Arturo Ángel / Animal Político
Desde el Reclusorio Norte, donde ya cumplió seis meses preso, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, declaró nuevamente que durante el sexenio pasado repartió sobornos para que se aprobara la reforma energética, pero insiste en negar que se haya quedado con un peso. Sin aportar nuevas pruebas, repitió que el exsecretario Luis Videgaray y el expresidente Enrique Peña Nieto fueron los responsables de todo, al igual que el exdiputado Ricardo Anaya, a quien “le encantaba el dinero”.
Es la quinta declaración que Lozoya rinde ante la FGR por estos hechos, aunque es la primera vez que lo hace estando preso. En el testimonio de tres cuartillas, del que Animal Político tiene copia, el exfuncionario reconoce que tomó dinero de varios lados para pagar los supuestos sobornos, y dice haber vivido “amenazado, presionado y extorsionado”.
El nuevo testimonio forma parte de la negociación con la que los abogados de Lozoya buscan que lo dejen libre. Pretenden que, a cambio de estas declaraciones y la entrega de varios millones de dólares, Pemex, la UIF y la FGR se desistan de los procesos en su contra por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Aunque el juez había pedido que la decisión se tomara en la última semana de abril, el diálogo se ha demorado.
La declaración del exdirector de Pemex está asentada en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, que la FGR abrió para indagar los presuntos sobornos para la aprobación de la reforma energética. Por esta indagatoria se encuentra en prisión preventiva el exsenador Jorge Luis Lavalle y se ha procedido penalmente en contra de Anaya, excandidato presidencial y exdirigente del PAN.
En este testimonio, al igual que ya había ocurrido en uno anterior, Lozoya modifica la versión original donde señalaba que, con el dinero de la constructora Odebrecht, se habían pagado los sobornos de la reforma energética, y ahora señala que el dinero se tomó de diversos lados, entre ellos, el presupuesto de Pemex. Dice que lo hizo porque no le quedaba otra opción.
“Durante todo ese tiempo yo estaba sujeto a mucha presión. Por un lado, Luis Videgaray Caso me indicaba que era una instrucción directa del presidente, Enrique Peña Nieto, hacer todo lo necesario para materializar la reforma energética y las leyes secundarias, mientras que por otra parte los legisladores, como es el caso de Ricardo Anaya Cortés, me exigían más dinero con amenazas como las que ya he referido”, afirma Lozoya.
El exfuncionario sostiene, sin aportar algún elemento nuevo, que Videgaray le entregaba dinero a Anaya “del presupuesto”. En otra parte del testimonio, sostiene que Peña Nieto le indicó que al panista se le estaban proporcionando recursos vía “moches en la Cámara de Diputados”, pero que además era necesario darle dinero directamente de los recursos de Pemex.
Según Lozoya, tanto el expresidente Peña como su exsecretario de Hacienda tenían claro que a Anaya había que entregarle recursos por separado no solo porque “le encantaba el dinero”, sino porque “se llevaba pésimo” con otros senadores del PAN y, por tanto, había que convencerlo por separado.
“Yo fui presionado, extorsionado y acusado de corruptelas, cuando ellos fueron quienes lo pactaron, quienes se beneficiaron y quienes operaron… yo no tuve beneficio económico alguno de dichos movimientos pues los beneficiarios finales fueron las personas a las que he señalado desde un inicio”, indica.
A lo largo de esta declaración, el exdirector de Pemex no hace mención alguna de que los recursos entregados a Anaya provinieran de Odebrecht, como tampoco lo hizo en un testimonio brindado el año pasado. Sin embargo, previamente y hasta en cuatro ocasiones, Lozoya había sostenido que el dinero de los sobornos había provenido de esa constructora brasileña.
De hecho, en su momento, la FGR intentó proceder penalmente en contra de Videgaray, acusándolo de traición a la patria bajo la hipótesis de que se había usado dinero extranjero (proveniente de la constructora) para impulsar la aprobación de una reforma estructural que supuestamente fue dañina para el país. Sin embargo, el juez que recibió el caso rechazó conceder una orden de aprehensión por estos hechos tras considerar que le hacía falta sustento.
En enero pasado, la FGR presentó una acusación formal en contra de Lozoya relacionada con la indagatoria iniciada desde 2017 por el caso Odebrecht, donde lo señala de haberse beneficiado de los sobornos pagados por la empresa brasileña. Sin embargo, de forma paralela, la misma fiscalía mantiene abierta la indagatoria paralela construida a partir de las denuncias del propio Lozoya.
Compleja negociación
El pasado 11 de abril, los abogados de Lozoya y los representantes de Pemex, la UIF y la FGR solicitaron al juez federal una audiencia para plantear un posible acuerdo que le permitiría al exfuncionario federal recuperar su libertad, tras el pago de poco más de 200 millones de pesos. Pero, tras la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que le parecía poco lo ofrecido por Lozoya, el acuerdo se suspendió.
Originalmente, las partes habían prometido al juez que en la semana del 22 al 26 de abril le anunciarían el resultado de las negociaciones, pero dicho periodo concluyó sin que se alcanzara un acuerdo. Según autoridades ministeriales, son los abogados de Pemex y los de Lozoya los que no han logrado coincidir.
Lo que Lozoya busca a través de sus defensores es que se suspendan los dos procedimientos penales iniciados en su contra por los sobornos que, según la fiscalía, recibió tanto de la empresa Altos Hornos de México como de Odebrecht. En el caso de Altos Hornos, pretende sellar un acuerdo reparatorio a través de la entrega de recursos económicos, como ya lo hizo el dueño de esa empresa, Alonso Ancira.
Mientras tanto, en el caso Odebrecht, lo que el exfuncionario busca es un criterio de oportunidad. Se trata de un beneficio legal para aquellos delincuentes que colaboren aportando información de delitos más graves o complejos que en los que hayan participado. El efecto sería la suspensión temporal del proceso mientras se verifica si la información que apuntó resulta eficaz para el esclarecimiento de estos delitos.
La FGR ya ha manifestado que estaría de acuerdo con la concesión de dicho criterio de oportunidad, siempre y cuando se cumpla con el requisito de reparar el daño como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. El monto de dicha reparación tiene que ser avalado tanto por Pemex como por la UIF.
Algunos especialistas y organizaciones civiles como TOJIL han expresado públicamente su desacuerdo con la concesión de un posible acuerdo. Consideran que es improcedente, dado que se trata de hechos relacionados con una grave trama de corrupción.
