Nunca más
Opinión por Jacobo Dayán (@dayan_jacobo)
Mientras en México seguimos normalizando la simulación, la impunidad y el olvido, otros países van dando pasos en la dirección correcta.
De nuevo en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) muestra su relevancia. 21 exmilitares reconocieron su responsabilidad en el asesinato de 247 civiles que fueron presentados como si se tratara de enfrentamientos con guerrilleros. En México abundan casos como este, cientos o miles.
Siete miembros de alto rango –coroneles, mayores y un general– aceptaron ser parte de estas ejecuciones extrajudiciales que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. A partir de esto se seguirán investigando a otros para llegar a los máximos responsables entre los que podrían estar algunos de las cúpulas militares y políticas.
Esta determinación de la JEP se suma a la acusación por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra ocho excomandantes de las FARC por cerca de 21 mil secuestros.
En México la lógica es otra. No se investigan fenómenos, es más cómodo el caso por caso. No se llega a los máximos responsables, la justicia en contados casos llega a los autores materiales dejando fuera a los creadores de políticas y estructuras violentas dentro y fuera del Estado. Por lo mismo nunca se desmantelan estas redes ni las que aseguran impunidad. Esto hace que no haya una explicación sobre la escala de los crímenes, su sistematicidad y lo generalizado de los fenómenos.
El objetivo de las fiscalías mexicanas no es la justicia sino el control político y la simulación. No se realizan investigaciones por fenómeno pues se desenmascararía a las redes de protección política y económicas. El debate público es sobre casos y eso reduce la lógica de la violencia a una narrativa simplista de “buenos contra malos” o de “manzanas podridas” dentro de instituciones que intentan contener la violencia.
Como la justicia se comprende en clave política lo que se pretende dar son golpes mediáticos que simulen Estado de derecho, entretener a la opinión pública y a los medios, y permitir a los políticos seguir evadiendo su responsabilidad, pero nunca desmantelar redes de protección política, redes de corrupción y redes criminales. Se busca crear una narrativa en la que el caso emblemático es todo el fenómeno.
Es humanamente imposible, suponiendo que hubiera voluntad, realizar cientos de miles de investigaciones por desaparición, tortura y ejecuciones. Ante el desbordamiento de estos fenómenos resulta perverso pensar que la lógica del caso abatirá la impunidad y entregará una narrativa y explicación sobre estas violencias generalizadas y sistemáticas que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Ante escenarios similares, otros países, de manera responsable, han decidido la implementación de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia que aborden los fenómenos. Qué lejos estamos de esto en México.
La clase política mexicana, de todos los partidos, se ha negado a asumir el Estado de derecho y el abatimiento de la impunidad como agenda urgente. Se prefiere simular, mantener el control político de la justicia y la verdad, al tiempo de que se apuesta por el olvido.
Jacobo Dayán. Especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Se desarrolla como docente, investigador, conferencista, activista, analista, columnista y consultor tanto en México como en el extranjero.
