Buscan a policías estatales acusados de desaparición forzada

Redacción EB

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada en Tamaulipas busca a 11 policías estatales presuntamente responsables de desapariciones forzadas y secuestros.

La indagatoria contra 14 servidores públicos fue revelada en el informe de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, donde se especifica que 3 fueron aprehendidos y vinculados a proceso en el delito de desaparición.

Es la primera vez que la Fiscalía tamaulipeca admite e informa sobre elementos policiacos y de justicia que posiblemente cometieron delitos de desaparición forzada y secuestro.

Esta información destaca porque una en el debate a la gubernatura de Tamaulipas, entre Américo Villarreal, Arturo Diez y César Verástegui, hubo señalamientos de que la policía estatal no respetaba los derechos humanos y participaba en ilícitos.

En 2021, la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada obtuvo de jueces 28 órdenes de aprehensión, de las cuales ejecutó 7, y en 4 casos logró sentencia condenatoria de 30 años de prisión.

El resto de personas están siendo localizadas para su detención y presentación ante los jueces estatales y federales. La FGJ indaga si los elementos policiacos ejecutaron extrajudicialmente a las víctimas.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, a cargo de Elizabeth Almanza, pasó de 5 a 26 agentes del Ministerio Público y de 11 a 67 policías investigadores que trabajan junto a 28 peritos.

Sin embargo, este personal no es suficiente para instrumentar la búsqueda de 11,941 personas desaparecidas con denuncia interpuesta por sus familiares, de acuerdo al registro de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Para reforzar la indagatoria contra servidores públicos, la Fiscalía Especializada colabora con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tamaulipas es la tercera entidad del país con más quejas ciudadanas por abuso policiaco, poco más de 1,000 casos, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el mismo informe, el INEGI sostiene que la Secretaría de Seguridad Pública tamaulipeca no dio datos de elementos sancionados bajo la normatividad en materia de régimen disciplinario.

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