Redacción EB
Los ayuntamientos de Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, gobernados por Morena, enfrentan crisis que van del corte del servicio de agua potable a acusaciones de dinero ilícito en poder de funcionarios.
En el primer trimestre de sus mandatos, la alcaldesa Carmen Lilia Cantúrosas, y los alcaldes Carlos Peña Ortiz, Mario López y Eduardo Gattás afrontan las problemáticas provocadas por los enfrentamientos políticos.
Una situación de paz viven los alcaldes de Ciudad Madero y Altamira, Adrián Oseguera y Armando Martínez, respectivamente. Hasta ahora, ambos munícipes morenistas llevan una relación cordial con el Poder Ejecutivo estatal.
Victoria sin agua
A dos meses y medio de haber asumido el poder en Victoria, el alcalde Eduardo Gattás informó de la fuga en el acueducto “Guadalupe Victoria”, que dejó sin servicio a más de 244, 781 habitantes a partir del miércoles 15 de diciembre.
La Comapa Victoria, a cargo del municipio, atendió la ruptura de la tubería de concreto de 36 pulgadas de diámetro, a la altura del kilómetro 25 de la carretera a Soto La Marina. El gerente general del organismo, Eliseo García Lea, dijo que el tubo tenía 30 años de antigüedad, por lo que se rompió.
Cientos de victorenses madrugaron el jueves y viernes para surtir sus tinacos y otros depósitos de agua, luego de que desde la mañana del miércoles no contaban con el suministro en la red.
Aunque el desabasto, dijo el alcalde Gattás, será solucionado el sábado, el problema de fondo, que es el inicio de la segunda parte del acueducto con un costo de casi 2,000,000,000, se tiene programado hasta 2023.
El director general de la Cuenca Norte de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Jesús Chiu Vega, detalló que este año ya no pudo ser posible la entrada del proyecto al organismo, puesto que se detectaron algunas observaciones técnicas incorrectas.
“Calculo que para pasado mañana (el sábado) ya tenemos agua, mañana en la mañana empezamos a pasar agua, si no hay fuga y funciona lo que estamos haciendo cerramos eso y ya aventamos todo el agua. Si Dios nos ayuda, pasado mañana tenemos agua”, dijo Gattás.
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Buscan bomba y hallan miles de pesos en Reynosa
El jueves personal del ayuntamiento de Reynosa recibió dos llamadas para amenazar que una bomba explotaría en el Palacio municipal. Por ello, elementos del Grupo de Operaciones Especiales acudieron a revisar las oficinas ubicadas en el centro del municipio.
Las comunicaciones fueron respondidas a las 12:37 horas en el conmutador de la presidencia, por lo que personal de Protección Civil y Bomberos y Seguridad Pública y Vialidad acudieron a evacuar. Los Gopes con un binomio canino y el Ejercito Mexicano buscaron el artefacto.
Tras el operativo, el alcalde Carlos Peña Ortiz declaró un faltante de 24,000 pesos de recursos municipales luego de que autoridades estatales localizaron y aseguraron 397,000 pesos de la Secretaría del Ayuntamiento.
El presidente explicó que debido a la emergencia se resguardaron 421,000 pesos, recursos procedentes de los cobros a comercios, espectáculos y otros ingresos municipales. Ante la urgencia, el dinero no pudo ingresar a la caja.
“Que se reintegren el corte que nosotros tenemos es de 421,000 pesos, ellos dicen que son 397,000 pesos, obviamente ahí está el recurso de pisos, espectáculos, el recurso de todo”, expresó Peña Ortiz.
Además, agregó, también existe un faltante en su oficina particular de 3,000 pesos, mientras que en otras áreas ocurrieron otros de hasta más de 4,000 pesos.
Carlos Peña anunció que interpondría una denuncia ante la Fiscalía Genera de la República (FGR) por las amenazas de bomba. Hubo una tercer la tarde de ayer viernes.
A la par, el secretario del Ayuntamiento, José Luis Márquez Sánchez, informó que se presentó en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. El funcionario negó que el dinero sea de su propiedad, como se publicó en algunos medios locales y dijo que espera tener acceso al Informe Policial Homologado (IPH) para conocer si se realizaron los lineamientos que establece el Código Penal.
Arrebatan instalaciones públicas
Policías estatales ingresaron a 6 centros de bienestar en Nuevo Laredo, debido a una denuncia penal interpuesta por el gobierno de Tamaulipas que reclama su posesión, informó el ayuntamiento gobernado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas.
El operativo se realizó a las 19:30 horas del jueves de forma simultánea en las instalaciones, que se usan para repartir apoyos de los programas federales y dar talleres de oficios.
La entrada a los centros, detalló personal municipal, se dio con destrozos a los accesos y al material de trabajo, además de que borraron los logos del gobierno municipal morenista.
La administración estatal no ha explicado la irrupción de policías estatales, peritos y agentes del Ministerio Público.
El ayuntamiento de Nuevo Laredo anunció acciones legales para recuperar los espacios. El secretario del Ayuntamiento, Juan Ángel Martínez Salazar, y la secretaria de Bienestar Social, Leticia Yazmín Meneses Camino, detallaron el caso en una rueda de prensa.
Martínez precisó que interpondrán un amparo indirecto ante la justicia federal, y posteriormente atenderán el juicio penal estatal, donde los acusan de despojo.
“Todo es una serie de irregularidades, de aberraciones y de excesos, usaron todo fuerza pública en forma simultánea. Nos arrebatan esos centros y no les asiste ese derecho, el comodato terminó, y arman una querella sin notificarnos, sin respeto al debido proceso y al derecho de audiencia”, señaló Martínez.
Martínez Salazar afirmó que notificaron a la Secretaría del Bienestar del Estado que daban por concluido el comodato, que se venció en el 2018 y nunca se renovó.
“El contrato de uso en comodato, de hecho, nunca se formalizó el contrato, ni en documento, el cabildo solo lo autorizó, pero no hay contratos en el archivo que nos dejaron, el acuerdo de Cabildo decía que se vencía en el 2018”, explicó Martínez Salazar.
El ayuntamiento detalló que tras notificarle la propiedad de los centros a la Secretaría del Bienestar estatal, el gobierno estatal pidió actas del inmueble el 8 de noviembre, y ayer viernes se enteraron que había una denuncia penal por despojo en la Fiscalía General de Justicia del Tamaulipas.
Al cierre de la nota, la administración estatal mantiene el control de las instalaciones.
Quintan control de Junta de aguas a Mario López
La Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros es el centro del enfrentamiento entre los poderes estatal y local, desatado el martes 14 de diciembre en una reunión interna.
En la sesión del Consejo Consultivo de la JAD, los consejeros, liderados por Christian Pérez Cosío, designaron a Rodolfo Hernández Piña, quien fuera contralor en la administración de la panista Leticia Salazar, como nuevo gerente general de la JAD.
El bloque de ciudadanos, acusó el alcalde Mario López, impidió que presentara sus 3 propuestas: Rubén Gutiérrez González, Hugo Díaz y Rogelio García Moreno, ciudadanos matamorenses. El presiden decidió abandonar la sesión y comenzar una lucha legal y pública por el control de la JAD.
El equipo jurídico del ayuntamiento impugnó el nombramiento de Hernández Piña. “El nombramiento se hizo en clara violación al artículo 33 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas que establece que un funcionario de ese nivel debe contar con cédula profesional relacionada con la función y contar con experiencia técnica y administrativa comprobadas, de por lo menos 5 años en materia de agua”, puntualizó Jorge Rentería Campos, presidente de la Comisión de la Junta de Aguas y Drenaje en el Cabildo fronterizo.
El regidor anunció que harán plantones afuera de las instalaciones de la Canaco, de Canacintra y del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales porque formaron parte del nombramiento.
