Ayotzinapa: ¿hasta cuándo, hasta dónde?

Poder y derechos humanos

Opinión por Michael W. Chamberlin

El día de ayer presentó su tercer informe sobre Ayotzinapa el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Nuevas revelaciones del involucramiento de las autoridades de todos los niveles, pero particularmente de las Fuerzas Armadas, hacen preguntarse ¿hasta dónde?; la falta de información sobre la suerte y el paradero de los estudiantes, ¿hasta cuándo?

El GIEI en su tercer informe presenta nueva información que recibió de las autoridades de inteligencia, particularmente de la Sedena y la Marina, apenas el año pasado, a pesar del mandato abierto y directo del Presidente de la República al inicio de su administración de brindar toda la información sobre los hechos. Esta nueva documentación revela que las autoridades tenían información crucial sobre los hechos en Iguala, incluso de días antes y días después, que no hicieron de conocimiento oportunamente para localizar a los estudiantes y desmontar la verdad construida desde la entonces Procuraduría General de la República.

Sobresale el video presentado en la conferencia de prensa, que fue entregado recientemente por el Secretario de la Marina al GIEI, donde se puede observar desde un dron de la propia Secretaría cómo estuvieron presentes en el basurero de Cocula, en orden de aparición: elementos de la Marina que encendieron fuego y dispersaron el contenido de tres bultos que llevaban consigo; de la Policía Federal que al parecer no se le permitió entrar hasta el basurero porque un vehículo de la Marina le impedía el paso; inmediatamente después elementos de la Procuraduría General de la República, incluyendo al propio Jesús Murillo Karam, Procurador general en su momento, y tres helicópteros que sobrevolaron el basurero; todos estos antes de acordonar el lugar para que llegaran los peritos de la PGR a “descubrir” restos humanos quemados, y solo al final los del Equipo Argentino de Antropología Forense. No es claro lo que hicieron los elementos de la Marina y la PGR, lo que es cierto es que intervinieron en el basurero para presentarlo como escena del crimen, después.

El GIEI señaló en su conferencia que las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) han logrado identificar destrucción de evidencia, fabricación de actas ministeriales, supuestas llamadas interceptadas que en realidad realizaron elementos de la propia PGR para engañar, además de las torturas constantes para la fabricación de pruebas y de responsables. De acuerdo con el GIEI, en poco más de siete años han muerto 22 personas que podrían haber tenido información, uno con 21 disparos en un operativo policial y solo dos de ellas de forma natural.

El GIEI agrega que los normalistas fueron infiltrados por el ejército antes y durante su viaje a Iguala, y por ello sabían en tiempo real lo que estaba pasando; que las fuerzas armadas por medio del C5 (el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto en el que se coordinan las autoridades de seguridad de todos los niveles, incluyendo la militar) sabían del tráfico de heroína en camiones de pasajeros, de la estructura del grupo criminal Guerreros Unidos, y de la participación de autoridades en esa estructura. ¿Hasta dónde llega Ayotzinapa?

No sobra señalar que si esta información se hubiera tenido desde el día en que se produjo, quizá se hubiera prevenido la desaparición de los normalistas. Por el contrario, su ocultamiento abonó a la desaparición, a la fabricación de una falsa verdad y a la impunidad. Sólo por lo descrito hasta aquí debe haber investigaciones abiertas a toda la cadena de mando desde el último policía hasta por lo menos el Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, del Secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz y al Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, de la administración de Peña Nieto.

Toda esta información confirma y fortalece viejas interrogantes que también se deben esclarecer. ¿Por qué invertir tantos recursos humanos, técnicos y financieros para construir una falsa verdad en lugar de aplicarlos para la justicia?, ¿qué quieren ocultar?, ¿qué quieren proteger? Los padres de los 43 y toda la sociedad tenemos derecho a saber y a que se haga justicia. Tenemos derecho a instituciones confiables.

Finalmente, el GIEI fue muy enfático en señalar que, no obstante la orden presidencial, la información no ha sido entregada en tiempo ni en su totalidad por las fuerzas armadas en esta administración. No podemos olvidar que son estas mismas autoridades militares las que exigieron protección al general Cienfuegos por las acusaciones en su contra en Estados Unidos y la Fiscalía General de este gobierno quien lo absolvió sin investigar de su posible involucramiento con el crimen organizado.

No hay elementos objetivos que permitan suponer que las fuerzas armadas sean distintas a las que han sido históricamente y que no se siga protegiendo a las mismas estructuras criminales de antaño. De esto son testigos 23 desapariciones diarias, 29 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y 97% de impunidad, los números más altos en al menos 13 años.

Ayotzinapa es un caso excepcional entre todos los casos de desaparición: ningún otro tiene Grupo de Expertos Independientes, Unidad Especial de Investigación, y Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia; pero sigue siendo un caso que refleja el grado de complejidad de la macro corrupción que se vive en el país. Quizá sea necesario para deshacer la madeja criminal, que todos esos órganos extraordinarios estén al servicio de todos los casos y no sólo de uno. Veremos qué recomienda a México el Comité de Desapariciones en su informe sobre su reciente visita, el próximo 12 de abril.

Michael W. Chamberlin. Defensor de derechos humanos, interesado desde joven en las causas sociales por una realidad más justa. Acompañante de víctimas, compañero en procesos organizativos. Padre orgulloso, amante dedicado, humano errante.

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