Ruta crítica
Opinión por Ernesto López Portillo (@ErnestoLPV)
Repiten líderes del bloque opositor que si el presidente propone una reforma constitucional para llevar la Guardia Nacional a la Sedena, votarán en contra. Han adelantado su argumento: no es eficaz mandar a los militares a las calles como vía principal para construir la paz. Luego de haber intercambiado posturas los partidos más representativos -rechazando la vía militar de la seguridad cuando están en la oposición y empujándola cuando están en la Presidencia de la República- si en efecto la reforma es rechazada, México se encontraría en un vacío inédito porque se estaría esfumando la promesa militar de construir la paz.
Se agotó antes la promesa civil, se reconocería ahora el agotamiento de la promesa militar, lo que representaría una sacudida mayúscula del sistema político mexicano. Estaríamos sin relato de futuro creíble, lo que nos obliga a preguntarnos qué haríamos.
La Guardia Nacional solo es el más reciente capítulo de una historia errática transexenal que enseña la falla estructural del Estado mexicano. La ausencia -salvo excepciones locales mínimas- de una promesa creíble en seguridad, civil o militar, fue construida no ahora sino al paso del poco más de un cuarto de siglo que lleva creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP, 1995 a la fecha). La crisis de desapariciones y el colapso institucional asociado, así reconocido oficialmente, es ejemplo más que suficiente para confirmar la disfuncionalidad del Sistema.
Aunque tal vez el más fuerte indicio del estrepitoso fracaso de este aparato es que prácticamente ni siquiera existe en la narrativa oficial de los gobiernos municipales, estatales y federal.
Cada sexenio federal, desde Zedillo a la fecha, hemos insistido en la necesidad de una política de Estado civil, profesional, especializada y sujeta a rendición de cuentas en seguridad ciudadana. Y cada gobierno federal ha tratado de convencer diciendo que en efecto esa política existe, solo para después terminar el sexenio con más debilidad institucional frente a la inseguridad, la delincuencia y las violencias.
Estamos coronando un cuarto de siglo que ha visto centenas de reformas legales, incontables reorganizaciones institucionales y crecimientos presupuestales explosivos en seguridad. Quienes no llevan la cuenta desde los noventa a la fecha tal vez olvidan que México pasó por la multiplicación por miles de veces de su presupuesto público para la seguridad. En un ensayo que publiqué en el 2002 demostré que entre 1996 y el 2000 el presupuesto ejercicio por el SNSP creció más de 48 veces.
Quienes quieren manipular para fines político electorales la discusión sobre las políticas de seguridad, usan el tema para culpar a uno u otro gobierno. Esa postura en realidad retroalimenta el problema mismo, alejándonos de lo que buscaba representar el SNSP, esto es, una política de Estado emanada desde un órgano rector superior: el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Si la propuesta de reforma citada no pasa, deberíamos entender el hecho no como una contingencia sino más bien como la coronación de un ciclo donde las promesas civiles y militares han caído por tierra. Si en cambio la reforma es aprobada, los anclajes de la vía militar harán cada vez más difícil hacerla reversible, aún si se prolonga la crisis de inseguridad, delincuencia y violencias. Nos pasará lo mismo que el experto Ignacio Cano explicó para el caso de Brasil en un evento reciente: los militares llegaron a resolver la inseguridad, no lo lograron y de todas maneras ya no se fueron.
Lo escribo de esta otra manera: las y los legisladores que apoyarán la reforma y los que se opondrán a ella tendrán el mismo problema, sus argumentos no serán creíbles si de ofertas de política pública de seguridad eficaz y legítima hablamos. Parece el peor escenario porque por un lado prometerán la seguridad por la vía militar y por el otro lo harán por la vía civil, pero sin argumentos sólidos de uno y otro lado.
Sin un órgano de Estado construyendo justamente políticas de Estado que estandaricen funciones públicas profesionales de prevención, policiales y de procuración de justicia, incluso a pesar de las alternancias en la Presidencia de la República, cabe dudar que alguna vez el SNSP cumpla su mandato legal.
Lo que viene es un vacío narrativo resultado de un cuarto de siglo desastroso donde a 27 años de creado el órgano superior de Estado para la seguridad, tenemos las peores violencias, la gobernanza criminal se reproduce aceleradamente y siete de cada diez mujeres se sienten inseguras en todo el país.
La promesa de seguridad caerá en el vacío narrativo: ni civil ni militar.
Ernesto López Portillo. Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos.
