Con amparos, colectivas y organizaciones buscan garantizar el acceso al aborto en estados donde es aún delito

Erendira Aquino / Animal Político

Colectivas y asociaciones civiles emprendieron una estrategia legal para buscar amparos que garanticen a las mujeres y personas gestantes el acceso al aborto, en las entidades del país donde esta práctica continúa considerándose un delito. 

Ya han logrado que se concedan amparos colectivos para que personas de Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán puedan practicarse un aborto —en caso de ser necesario— sin sufrir repercusiones legales. En este último estado, también se obtuvo un amparo de carácter individual.

El pasado 24 de febrero se obtuvo la resolución más reciente, en beneficio de 19 mujeres yucatecas. Amelia Ojeda, coordinadora jurídica de la asociación Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), explica que ninguna de las beneficiadas está embarazada, quiere practicarse un aborto o está procesada penalmente.

Las solicitantes tramitaron los recursos para generar un precedente que facilite el acceso a amparos para otras personas y, con ello, presionar al Congreso local para que despenalice aborto.

“Esto nos sirve para ir empujando este cambio normativo. El Legislativo ya no puede decir: ‘La Corte lo que dijo fue sobre el Código Penal de Coahuila’. No, una jueza federal y un juez federal en Yucatán ya dijeron que los artículos relacionados con el aborto que están en el Código Penal son inconstitucionales”, señala Ojeda.

De acuerdo con la abogada, los amparos declaran que la sanción a las mujeres que abortan voluntariamente en Yucatán viola sus derechos reproductivos, porque no les permite tomar decisiones autónomas sobre la continuidad de un embarazo.

Además, señalan que la cláusula de protección a la vida, aún vigente en la Constitución local, es contraria a la Constitución nacional porque interfiere en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

Hoy, en el estado solo es legal el aborto cuando se realiza porque el embarazo es producto de una violación, pone en riesgo la vida de la mujer o persona gestante, hay malformaciones congénitas graves o cuando ocurre de manera imprudencial.

Acceder al aborto “cuando ella decida”

Nuevo León fue el primer estado donde se otorgó un amparo para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo.

En noviembre pasado, un juez federal determinó que una mujer de Nuevo León, que no está embarazada ni penalmente procesada, puede practicarse un aborto en cualquier clínica del estado si así lo decide.

“Aun con todas las restricciones que tenemos en Nuevo León, se concedió este amparo. Yo creo que el juez que lo firmó se la jugó bastante, la verdad, porque es un estado muy restrictivo y doble moral”, señala Sandra Cardona, del grupo Necesito Abortar México.

La activista detalla que este recurso únicamente aplica para la persona que lo recibió, y significa “que puede tener acceso al aborto en el momento que ella decida, en un centro público o privado, aunque en ese caso tendría que pagar”.

De acuerdo con la legislación vigente en el estado, las únicas causales por las que está permitido interrumpir un embarazo son porque haya sido producto de una violación, por grave daño a la salud de la mujer o persona gestante, o porque esté en peligro de muerte. Además, la Constitución local protege “el derecho a la vida” desde la concepción.

Sin embargo, para Cardona, el amparo abre la posibilidad de que, pese a esos candados legales, se camine hacia la despenalización del aborto, pues el recurso se pronuncia sobre el tema del derecho a la vida y determina que ese concepto es inconstitucional.

El amparo indica que “el no nacido carece de la capacidad jurídica propia de una persona y, en términos del marco normativo nacional, no puede ser calificado como tal desde el punto de vista jurídico… escapa a la noción de persona como titular de derechos humanos, de modo que el ejercicio de estos está determinado a partir del nacimiento”.

Mes y medio después, una mujer de Quintana Roo obtuvo el segundo amparo, que la protege para que cuando ella lo requiera pueda acceder libremente al aborto.

Mariana Belló, de la asociación civil Gobernanza Mx, explica que el recurso se interpuso ante la reiterada negativa del Congreso local para discutir y dictaminar las iniciativas para despenalizar el aborto, así como para armonizar la legislación local con base en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional la criminalización de la interrupción del embarazo.

El efecto de la sentencia es que la beneficiaria no puede ser sujeta a la reglamentación del aborto en el estado. Con ello, se le reconoce su derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo como parte de su proyecto de vida y sin temor a ser criminalizada.

Para Belló, aunque la sentencia se dictó a favor de una sola persona, es un precedente que puede ayudar a otras a lograr el reconocimiento de sus derechos a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad.

En Quintana Roo, aunque la Constitución protege “la vida desde el momento de la concepción”, las mujeres y personas gestantes pueden acceder al aborto cuando el embarazo es producto de una violación, pone en riesgo la vida de la mujer, el producto presenta alguna malformación congénita grave o si este ocurre por accidente.

Buscan amparos en más estados

En México, hasta ahora solo seis estados han despenalizado el aborto voluntario. En los otros 26 aún continúan vigentes las legislaciones locales que criminalizan la interrupción del embarazo.

La única causal por la que se permite en las leyes de todas las entidades es la violación. Algunas otras, que varían entre cada entidad, son la afectación a la salud o la vida de la mujer, malformación congénita grave del producto, si el embarazo es producto de una inseminación artificial involuntaria o si el aborto ocurre de manera involuntaria. Además, algunos estados consideran como motivo la economía precaria de la madre.

La Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima son las únicas entidades donde se puede acceder al aborto por decisión de la mujer o persona gestante, y donde los servicios de salud públicos y clínicas privadas ofrecen atención también a quienes acuden de otras entidades o, incluso, de otros países.

Aunque la SCJN determinó en septiembre pasado que la penalización del aborto para las mujeres y las personas con capacidad de gestar es inconstitucional, lo que significa que ninguna jueza o juez podrá encarcelar a quien decida abortar, desde ese mes y hasta enero de 2022 en el país se abrieron 286 carpetas de investigación por este delito.

En este contexto, colectivas y organizaciones continúan interponiendo amparos para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en las entidades más restrictivas.

En el caso del colectivo conformado por UNASSE, Gobernanza Mx, Alex Ali Méndez Díaz, Colectivo Esmeralda, GRIGE, Marea Verde Chihuahua, Voces en Acción, Sí hay mujeres en Durango, Aborto Seguro Chihuahua y Lecxiur Figueroa y Asociadas, ha tramitado tres recursos en Chihuahua, uno en Durango, uno en Oaxaca contra el Código Penal Federal, cinco en Jalisco, tres en Nuevo León, tres en Quintana Roo, uno en Tabasco y tres en Yucatán. Entre ellos se cuentan los ya concedidos.

Sin embargo, no son el único grupo que está buscando amparar a mujeres y personas gestantes. Las asociaciones GIRE, Colectivo Coatlicue Siempreviva, CECADEC, TERFU, Cultivando Género, Morras Help Morras, CAFIS, Odesyr, DDeser, Equidad de Género, Ciudadanía y Familia, y la REDefine Puebla también presentaron recursos.

Sarahy Guarneros, de REDefine Puebla, señala que las solicitudes de amparo fueron presentadas en este estado y en Aguascalientes, como respuesta “a una creciente demanda del movimiento feminista, mujeres, personas con capacidad de gestar y colectivas por la despenalización del aborto”.

“(Hay) obstáculos para acceder a servicios de aborto legal, un patrón de criminalización, el estigma que se genera contra quienes abortan y la inhibición que provoca en el personal de salud”, a cuyos integrantes se llega a investigar por facilitar el procedimiento, expone Guarneros.

“La prohibición del aborto autoprocurado y consentido, así como los límites injustificados en el acceso al aborto en sus diferentes causales son discriminatorios y una violación a los derechos humanos. Nosotros buscamos que ninguna mujer o persona gestante ni el personal de salud sean criminalizados. Confiamos en que las resoluciones del máximo tribunal del país guíen las decisiones de las y los juzgadores de las entidades donde el ejercicio de la autonomía reproductiva aún es penalizado”, concluye.

Las colectivas y asociaciones que impulsan esta estrategia brindan acompañamiento jurídico, por lo que llaman a quienes estén interesadas a sumarse a su iniciativa. Para ello, basta con escribirles a través de redes sociales.

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