¿Alguien quiere una aspirina?
Opinión por Alberto Nájar (@anajarnajar)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
El dictamen rechaza una serie de amparos promovidos por legisladores de oposición y algunos empresarios contra las modificaciones a la legislación, y que fueron aprobadas en marzo de 2021 por la Cámara de Diputados.
Las reformas, básicamente, regresaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el control sobre la producción y abastecimiento de la energía eléctrica en el país.
También limitan la participación del sector privado en ese sector, que desde la aprobación de la Reforma Energética aprobada en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tenían prioridad en la distribución de electricidad.
Los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador bautizaron a las enmiendas de la LIE como Ley Bartlett, en referencia al director de la CFE.
Y no sólo eso. También promovieron decenas de amparos para impedir la aplicación de la nueva ley.
Algunos de estos amparos, de hecho, se concedieron horas después de la votación en la Cámara de Diputados.
El argumento de los jueces, especialmente Juan Pablo Gómez Fierro, era que se frenaba la competencia y el libre mercado. Fue, de hecho, uno de los elementos que analizaron los ministros.
El fallo de la Corte se festejó como una victoria para la 4T, y de hecho lo es.
Pero la euforia por la decisión de la SCJN es peligrosa. Hay señales de una clara intención de sacar al litio del debate político.
De hecho, el mismo día de la votación de los ministros los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aceptaron la propuesta de la oposición de mantener abierta la explotación privada del mineral.
Fue una negociación en silencio, opacada por el escándalo mediático y las celebraciones del obradorismo por el dictamen de la Corte.
Algo que empezó hace varias semanas, cuando cambió la narrativa del debate político.
Después que en octubre de 2021 el presidente anunció que había enviado una iniciativa legal al Congreso para asegurar que el litio quede en manos de los mexicanos, empezó una fuerte campaña de críticas que se prolongó durante varios meses.
La polémica se intensificó en febrero pasado, cuando se anunció la creación de una empresa estatal para explotar el mineral.
Pero en las semanas siguientes se diluyó el interés en el tema. De hecho, durante marzo la controversia en los medios, redes sociales y el Congreso se concentró en el mercado de electricidad.
En el Parlamento Abierto convocado por el Congreso para analizar la propuesta presidencial escasearon las participaciones sobre el litio.
Inclusive se canceló la presencia de la doctora Violeta Núñez Rodríguez, investigadora de la UAM-Xochimilco y quien más ha insistido en la necesidad de proteger del saqueo internacional los yacimientos de este mineral.
El mismo López Obrador contribuyó a esa narrativa. En esas semanas más de la mitad de sus conferencias de prensa matutinas las dedicó a cuestionar a las empresas españolas generadoras de energía.
Pocas fueron las menciones hacia el litio. El extraño silencio se extendió a otros sectores de la 4T.
Ricardo Monreal, líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado, adelantó que la iniciativa presidencial sería aprobada sin problemas siempre y cuando sea modificada por los diputados.
Algunos senadores expresaron además que la garantía de preservar el litio para los mexicanos “no es un hecho”, y el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, dijo que su partido está dispuesto a modificar la propuesta enviada por el presidente.
El mensaje fue claro: bajar el perfil sobre el litio y desviar el debate a la generación de electricidad.
Lejos de los reflectores aumentan las posibilidades de negociar concesiones a las mineras que pretenden explotar el mineral.
En ese terreno, ya en lo oscurito, existe inclusive la posibilidad de sacar al litio de la iniciativa que se vote en la Cámara de Diputados.
Por eso el sospechosismo que empezó a convertirse en certeza. Horas después del fallo en la Corte, el diputado Mier anunció que la bancada de Morena aceptó 9 de 12 propuestas de modificación a la iniciativa presidencial que presentó la oposición.
Una de ellas establece que el litio será propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguirá las normas aplicadas a la industria de hidrocarburos.
Es la misma condición legal de ahora, y que encendió las alertas por la certeza del saqueo que preparan las mineras internacionales.
No es todo. Los diputados de Morena aceptaron también que se convoque a licitaciones y rondas para la exploración y explotación del litio, con la condición de garantizar para el Estado su propiedad y las ganancias que generen.
Se trata, en los hechos, del mismo procedimiento aplicado en los yacimientos de petróleo durante la vigencia de la Reforma Energética de Peña Nieto.
La misma que, según el presidente López Obrador, sólo generó especulación y daños al patrimonio público.
Esto es apenas el inicio de la negociación. Las posibilidades de ampliar las concesiones a los opositores, e inclusive sacar al litio del debate legislativo -y con ello mantener el estado de las cosas como hasta ahora- están presentes.
Dependerá de las dificultades para conseguir los votos faltantes para asegurar la aprobación de la Reforma. Y también, por supuesto, de las concesiones que esté dispuesto a ceder López Obrador.
Las horas posteriores a la votación de la Corte sobre la LIE fueron de alegría en las filas de la 4T. La celebración política fue intensa.
Serenidad. Aún no es momento de cantar victoria. Es cierto que se garantiza la rectoría estatal en un sector fundamental para cualquier país.
Pero hay una amplia posibilidad de cambiar el control de la producción y abasto de electricidad nacional, por el amplísimo y jugoso mercado mundial que representa la explotación del litio mexicano.
La euforia baja la guardia. Cuidado.
Alberto Najar. Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service.Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie
