¿Tiene futuro la seguridad ciudadana municipal?

Crédito: Ayuntamiento de Coatzacoalcos

Ruta Crítica

Opinión por Ernesto López Portillo

Ya son 28 años desde que Zedillo en 1994 logró la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y, en contra de las recomendaciones generalmente aceptadas en el ámbito internacional, la construcción de políticas de seguridad ciudadana en el ámbito municipal encuentra cada vez más restricciones.

En estos cinco sexenios, mis conversaciones con operadores de la seguridad en el ámbito federal han mostrado un generalizado y consistente conflicto con el municipio. Los municipios, según la versión generalmente aceptada, son el principal problema de seguridad. Ahí está la peor incompetencia y corrupción, repiten desde al ámbito federal y estatal, logrando eco en los medios de comunicación, casi siempre sin mediar evaluaciones y evidencia empírica sistematizada.

Lo cierto es que el SNSP no ha creado -y quizá nunca creará- un muestrario nacional de mejoras en seguridad soportado en la investigación aplicada y en particular en evaluaciones oficiales e independientes que permita comparar dónde se han construido las llamadas prácticas prometedoras y las buenas prácticas.

Una de las múltiples ideas que he empujado para vencer esta resistencia ha sido lanzar concursos nacionales enfocados principalmente en los municipios. Tengo evidencia de que los concursos son potentes palancas de mejora. Las autoridades federales me han dicho una y otra vez que la idea es buena, pero siempre han decidido evadirla.

Con el tiempo, he entendido que no tiene oportunidades políticas una inversión macro en la mejora de la seguridad ciudadana municipal y a la vez he logrado ser parte de experiencias de reforma institucional y participación social que han colocado a algunos municipios en el liderazgo; por ejemplo, la certificación policial ciudadana que creamos desde Insyde lleva años avanzando en municipios y solo apenas está iniciando en el ámbito estatal.

Lo que ya puedo afirmar sin asomo de duda es que para la inmensa mayoría de los gobiernos de cualquier color las políticas de seguridad generalmente no están sujetas a prueba ni de legitimidad ni de eficacia. El tiempo me dejó confirmar este brutal hallazgo, para entender que la disputa casi nunca se trata de qué funciona para construir la seguridad ciudadana y casi siempre tiene que ver con quién logra imponer el proyecto político desde donde se manipula la seguridad.

Los tres colores políticos en la Presidencia en estos cinco sexenios, cada uno a su manera, han decidido reproducir las condiciones de restricción que debilitan de manera crónica y estructural la posibilidad de que los municipios maduren sus políticas de seguridad ciudadana, comenzando por las limitantes presupuestales.

O bien, ahí donde sí han crecido los recursos y hubo mejoras, tampoco llegaron las evaluaciones técnicas -salvo excepciones- que pudieran apalancar el apoyo político y social necesario para sostenerlas. Así, en perfecto círculo vicioso, la inmensa mayoría de los municipios fallan porque desde la política no se les apoya y no se les apoya porque fallan.

Hoy el SNSP es menos que nunca el andamiaje real de la coordinación en la materia y López Obrador ha creado un mecanismo paralelo de gestión política que forma parte de la fase superior de la militarización de la seguridad y muchas otras funciones públicas: el militarismo. Y la toma de control militar de la seguridad solo crece sin contención.

Se publicó apenas un informe de hallazgos sobre el sistema de indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; es un ejercicio importante y la pregunta gira en torno a las condiciones de sostenibilidad de las mejoras municipales que ahí se enseñan. Además, se anunció que se destinarán fondos al equipamiento de policías municipales, lo cual, según la organización Causa en Común, equivale al “33% de los 8 mil mdp que hubieran tenido los dos últimos años a partir del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, #Fortaseg, desaparecido por este gobierno en 2020”.

Por encima de todo, me quedo con las palabras de quienes entrevisté recientemente en algunos de los municipios que parecen mostrar las más avanzadas mejoras en seguridad: lamentan no tener certeza alguna de la sostenibilidad de lo que han logrado, tienen certeza de que las decisiones sobre la seguridad no están a prueba en cuanto a su legitimidad y eficacia y confirman que la intervención militar es parte de una vieja inercia que acelera el sometimiento del municipio.

En la ruta del militarismo, la ecuación es centralizar las decisiones al máximo posible en la autoridad federal; en la ruta del municipalismo, la ecuación es descentralizar lo más que se pueda. Son vías directamente contradictorias y dado que la disputa es política y no pasa por la construcción de políticas de seguridad basadas en evidencia, la hegemonía en construcción de la vía militar acaso dejará en expresión apenas marginal la seguridad ciudadana municipal o bien terminará por extinguirla.

Ernesto López Portillo. Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos.

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