Redacción EB
Por suerte, la policía municipal de Landa de Matamoros detuvo a Felipe “N”, presunto responsable de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010.
En un recorrido por la carretera a la delegación de Neblinas, elementos policiacos observaron a un masculino con un comportamiento sospechoso abordo de una camioneta roja tipo Pickup en el entronque El Humo.
Los policías le detuvieron el paso para realizar una revisión física del vehículo y la persona. En ese momento, el hombre intentó correr para alejarse del lugar, sin embargo lo capturaron para corroborar sus personas en la plataforma delictiva nacional.
Tras la consulta, se encontró que Felipe “N”, de 55 años de edad, contaba con orden de aprehensión vigente de causa penal de 2011, por los delitos de Migración y Delincuencia Organizada, situación por la que fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).
La impunidad es el sello que ha marcado el paso de una década de la masacre más encarnizada de migrantes registrada en “la guerra” del gobierno mexicano contra el narcotráfico.
Las familias de las 14 mujeres y 58 hombres migrantes asesinados el 22 de agosto de 2010 en una bodega abandonada en el ejido El Huachizal, en San Fernando, Tamaulipas, a 133 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, siguen esperando justicia. De 83 personas señaladas durante el gobierno de Felipe Calderón como responsables de la masacre sólo hay 15 miembros del grupo criminal Los Zetas detenidos. Por estos hechos no fueron culpados los capos del grupo criminal, los jefes regionales o los funcionarios públicos que los protegían y eran sus cómplices.
El Estado mexicano ha declarado como reservada y confidencial la averiguación penal y negado el acceso a la justicia a las familias de las víctimas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Brasil e India. De los 72 cuerpos masacrados nueve permanecen enterrados en una fosa común.
Han pasado tres presidentes de tres partidos políticos y falta justicia y falta voluntad para esclarecer la respuesta a las preguntas: ¿Quiénes, por qué y para qué los mataron? y ¿Cuáles fueron los mecanismos de la impunidad que incubaron y protegieron a los asesinos?
Inai ordena a la FGR revelar documentos de las masacres de San Fernando y Cadereyta
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer públicos los documentos referentes a las masacres de San Fernando y Cadereyta, que hasta ahora habían permanecido ocultos.
El INAI instruyó a la FGR entregar la “versión íntegra de la información sobre las investigaciones de la Comisión Forense sobre el secuestro y homicidio de 72 personas migrantes indocumentadas y sobre los cuerpos de 193 personas hallados en 47 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, así como de los restos de 49 personas hallados en una carretera de Cadereyta, Nuevo León, en 2012, exceptuando el pago por reproducción y envío”.
“Los trabajos de la Comisión Forense sobre homicidios e inhumaciones ilegales de migrantes entre 2010 y 2012 deberá ser de consulta pública”, dijo el miércoles pasado Adrián Alcalá, comisionado del Inai.
“Las investigaciones efectuadas por la Comisión Forense están relacionadas con hechos catalogados como violaciones graves a derechos humanos”, mencionó Alcalá tras revisar las recomendaciones 80/2013 y 8/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se asientan los delitos de lesa humanidad cometidos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
En las nueve mil 26 hojas de la documentación generada por la Comisión Forense –integrada en 2013 por personal de la FGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y diversas organizaciones de la sociedad civil–, se incluyen minutas, correos electrónicos, presentaciones, dictámenes, perfiles genéticos, informes periciales, actas de reuniones, de recomendaciones y otros documentos expedidos que ponen en evidencia los errores de la FGR al identificar los cadáveres de las víctimas.
La FGR solicitó un pago por más de 8 mil pesos para realizar versiones públicas de estos documentos, testando la información que considerara reservada o confidencial. La organización periodística Quinto Elemento Lab tramitó un recurso de revisión ante el Inai, quien resolvió que esos documentos deben entregarse gratuitamente, al ser un asunto violatorio de los derechos humanos.
La FGR deberá incorporar dicha información en la Plataforma Nacional de Transparencia como parte de sus obligaciones, de modo que cualquier persona interesada pueda acceder a la documentación, sin necesidad de presentar una solicitud de información.
