El lobby energético y sus esbirros

“Me extraña la campaña negativa en medios contra los foros de Parlamento Abierto, así como los argumentos tergiversados con respecto a sus resultados cuando es claro que las mayorías en México apoyan la propuesta del Presidente por así convenir a sus intereses”. Crédito: Cámara de Diputados

Opinión por Guadalupe Correa-Cabrera

A pesar de las infundadas críticas por parte de la oposición contra la actual administración mexicana, los foros de Parlamento Abierto sobre la propuesta de reforma al sector eléctrico en México han resultado ser, en mi opinión, un rotundo éxito. Cualquier experto en el tema del cabildeo (o lobbying en inglés) en el Congreso que sea objetivo y que no tenga interés alguno en tergiversar el análisis, estaría de acuerdo en que los argumentos de los “cabilderos” a favor de la reforma han resultado ser contundentes y avasalladores. Por el contrario, pareciera ser que la participación de los lobistas (informales) de las empresas transnacionales de energía han dejado mucho que desear.

No obstante, las críticas sin sustento por parte de quienes, a todas luces, van perdiendo el debate hasta el momento, parece claro que los argumentos del ejecutivo mexicano tienen un sólido fundamento técnico y social y, lo más importante, cuentan con el apoyo de las mayorías sociales—quienes debieran estar bien representadas en el Congreso de la Unión [aunque eso lo confirmaremos o no a la hora de la votación]. El resultado final es aún incierto, pero los foros de Parlamento Abierto avanzaron, de forma apabullante, los argumentos a favor de la reforma y convencieron a (o quizás ejercieron cierta presión real en) muchos escépticos—parece ser que, entre ellos, se encuentra el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Los debates en estos extraordinarios foros dejaron ver “quién es quién” en términos de capacidad argumentativa, exposición de mentiras o noticias falsas, y representación de intereses (algunos económicamente muy poderosos). En suma, ganaron (y por mucho) los lobistas que apoyaban la reforma—a pesar de lo que dice un segmento pequeño (pero muy poderoso) de la opinión pública y el empresariado, así como los representantes o voceros del gran capital transnacional.

Fue una gran oportunidad participar en una de las mesas del foro donde, a título personal, y sin ningún recurso ni interés de por medio [“a mí que me esculquen”], fui a hacer lobbying a favor de una reforma que creo que es justa y necesaria para proteger los intereses de México y los mexicanos en general. Pienso en especial, al apoyar la reforma, en las familias más pobres del país—en un contexto en el cual (y aunque no se planteó en esta ocasión) la electricidad debiera ser un “derecho humano”.

En los foros quedó perfectamente claro que la reforma del 2013 benefició en su gran mayoría a las empresas transnacionales en contraposición al pueblo de México, quien quedó a merced de una industria privada oligopólica que dominaría un mercado estratégico como el de la electricidad en caso de no aprobarse esta propuesta de contrarreforma energética. Los efectos de la privatización de esta industria en otras naciones (como España, por ejemplo) han dejado a las familias más pobres en una situación de indefensión y vulnerabilidad extrema.

Al mismo tiempo, el avance de estos capitales privados transnacionales—que se concentran principalmente en grandes fondos de inversión como BlackRock o The Vanguard Group—no favorecen la libre competencia, y por ello mantendrían los precios altos de la electricidad, afectando así a los que menos tienen. Todo esto y más se exhibió de forma contundente en los foros de Parlamento Abierto y quedaron al descubierto las mentiras de aquellos que argumentaban incapacidad del Estado para asegurar el abastecimiento de electricidad y la protección al medio ambiente.

Me extraña entonces la campaña negativa en medios contra los foros de Parlamento Abierto, así como los argumentos tergiversados con respecto a sus resultados cuando es claro que las mayorías en México apoyan la propuesta del Presidente por así convenir a sus intereses. Es claro, por otro lado, que parte del sector empresarial mexicano y extranjero—que perdería ingresos y privilegios con la reforma—se encuentra molesto y contribuyendo a una campaña en medios de comunicación y redes social para detener la propuesta del ejecutivo mexicano.

En las democracias representativas, las decisiones de esta envergadura requieren de información y debate, y la decisión final recae en los legisladores. Por lo tanto, los distintos grupos de interés (y quienes los apoyan), intentan persuadir a sus representantes de distintas maneras. Y así los que decidimos participar en este ejercicio democrático, podemos encontrar espacios para contribuir al debate sobre la reforma al sector eléctrico. Yo decidí hacerlo en los foros de Parlamento Abierto. En el caso de mi ponencia percibí demasiado drama y una crítica deshonesta o desinformada por parte de algunos interesados.

Con el objeto de argumentar sobre la pérdida de la soberanía en el caso de que no se apruebe la reforma, decidí ilustrar la red de intereses que existe detrás de este esfuerzo. Así, intenté demostrar que quienes se encuentran detrás de los ejercicios mediáticos y de manipulación de la opinión pública en foros de discusión, medios formales y redes sociales para echar abajo la reforma son: i) los grandes capitalistas transnacionales del sector de la energía; ii) los gobiernos de los países donde tienen éstos sus centros de operación, y iii) un segmento clave del sector empresarial mexicano que vio sus intereses afectados con la llegada del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”.

Mencioné nombres y apellidos, trayectorias laborales verificables, miembros de consejos directivos de organizaciones de la sociedad civil, redes de donantes y relaciones claras e identificables entre actores. Toda la información utilizada provino de fuentes abiertas o comunicaciones en redes sociales. Hablé de lobistas o cabilderos, representantes y voceros de grupos de interés, cuyas acciones y relaciones con el gran capital nacional y transnacional del sector de la energía afectan la capacidad del Estado para garantizar la soberanía y proteger el interés nacional.

Muchos de los aludidos se mostraron ofendidos por ser incluidos en mis categorías para desarrollar un análisis de redes sociales más adelante, y uno incluso amenazó directamente [ya lo había hecho desde hace algunos meses también] con demandarme judicialmente. Este último, además, manifestó su deseo de investigar mis supuestos vínculos contractuales con el Gobierno mexicano—lo que es una calumnia total. Por cierto, el término de cabildero o lobista lo utilizan muchísimas otras personas cada vez que mencionan a este personaje, pues es acorde con la definición general de este concepto y con el alcance de las funciones que realiza dicho “consultor independiente en temas de energía” de manera informal.

Algunos despistados criticaron mi participación en el foro aludiendo a falta de conocimientos y argumentos técnicos sobre el sector. Dicha crítica es totalmente infundada, pues a mí se me pidió que hablara en la mesa en comisiones correspondiente al Foro 6 del Tema 2 titulado: “El Estado como Garante de la Soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional”. La discusión sobre la reforma requiere argumentos técnicos, políticos y sociales, y yo me enfoqué en estas últimas dos áreas.

Finalmente, algunos furibundos, sin haber siquiera escuchado mi presentación [pues era evidente por sus afirmaciones sin sustento] recibieron una filtración de mi ponencia y dijeron que yo hablé de los Zetas [¡vaya noticia falsa!]. A quienes criticaron que fui a hablar al Parlamento Abierto sobre la organización criminal de los Zetas [como el Sr. Mario Di Constanzo], les tengo la mala noticia que no me dio tiempo de hacerlo.

En un libro que escribí sobre esta organización criminal (publicado en 2017/2018), muestro tendencias interesantes que ligan a la delincuencia organizada de corte paramilitar con el sector de la energía. Llevo más de una década analizando al sector energético en México, las reformas al mismo, proyectos estratégicos y sus consecuencias. Creo que mi trabajo en esta área se verifica en el material contenido en este texto—que es quizás el más importante que he producido a la fecha, y que me encuentro actualizando para una posible segunda edición. Les recomiendo a mis detractores que lean mi libro [quizás empecé a estudiar este sector antes que algunos de ustedes: https://utpress.utexas.edu/books/correa-cabrera-los-zetas-inc].

Reitero mi interés por seguir investigando y escribiendo sobre el tema. Defiendo además mi derecho a la libre expresión en un espacio democrático, con respeto y únicamente con datos duros. La información que presenté en el Parlamento Abierto está basada en información abierta en las páginas de Internet de las organizaciones mencionadas, comunicaciones verificables en redes sociales y CVs de consultores, exfuncionarios públicos, periodistas, columnistas y analistas de think tanks u otras “organizaciones de la sociedad civil”.

Algunos de los personajes a los cuales me referí fungen como lobistas o cabilderos de manera informal, otros como representantes y algunos como facilitadores o voceros de grupos de interés. Los consejos directivos de algunas de las organizaciones que mencioné (como IMCO o México Evalúa) y sus listas de donantes dicen mucho de las mismas. Es imposible pensar que los recursos económicos que reciben de empresarios y los consejos brindados por gente influyente y poderosa financieramente, no influyan en las actividades de la agrupación. Es ingenuo pensar que un consultor independiente en temas de energía, que recibe un pago de sus clientes (entre ellos, empresas privadas del sector energético), no opere a favor de los mismos considerando el contexto actual.

Las preguntas que muchos nos hacemos y las críticas que derivan de esta exposición de redes de intereses están más bien vinculadas con la existencia de puertas giratorias entre el sector público y el privado, y los posibles conflictos de interés o tráfico de influencias. En este sentido, no me es posible afirmar nada con certeza por el momento. Lo único que se puede pedir son auditorías en diversas áreas y la definición de mecanismos concretos para asegurar la transparencia de los contratos de consultores externos en temas de energía. También se debe definir de forma más amplia, y en términos jurídicos más adecuados, la labor del cabildero o lobista en México.

Es de particular importancia pedir a nuestros congresistas que legislen sobre este tema para formalizar y poner nombre y apellido a los lobistas del gran sector empresarial nacional y transnacional en el sector de la energía. No tiene nada de malo representar a una empresa transnacional en diferentes procesos, lo que debemos hacer es transparentar los mismos. Y dado que hablamos de un tema de seguridad nacional, ello adquiere especial importancia. Por ello, la corrupción y conflictos de interés, en caso de probarse, son más delicados aún.

Recuerdo que Felipe Calderón Hinojosa, al dejar la Presidencia de México, fungió como miembro del consejo de administración de Avangrid, filial de española Iberdrola. Dicha empresa recibió enormes prebendas y pudo extender su influencia en el mercado mexicano de los energéticos de forma extraordinaria (y sin precedentes) desde ese momento. ¿Existió conflicto de interés en ese caso? Creo que cuestiones tan delicadas como ésta deben investigarse a profundidad y, en su caso, sancionarse como es debido. El atraco a nuestro país relacionado con esquemas de este tipo se pudo haber dado en el contexto de las denominadas “puertas giratorias” entre el sector público y el privado—y en varias ocasiones pudieron haber implicado serios actos de corrupción o conflictos de interés.

En efecto, en el Parlamento Abierto hablamos de recursos estratégicos, y este es un tema de seguridad nacional. El Estado es garante de la soberanía, y favorecer de tal manera al sector privado como se hizo en 2013 (y desde antes) debilita al Estado y empobrece a la Nación, poniendo en riesgo a los sectores más pobres y vulnerables de la población. Recordemos que en sectores oligopólicos como el de la electricidad, los gigantes empresariales tienen un poder de mercado tal, que debiera ser regulado. No se valen las puertas revolventes o giratorias, pues favorecen los conflictos de interés y la corrupción.

Me parece importante revisar el otorgamiento de algunos contratos leoninos e identificar a los servidores públicos que los facilitaron, sentando así las responsabilidades en caso de ser necesario. También pediría que se realicen auditorías a las manifestaciones de impacto ambiental (MIAs) que se realizaron en tiempos de Pedro Joaquín Coldwell y que se investigue un poco más cómo se llevaron a cabo las consultas con las comunidades indígenas para facilitar las inversiones de la iniciativa privada en algunas regiones clave del territorio nacional. Funcionarios públicos de este tiempo quizás nos podrían comentar algo al respecto. Me interesan sobre todo estas últimas cuestiones, puesto que desde que empecé a estudiar el tema identifiqué afectaciones a comunidades indígenas y asesinato de líderes ambientalistas, indígenas y sociales son en zonas geoestratégicas de México.

Quizás algunas de las personas incluidas en mis categorías podrían explicarnos quiénes son sus clientes en las consultorías que encabezan o quienes son sus financistas y miembros de los consejos directivos en sus organizaciones y cuáles son las exigencias de estos últimos—que dudo mucho no existan.

Investiguemos entonces a los empleados (formales e informales), a los voceros y esbirros del lobby energético en México, quienes quiera que sean. Un lobby, es un grupo de interés y un lobista es quien intermedia entre éste y la autoridad pública. Investiguemos sus métodos y sus formas de comunicación con las autoridades y, en este momento de la discusión pública en México, las relaciones de estos actores con miembros del Congreso de la Unión. La aprobación de la Reforma Energética del 2013 está plagada de señalamientos y alegatos de corrupción que deben investigarse y, en su caso, sancionarse de la forma en que sea necesario y de acuerdo a Derecho.

Y no, Señor Ricardo Anaya, yo no digo “fregaderas” como aseguró el otro día al mencionarme y referirse a mi participación en el Parlamento Abierto. Yo anhelo un país justo donde se vele por los intereses de las mayorías pobres, respetando el Estado de Derecho. Ya responderá usted en su momento por los delitos que se le imputan y presentará las pruebas correspondientes.

Para terminar, invito a mis detractores a brindar argumentos para ser eliminados de mis categorías. Es decir, los invito a demostrar que no son esbirros del lobby energético. La relación entre quienes aquí se encuentran y el sector empresarial (nacional y/o transnacional) no se puede negar. Algunos de estos vínculos son más directos, otros más indirectos; algunos más fuertes y otros menos perceptibles.

Yo ya he revisado varias veces mis categorías y veo relaciones claras entre lobistas, voceros o representantes de grupos de interés—formales o informales—y el lobby energético. Éste perderá privilegios en caso de aprobarse la reforma al sector eléctrico y ha sido claramente desfavorecido por la actual administración mexicana (así como una parte del sector empresarial nacional que ahora tiene que pagar más impuestos). No me sorprende entonces el disgusto por parte de estos lobbies, ni sus esfuerzos por echar abajo la reforma y por criticar ferozmente al actual Gobierno de México. En este sentido, y aunque difiero con sus posturas, están en todo su derecho. Me sorprende sí, que no se hagan ayudar de esbirros más inteligentes ni competentes.

Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora Asociada en la Universidad de George Mason (Virginia, EEUU) y se encuentra afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice. Es autora del libro Los Zetas Inc. (Editorial Planeta, 2018).

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