por un delito que no cometió.
Hoy sábado, la defensa legal de la maya chuj Juana Alonzo Santizo hizo suya la poderosa frase al celebrar la liberación de la migrante guatemalteca que fue detenida, torturada y encerrada en una cárcel de Tamaulipas durante 93 meses.
El caso de Alonzo Santizo fue ignorado por los gobiernos federal y de Tamaulipas, hasta que esta semana volvió a la opinión pública y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se pronunciaron por la revisión del asunto.
Pedro Alonzo Santizo, hermano de Juana, narra que ella salió de su comunidad precisamente en busca de una mejor calidad de vida y bienestar para ella y su familia. Limitada en el acceso a la educación, la joven tuvo muy pocas, sino es que nulas, posibilidades de aprender español, ya que su lengua originaria es el chuj.
Aunque su caso era similar al de su familia, ellos sí tenían algunos conocimientos básicos para expresarse en español. Y es que, en San Mateo Ixtatán, sus habitantes aprenden este idioma “sobre la marcha” frente a la necesidad de comunicarse y hacerse escuchar. De lo contrario, sus derechos les son violentados. A pesar de esta limitante, Juana Alonzo decidió emprender su viaje.
Para llegar hasta Estados Unidos contrató a un “coyote” que resultó ser un traficante de migrantes. Este sujeto la secuestró a ella, a otra mujer y a una menor de edad que venía con la última. Las 3 mujeres viajaban por Reynosa, Tamaulipas cuando este evento sucedió.
Pedro asegura que a su hermana la inculparon de manera injustificada, ya que cuando la secuestraron, las 3 víctimas fueron llevadas a una “casa de seguridad”, como la nombran, de alguna organización delictiva; sin embargo, en ningún momento Juana pudo entender con certeza lo que pasaba, dado que su nivel de español era casi nulo.
Días después de mantenerlas privadas ilegalmente de su libertad, una de las mujeres secuestradas pudo huir de la casa y ponerse en contacto con las autoridades. Así, cuando la Policía Estatal acudió hasta el sitio para liberarlas, una de las mujeres señaló a Juana de ser cómplice del traficante y, sin mayores investigaciones, la joven pasó de ser una víctima a una presunta responsable.
Bastaron 4 días y un tuit del gobernador Cabeza de Vaca para que el fiscal general Irving Barrios Mojica acelerara el estudio jurídico del caso y determinara firmar la “petición de incidente de libertad para solicitar al Juez del Proceso audiencia para que se deje en libertad a la C. Juana Alonso Santizo”, informó en un comunicado.
La defensa de Juana Alonzo confirmó que este día viajará a Guatemala. A la par, el equipo legal exigirá se identifique y encarcele a los responsables que la detuvieron, torturaron y mantuvieron presa.
El fiscal Barrios Mojica solicitó a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos dar celeridad a las investigaciones por posibles irregularidades y dar con los responsables.
“Como lo ha señalado el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobernador del Estado de Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia coincide en que la dignidad humana, la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna son premisas observancia ineludible para las autoridades, aun tratándose de hechos ocurridos en el pasado”, concluye el comunicado de la Fiscalía.
