Cuando la tierra sangra: minería y violencia en Sonora

Crédito: Cuartoscuro

Alejandro Ruiz / Pie de página

El debate sobre la nacionalización del litio volvió a poner a Sonora en el ojo público. Esto, debido a los yacimientos de este recurso en el municipio de Bacadehuachi y la región denominada “el valle del litio”, ubicada al noreste de la entidad, enclavada en la sierra madre occidental. 

La propuesta, impulsada por el partido del presidente, ha encontrado resistencia por su oposición política en el Congreso. Pero también por las empresas extractivistas que, durante décadas, han manejado las concesiones mineras en ese estado norteño. 

Sus argumentos, expuestos principalmente por la Cámara Minera de México y el Grupo BNamericas, que a su vez han sido arropados por políticos, empresarios y figuras públicas, se centran en la supuesta inexistencia del litio en aquella región. También auguran una carencia de infraestructura gubernamental y conocimientos científicos para realizar los trabajos de aprovechamiento y transformación del recurso. 

La realidad, sin embargo, es otra. Así lo demostró el reportaje México: litio al descubierto de RompevientoTv: En México hay litio y recursos científicos para trabajarlo. 

Días después de su publicación, los realizadores del reportaje fueron amenazados de muerte.  

Detrás de la oposición a la nacionalización se oculta un cúmulo de negocios que, en algunos casos, han sido impuestos en los territorios de Sonora a partir de la violencia y el despojo de campesinos y ejidatarios.

Políticos, empresarios y grupos delincuenciales son quienes han operado por décadas las acciones de la minería y la agroindustria en Sonora, y dejando a su paso una estela de violencia que se ha traducido en masacres, asesinatos, desplazamientos y desapariciones, de acuerdo con lecturas que sobre el tema han hecho activistas de la región. Pese a esto, en el debate nacional, poco se ha hablado al respecto.. 

La minería en Sonora 

Jano Valenzuela es un sociólogo y activista originario de la tribu yaqui. Ha acompañado procesos de organización en su comunidad y estudiado cómo opera la violencia en su territorio y la entidad. 

Para él, tratar de comprender Sonora sin identificar el papel de la industria extractivista es un ejercicio que no lleva a ningún lado. 

“La principal dinámica que se impone en Sonora es la expansión de las industrias extractivas. Principalmente la industria minera, pero también la agroindustria. (…) La industria minera es expansiva en Sonora. Por ejemplo, casi todo el territorio está concesionado a mineras extranjeras. Aunque ahora el presidente ha dicho que no dará nuevas concesiones mineras, el territorio está concesionado a la minería”.

De acuerdo con el documento titulado Panorama Minero del Estado de Sonora, publicado por la Secretaría de Economía en 2020, en la entidad existen 21 minas en explotación. De estas, 14 se dedican a la extracción de metales y 7 al trabajo de elementos no metálicos. 

Los recursos más explotados son el cobre, oro, plata, grafito y carbón. Asimismo, se extrae cal, hierro y molibdeno, mineral que se utiliza para la industria electrónica debido a su capacidad de aleación (mezcla) de otros metales. 

En estos territorios, concentrados en la zona serrana y desértica de Sonora, pero también en regiones del centro y sur donde habita la tribu yaqui, los conflictos sociales han escalado durante los últimos años. Particularmente desde la denominada guerra contra el narco del entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa. Cabe resaltar que durante su sexenio (2006-2012), se otorgaron casi 13 mil concesiones para la extracción minera en México. 

Violencia en el territorio

Jano Valenzuela afirma que “toda la violencia que hay en Sonora está íntimamente ligada a la expansión de grandes capitales. Capitales extractivistas de la industria minera, pero también de la economía del tráfico de drogas, tráfico de personas e industrias legalizadas como la maquila y la agroindustria”. 

Para él, los negocios medulares del crimen organizado se fusionaron con los intereses de las empresas extractivistas. Esto, a través del uso de las estructuras paramilitares de los grupos delincuenciales para eliminar la oposición que existe en los territorios donde se encuentran los minerales. 

“Claro que existe una relación directa entre el ejercicio de la violencia en manos del estado y grupos paramilitares. El crimen organizado no solo vela por sus intereses económicos (el tráfico de drogas y de migrantes) sino despliegan la violencia por intereses mineros”, afirma el sociólogo sonorense. 

Como ejemplo, resalta Jano Valenzuela, está el caso del Ejido el Bajío, en el municipio de Caborca. Ahí, decenas de ejidatarios han sido asesinados y desaparecidos por paramilitares que, acusan, están al servicio de la minera Penmont, propiedad de la familia Bailleres.  También han denunciado los intereses de la exgobernadora del estado, Claudia Pavlovich. 

De igual forma, Jano resalta las agresiones en contra de la tribu yaqui en la región que desde mediados del siglo XX les pertenece por decreto presidencial. 

“Tan solo en territorio yaqui existen 25 concesiones mineras (…). Hemos ido viendo una tendencia, en los últimos 30 años, de concentración de la violencia homicida en los 5 municipios que integran el territorio yaqui. Tan solo en 2021 esos municipios concentraron 54.6% de todos los homicidios del estado”, puntualiza Valenzuela. 

Actualmente, en esta región existe una disputa interna a raíz del proyecto del acueducto independencia, un trasvase de agua que, en los últimos meses, ha sido objeto de controversia debido al Plan de Justicia Yaqui que el gobierno federal ha implementado en la zona. La disputa deviene a raíz de que algunos sectores de la tribu yaqui, que se asumen como la legítima guardia tradicional de Loma de Bacum, han denunciado que el gobierno federal los ha suplantado. 

Para Valenzuela, la lucha que la comunidad ha librado desde 2012 contra el Gasoducto Sonora, refleja, a su vez, el conflicto que existe entre la administración pública y el extractivismo en la zona. 

Un reflejo de ello, resalta, está en los negocios del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la federación (SSPC), y actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien participa en la empresa Gas de Agua Prieta S.A. de C.V., fundada por su hermano Héctor Manuel.

Políticos y empresarios, o empresarios políticos

En sus declaraciones patrimonial y de conflicto de intereses de 2020, el entonces titular de la SSPC reportó ingresos por más de 7,000,000 pesos. De estos, 4, 719, 963 pesos corresponden a su participación en la empresa gasera. 

Para Jano, los negocios del ahora gobernador en el municipio de Aguaprieta, son un claro conflicto de intereses que moldea las problemáticas políticas y de violencia en la región. Su empresa de gas está ubicada en el destino final del Gasoducto Sonora, el cual, a su vez, se visualizaba como un proyecto que permitiría la venta de gas hacia los Estados Unidos. 

Asimismo, acusa el sociólogo, Durazo tiene fuertes inversiones en el sector inmobiliario de Hermosillo. Es decir, el político es parte de grupos empresariales de vieja data en Sonora. 

El gobernador Durazo. Crédito: Galo Cañas

“Alfonso Durazo se vende a sí mismo como parte de los de abajo. Sin embargo, los Durazo Montaño forman parte de una élite colonial y aristocrática muy vieja en Sonora que han tenido siempre el poder en la zona serrana del noreste del estado. Han mantenido el poder durante siglos”, enfatiza Valenzuela. 

Por su parte, la exgobernadora Claudia Pavlovich, quien está ligada a empresarios como los Lemenmeyer, Mazón, Camou y Castelo, proviene de una familia con vínculos en la agroindustria. Otro de los principales negocios extractivos en el estado, con una presencia igual de fuerte que la minería. 

De hecho, la historia familiar de la exgobernadora se remonta a inicios del siglo XX, cuando sus antepasados yugoslavos, D. Lucas y D. Felipe Pavlovich, se convirtieron en importantes productores de naranja en el estado sonorense. 

Aunado a esto, y aunque en los estándares del Producto Interno Bruto de la entidad figuran la minería, el sector inmobiliario y los servicios como las principales actividades económicas (negocios a los que Pavlovich y Durazo han sido vinculados), el papel de la agroindustria es fundamental en ese estado. 

El noreste sonorense 

Actualmente Sonora figura entre los estados con mayor producción de algunas hortalizas y cítricos a nivel nacional; producción que se concentra, principalmente, en el noroeste y sur de la entidad. 

Pese a esto, la zona serrana (noreste) colindante con Chihuahua, donde se ubica el “Valle del litio”, también ocupa un lugar central en la producción agroindustrial, principalemente de follaje. No obstante, de acuerdo con información publicada durante el sexenio de Pavlovich, esta región ha recibido inversiones millonarias para impulsar proyectos de vivienda, modernización de carreteras y ampliación de servicios. 

Sobre el valle del litio, Jano Valenzuela arroja la siguiente lectura: 

“Lo que sabemos es que (el valle del litio) son territorios totalmente concesionados, donde no parece haber un proceso de criminalidad para romper el tejido social. Lo que sí es que en los últimos meses ha habido una presencia muy fuerte del hijo de Alfonso Durazo (Alfonso Durazo Chávez), ha estado muy activo en vender la idea de la reforma eléctrica, han recorrido la zona”. 

No es la primera vez que Durazo Chávez participa en actos de promoción que, por ley, su padre no podría hacer. Semanas atrás estuvo promoviendo la revocación de mandato en San Luis Río Colorado. Su presencia en la región serrana, la cual, de acuerdo a Valenzuela, ha sido un bastión electoral de los Durazo, no es casualidad. 

Asimismo, no han sido pocas las veces en las que los Durazo (padre e hijo) han estado involucrados en escándalos mediáticos que los relacionan con el crimen organizado, principalmente con el «Cartel de Sinaloa». 

Primero el padre, durante su cargo en la secretaría particular del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006), fue acusado de relacionarse con Nahum Acosta Lugo, el panista que, en 2013, fue acusado de filtrar información presidencial al Cártel de Sinaloa. La acusación no prosperó. Tampoco se investigó a Durazo, quien estaba acusado de insertar a Lugo en las oficinas presidenciales. 

Años después, mientras Durazo padre era titular de la SSPC en el actual gobierno federal, un video en redes sociales inducía la idea de que Durazo hijo había asistido a la misma escuela que el hijo líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán: Ovidio Guzmán, también identificado como narcotraficante. El video se difundió días después de un operativo fallido donde la armada mexicana pretendía capturar al hijo del capo. 

El video fue desmentido por el presidente López Obrador durante una conferencia matutina, y el escándalo pareció quedar en el olvido.

Las relaciones de los Durazo y su presencia en el noreste del estado parecen intactas. 

No han sido pocas las denuncias de la presencia y control de grupos criminales en esta zona. Tanto en el sexenio de Pavlovich, como ahora con Durazo, la violencia en el noreste de Sonora no ha cesado. Tal vez, el caso más emblemático de la operación de paramilitares en los límites con Chihuahua, sea la masacre de la familia LeBaron en 2019. 

El caso de la comunidad de LeBaron

La comunidad de LeBarón traslado los restos de Rhonita Miller quien murió con sus gemelos y otro de sus hijos durante un ataque armado en una brecha, en el ataque también murieron otros dos mujeres y otros cuatro menores, hoy muy temprano salieron en caravana del rancho La Mora para llevar sus restos al municipio de Galeana, ubicado en el estado de Chihuahua, en su traslado pararon por el lugar donde perecieron calcinados, el traslado estuvo vigilado por elementos de la Policía Militar, quienes portaban artillería pesada. Crédito: Nacho Ruiz / Cuartoscuro

Suena el teléfono. Del otro lado de la línea se encuentra Alex LeBaron González, originario de la comunidad LeBaron en el municipio de Galeana, Chihuahua, a unos kilómetros de la frontera con Sonora. 

El 4 de noviembre de 2019, parte de su familia fue asesinada a mansalva mientras se dirigían de Galeana desde el municipio de Bavispe, Sonora. Murieron tres mujeres y seis menores de edad. 

El entonces titular de la SSPC, Alfonso Durazo, detalló la cronología del crimen, el cual fue atribuido a una confusión de grupos del crimen organizado que operan en la zona. 

Bavispe está ubicado a las faldas de la sierra madre occidental, a una hora y media de Bacadehuachi y el valle del litio. 

Antes de la masacre de su familia, en 2018, Alex LeBaron era diputado federal por el PRI, concretamente en el distrito 7, con cabecera en Ocampo, Chihuahua; donde también hay minería.

Él asegura que, durante el periodo en que fue diputado, las leyes mineras (derivadas de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto) favorecieron a las comunidades en donde se asentaron las empresas extractivistas. 

“Los municipios empezaron a recibir programas directos y las inversiones se notaron de manera inmediata”, afirma.

Parte de estos avances radica en que el capital de las mineras que se han asentado en la región de Chihuahua y Sonora es extranjero. Concretamente, puntualiza, de Estados Unidos, Canadá y Europa. 

Pese a ello, también reconoce que el crimen organizado ha jugado un papel crucial en la definición del territorio y las problemáticas. 

“Sabemos que el crimen organizado ha jugado o juega un papel fundamental. No solo en estas regiones, sino en las políticas públicas que implementan los mismos municipios al interior de sus administraciones locales. Es de todos conocido que la gran parte del territorio nacional, y más en estos últimos años, está siendo impactado políticamente en sus decisiones por el narcotráfico. Lamentablemente en Chihuahua y Sonora, sobre todo en las zonas serranas, este factor se ve todavía más marcado”, explica. 

Un hecho que demuestra esto, agrega LeBaron, es el asesinato de los habitantes de su comunidad. Para él, la disputa que se vive en esos territorios no se reduce a un conflicto entre carteles, sino que va más allá.

A mí no me queda la menor duda que hay intereses muy escondidos para afianzar su poder en diferentes partes de la sierra colindantes entre Chihuahua y Sonora. Yo creo que sin lugar a dudas tiene mucho que ver en lo que hemos visto, en los últimos años, en estas delimitaciones”, añade. 

Una explicación para descifrar lo que acontece en ese territorio, explica Alex LeBaron a partir del análisis de lo que pasó con su comunidad, está en la influencia e intereses que grupos extranjeros, concretamente norteamericanos, mantienen sobre esa región. 

“Cuando tuvimos la masacre de la comunidad, sí se detectaron señales de grupos influenciados, particularmente, por grupos de Estados Unidos”, sostiene.  

LeBaron precisa que no tiene los elementos concretos para hacer esta afirmación; sin embargo, dentro del proceso de seguimiento al caso, ha encontrado información que indica la participación de esos grupos. 

Concretamente, esto se deriva de la coyuntura que se abrió con la elección federal de 2018, en donde, a su juicio, el campo de alianzas entre el crimen organizado y los grupos de poder político se modificaron. Esto ha transformado las relaciones de poder en el territorio, confrontando los intereses de diversas corporaciones criminales, entre ellas, aquellas que accionan los intereses de algunos grupos norteamericanos, explica.

“No lo digo ligeramente, pero a mí me queda claro que, a partir de lo sucedido con la familia en La Mora, en Bavispe, con la elección de Durazo como gobernador de Sonora y los movimientos que se han estado dando con los enfrentamientos de los grupos criminales en Sonora, todas estas conexiones no pueden ser al azar”, señala. 

La conexión norteamericana

El pasado 31 de marzo el estadounidense John Kerry sostuvo un encuentro diplomático en palacio nacional. El motivo: discutir aspectos de la reforma energética presentada por el presidente López Obrador. 

Entre los puntos fundamentales que sostuvo Kerry, y que han sido los argumentos presentados por la Casa Blanca, están las violaciones a algunos acuerdos establecidos en el T-MEC, particularmente aquellos que se relacionan con la suspensión de permisos para la generación de energía a empresas privadas. 

La postura de Kerry y la Casa Blanca ha sido replicada al unísono por la Cámara Minera de México, quienes además enfatizan que las reservas de litio en el país son insuficientes para pensar en una producción nacional. 

Aunque estridente, el fenómeno no es nuevo. La intervención del gobierno estadounidense en la política energética de México es algo histórico que, al menos, se desprende desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1993. 

En aquel entonces, el presidente estadounidense Bill Clinton impulsó el acuerdo trinacional que derivó en el otorgamiento de más de 25 mil concesiones mineras en todo el país. Es decir, poco más de 22 millones de hectáreas del territorio nacional explotadas (o en fase de explotación), por, en su mayoría, empresas canadienses, norteamericanas y europeas. 

Este mismo tratado derivó en la vigente Ley Minera que, a través de amparos, ha sido materia de conflicto por pueblos y comunidades indígenas de todo el país. La ley, maquilada durante el sexenio de Salinas de Gortari, no va en sintonía con diversos convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

Aunado a esto, en 2006, Hilary Clinton, esposa del expresidente Clinton, y en ese entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, intervino, a través de funcionarios como el ex embajador Carlos Pascual y el comisionado internacional de energía, David Goldwyn, en la creación de la reforma energética impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

Así lo reveló una investigación del portal DesMog en 2015

A su vez, los funcionarios norteamericanos se beneficiaron económicamente por sus acciones petroleras y servicios de consultoría privada para el gobierno mexicano. 

En esta reforma (2013), además de quitar la tutela del petróleo a PEMEX, se permitió la entrada de empresas privadas para generar energía con recursos mexicanos.

Por su parte, otra de las principales promotoras de esta reforma, ligada a la familia Clinton, es la ex embajadora de los Estados Unidos en México (2016-2018), Roberta Jacobson. 

Además de su labor diplomática durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump, Jacobson fungió como coordinadora de asuntos de la frontera sur durante un breve periodo del actual gobierno de Joe Biden, integrando a su vez, el Consejo de Seguridad Nacional Norteamericano. 

Jacobson, quien mantiene estrechas relaciones con la familia Clinton, era cercana a la ex secretaria de estado norteamericana durante el mandato de Bill Clinton, Madeleine Albright. 

Albright, por su parte, fue una figura clave en la expansión de la OTAN en Europa durante los periodos que precedieron el desmantelamiento de la Unión Soviética, cuando fue embajadora de su país ante las Naciones Unidas. Además, se convirtió en una promotora de la doctrina de seguridad interior norteamericana, ya sea a través de sus cargos en el Departamento de Estado o mediante un grupo empresarial al que se bautizó como Albright Stonebrigde Group. Roberta Jacobson forma parte de este grupo. 

En 2021, Alfonso Durazo, ya como gobernador electo de Sonora, anunció que Roberta Jacobson se incorporaría al Consejo de Desarrollo Sostenible del Estado, esto, anunció el mandatario en redes sociales, con el fin de incentivar la inversión en diferentes sectores estratégicos de la entidad. 

LeBaron comenta:

“Creo que se van conectando los puntos para marcar una tendencia y no lo digo ligeramente, repito. No son acusaciones tampoco, pero es muy difícil crecer y vivir de este lado de la línea entre Sonora y Chihuahua sin tener claro que los grupos criminales no son mas que ejecutores de intereses, en el caso de México, gubernamentales, y que no está desconectado el narcotráfico, los grupos criminales, del gobierno en turno. Y eso es una realidad”. 

LeBaron concluye que “después de lo sucedido, y después de ver todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de nacionalizar el litio, creo que queda claro, para nosotros, que hay intereses que no logramos entender, debido a la escasez de ese producto a nivel mundial. Esto no es coincidencia”. 

Litio. Crédito: Especial.

¿Una nacionalización comunitaria? 

Por su parte, Jano Valenzuela añade que, aun cuando sean intereses distintos los que están en juego, para él, tanto las economías ilegales y legales, se alían bajo una racionalidad moderna que pone, encima de la vida, el territorio y la comunidad, los intereses de la ganancia y los capitales. 

“La lógica que instrumentaliza la alianza es la lógica de la acumulación de capital. Cada grupo, subgrupo y macrogrupo tiene su propia racionalidad de acumulación de capital: se alían, se articulan, se separan de acuerdo a los intereses del mercado”.

Esta visión, agrega, ha sido la que ha primado en la nueva propuesta de reforma energética del presidente López Obrador. 

“Nos preocupa bastante que vemos una visión dicotómica de la realidad, en el sentido de total mercado o total estado, en la propuesta de la reforma eléctrica. Vemos un riesgo de que se nacionalice el litio y termine siendo un Pemex que despoja a comunidades del país”, dice el sociólogo sonorense. 

Asimismo, cree que una verdadera propuesta de reforma, que más allá de la nacionalización de los recursos atienda las problemáticas de despojo y violencia que se derivan del extractivismo, debe de ser construida con otra racionalidad. 

“Debe ser una nacionalización comunitaria, para que sean las comunidades las que organicen, gestionen y trabajan la extracción de los minerales, si así deciden las comunidades hacerlo. Esto con el apoyo del estado”, explica. 

Jano concluye que la propuesta, si realmente se apoya en las comunidades y en beneficio de estas, debe de optar por la creación de asociaciones público/comunitarias, no paraestatales. Si no, “la nacionalización se queda corta, pues si no tiende a una nacionalización comunitaria, quienes corremos riesgo somos las comunidades. 

En caso de no optar por ese camino, “se puede caer en prácticas de abuso, despojo e imposición y reproducción de una racionalidad moderna, en el sentido de que la empresa privada tiene la racionalidad incremento de tasa de ganancia, cuando lo que debe prevalecer es la racionalidad comunitaria”.

Esta nota fue realizada por Pie de Página, medio aliado de Elefante Blanco. Aquí puedes leer la original. 

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