Fuerzas Armadas, corrupción y crímenes atroces: entre el principio de legalidad y la obediencia debida

Crédito: Gobierno de México

Poder y derechos humanos

Opinión por Michael W. Chamberlin

Me llaman la atención las palabras del presidente López Obrador expresadas el sábado pasado en la celebración del Día del Ejército, porque me parecen problemáticas al tratar de entender a las Fuerzas Armadas en sus encomiendas actuales. En su discurso señaló: “Las manchas que tiene (el Ejército) no son atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles. Porque no olvidemos, que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, en el ’68, no fue Marcelino García Barragán, que era el Secretario de la Defensa. Él actuó por órdenes del presidente, y así en todos los casos.”

Dejemos por un momento de lado el hecho de que no se puede argumentar la obediencia debida para eximir de responsabilidad a un militar o guardia civil al transgredir una ley cumpliendo la orden de un superior, mucho menos cuando existen violaciones a derechos humanos. En todo caso, García Barragán es tan responsable como el presidente de la República, Gustavo Día Ordaz, y toda la cadena de mando hasta llegar a quienes jalaron del gatillo en el ’68, “y así en todos los casos”. Mi reflexión está más bien dirigida a cuestionar por qué ponemos a los militares en esa disyuntiva.

Recordemos que el propósito de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía del Estado ante las amenazas externas y, en muchos casos, internas. Dicho de otra manera, los ejércitos sirven y se preparan para situaciones de guerra donde no existe ley y donde se usa la fuerza letal contra el enemigo, nada más alejado de un estado de derecho, y por tanto la obediencia jerárquica es fundamental para mantener la disciplina y el orden internos.

Pero en tiempos de paz, el estado de derecho y la obediencia a la ley es lo que impera, y el principio de legalidad que dice: “la autoridad –poder público- sólo puede hacer lo que la ley le autorice”. Los ejércitos no están pensados para ser usados en tiempos de paz, este fue un aprendizaje doloroso de hace casi dos siglos y el costo de haber hecho lo contrario llevó a los constituyentes mexicanos de 1857 y de 1917, a establecer que “(artículo 129). En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (…)”. El artículo 129 de la Constitución es vigente, pero todo indica que nuestra memoria colectiva es corta.

Si bien toda autoridad es susceptible de ser corrompida, el choque entre el principio de legalidad y obediencia jerárquica en las Fuerzas Armadas hace que la corrupción tenga efectos multiplicadores. Si un funcionario se corrompe, en principio deberá enfrentar la ley por sus actos, si lo hace con otros será colusión, asociación delictuosa o delincuencia organizada según el caso, pero si un general ordena un acto de corrupción a sus subordinados, serán responsables legalmente si lo hacen, pero si no lo hacen serán responsables de delitos contra el orden militar. ¿Qué es peor? Conozco el caso de objeción de conciencia del General Francisco Gallardo, le costó su carrera y más de diez años de cárcel; seguramente habrá otros igualmente dolorosos.

Las Fuerzas Armadas obedecen órdenes antes que la ley. El primer ejemplo es que llevan cinco sexenios obedeciendo al presidente en turno y no a la Constitución. ¿Son culpables?, ¿Se deben revelar? Si la orden es disparar a estudiantes en la plaza de Tlatelolco, los pondremos en la encrucijada de violentar el principio de obediencia jerárquica o el principio de legalidad. Si la orden de cualquier nivel es coludirse con el crimen organizado, podemos imaginar las consecuencias. Al poner a las Fuerzas Armadas a realizar tareas que corresponden a civiles las exponemos a la corrupción y a la comisión de crímenes atroces. De esto hay muchos ejemplos:

La incursión del Ejército en el llamado triángulo dorado entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, para la erradicación de enervantes desde los años 70, trajo pocos resultados y muchos abusos a la población. Fue durante el sexenio de Miguel de la Madrid que los asesinatos de indígenas tepehuanes en la región de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, llevó al sacerdote Pancho Chávez junto al Obispo de Tarahumara, José Llaguno, a la creación de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), para denunciar y tratar de poner un alto a los abusos del Ejército en esta región. Los abusos siguieron, pero se visibilizó la situación. En agosto de 1998 una unidad del Ejército asesino al indígena tepehuan, Mirey Trueba, en la misma región de Guadalupe y Calvo. COSYDDHAC llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado alegó que “los elementos del Ejército que intervinieron se encontraban actuando en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Lucha Permanente contra el Narcotráfico”. La CIDH encontró responsable al Estado mexicano por violaciones al derecho a la vida.

Un aspecto interesante del actuar del Ejército en el caso Mirey Trueba surgió durante la investigación. Para poder determinar la unidad responsable, el comandante de la región militar de aquella época facilitó de buena fe las bitácoras de las unidades que se encontraban operando en la región el día del asesinato. En estas bitácoras se señalaba que tal unidad encontraba un sembradío y se abocaba a erradicarlo, luego se encontraba otro y no se consignaba que fuera erradicado, sino que continuaban la marcha, así en diferentes días con distintas unidades del mismo destacamento. Tuve la oportunidad de preguntar al secretario del entonces procurador Madrazo por qué no erradicaban todos los plantíos, a lo cual me respondió: no podemos erradicar todos los sembradíos porque el efecto que tendría en la economía sería mayúsculo. Entendí ese día que la política de erradicación se trataba en realidad de una administración de plantíos y por tanto un incentivo para poner cuotas para no ser erradicados. Las Fuerzas Armadas son corrompibles.

Años después, ya en el sexenio de Vicente Fox, en Ocosingo, Chiapas, una mujer tojolabal fue acusada de narcotráfico. Resulta que llevó un cargamento de marihuana a la base militar de San Quintín y su familia no entendía por qué, si el comandante les alquiló la tierra para sembrarla, ahora era apresada. Resultó que hubo cambio de comandancia y el nuevo responsable no tenía conocimiento del trato. Las Fuerzas Armadas son corrompibles.

En aquellos años era conocido por los turistas que llegaban a San Cristóbal de Las Casas la calidad de la marihuana que se conseguía en San Andrés Larrainzar, otro lugar de fuerte presencia militar a juzgar por el número de habitantes. Tiempo después, la fama cambió por la cocaína que se conseguía en el mismo poblado. Una producción local, casi inocente, era desplazada años después por la provisión de una red internacional de tráfico de droga bajo la mirada del destacamento militar que controla la salida y entrada del pueblo.

En el mismo sexenio de Vicente Fox, acompañé al obispo emérito Don Samuel Ruiz y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, a la Secretaría de Gobernación por un tema de grave preocupación para la paz en la zona. Por denuncia de las comunidades en la región de Montes Azules supimos de la ampliación de una pista rural de aterrizaje, donde aviones cada vez más grandes, provenientes del sur, descendían con cargas de droga que luego serían recogidas por otros aviones que las llevarían hacia el norte. Estaban construyendo un puente aéreo en medio de la Lacandona bajo los ojos del Ejército mexicano que controla el territorio de la selva de Chiapas con más de una decena de campamentos y particularmente el espacio aéreo con especial recelo. Mientras Don Samuel exponía la situación a las autoridades federales, incluyendo el CISEN, estas nos miraban sin sorpresa, casi con ternura, y recordé las bitácoras de Chihuahua. Las Fuerzas Armadas son corrompibles y los civiles les creamos la oportunidad.

Los militares responden a las órdenes, eso dijo el general Crescencio Sandoval para justificar por qué no intervino en la masacre de Allende; lo mismo pasó en Acteal cuando los militares estaban a menos de un kilómetro de distancia y no intervinieron para impedir el ataque que duró siete horas. En Iguala se les vio intervenir un momento en un hospital, al parecer para obtener información, pero no para prevenir los asesinatos y la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. En todos estos casos de corrupción, o de crímenes atroces, ya sea por acción o por omisión, no dejan de ser responsables, es inaceptable en un estado de derecho, pero los militares aparecen como testigos mudos porque su naturaleza es obedecer, sean actos legales o no, antes que hacer valer ley.

La experiencia de cinco sexenios nos ha enseñado que la Fuerzas Armadas realizando tareas que corresponden a civiles actuarán bajo la debida obediencia antes que el principio de legalidad. Contrariamente, entre más insistimos en cederles funciones que no les corresponden, con la misma intensidad los exponemos a esquemas de macro corrupción y de crímenes atroces.

Michael W. Chamberlin. Defensor de derechos humanos, interesado desde joven en las causas sociales por una realidad más justa. Acompañante de víctimas, compañero en procesos organizativos. Padre orgulloso, amante dedicado, humano errante.

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