A dónde van los desaparecidos / Columna invitada
Opinión por Jorge Verástegui González (@JorgeVerastegui)
Hace 10 años, cuando eran menos los años contados desde la desaparición de Toño y Toñín, mi hermano y mi sobrino, conocí lo que había pasado durante las dictaduras del Cono Sur. Cómo las familias preguntaban por sus familiares y no recibían respuestas, no había incluso registro de sus familiares. El Estado no solo los había desaparecido físicamente, sino que hacía lo posible por borrarles de los registros oficiales.
Con los años empezamos a exigirle al gobierno un registro de las personas que estaban siendo desaparecidas, que publicaran fichas de búsqueda con sus fotografías, sus datos generales, que se pusieran espectaculares como los que se usaban para ofrecer recompensas. Queríamos que sus nombres se hicieran públicos, que dejarán de ocultarlos y de desaparecerlos entre su burocracia. En 2012 finalmente se publicó la ley que creó el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED). Fue un avance parcial, ya que las personas reportadas por la entonces Procuraduría General de la República aparecían con nombres, mientras que las reportadas por el fuero común, no; en ambos casos, aún así, se podía hacer una búsqueda por nombre.
El RNPED tenía una serie de irregularidades y errores que fue posible identificar, gracias a que eran datos abiertos y a la posibilidad de hacer búsquedas por nombre de la persona desaparecida. Como familiares teníamos la posibilidad de verificar si la autoridad estaba transmitiendo los datos en forma correcta y la sociedad podía seguir la evolución de la problemática. En 2015 comenzó un proceso para crear una ley especializada en materia de personas desaparecidas que entró en vigor en enero de 2018, naciendo con ella el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
En los primeros meses de implementación de la Ley General y del RNPDNO se creó el Sistema Único de Información Tecnología e Informática a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y una versión pública del RNPDNO, la cual tenía la función de realizar búsqueda por nombre, pero ya no se podía descargar la base de datos como en el RNPED creado en tiempos de Calderón. En julio de 2020 la CNB presentó una nueva plataforma del RNPDNO, a la cual se le había eliminado la posibilidad de realizar búsquedas por nombre y descargar la base de datos.
En julio de 2020 solicité a la CNB la base de datos del RNPDNO, especificando que se me entregara con los nombres de las personas desaparecidas. No perecía que fuera a resultar un proceso tortuoso y revictimizante, tomando en cuenta que la doctora en derecho Karla Quintana Osuna, titular de la CNB, se caracterizaba por tener posturas progresistas y respaldar el derecho a la búsqueda, inclusive al grado de confrontarse públicamente con la Fiscalía General de la República (FGR). La realidad sería muy diferente a la cara discursiva y confrontativa que mostraba Quintana Osuna cuando le tocaba desviar la atención con sus ataques a la FGR.
En el pensamiento jurídico de avanzada de Quintana Osuna, el publicar los nombres de las personas desaparecidas no estaba cerca de un horizonte de apertura, transparencia y sobre todo lógica y legalidad. La dependencia a su cargo solicitó clasificar los nombres de las personas desaparecidas, es decir, ocultarlos alegando que al ser datos personales no podían ser difundidos. Esto aun cuando las leyes en materia de protección de datos personales son claras cuando se trata de información sobre personas reportadas como desaparecidas y que la misma Ley General en materia de personas desaparecidas señala, como regla general, que los datos deben ser públicos, con la excepción de que esté en riesgo la seguridad de la persona desaparecida o su familia.
En diciembre de 2020, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que me asistía la razón y que la CNB debía entregar la base completa del RNPDNO. Sin embargo, la CNB se negó a dar la información. En junio de 2021, el INAI determinó que la CNB había incumplido la resolución y dio vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación para que iniciara el proceso correspondiente. A la fecha, el aparente discurso solidario de Quintana Osuna no se ha reflejado cuando le toca poner en práctica sus funciones.
En junio de 2021 solicité nuevamente la base de datos y se repitió la misma historia: La CNB se negó a entregar la información, el INAI le ordenó entregarla, la comisión mantiene su postura de no hacer públicos los nombres de las personas desaparecidas, muy similar a cuando los militares de esas dictaduras del Cono Sur les negaron a las familias el derecho a acceder a los registros. Por su parte, el INAI es omiso en ejercer sus facultades e iniciar un proceso de sanción contra la CNB toda vez que el Instituto ha resuelto, en múltiples ocasiones, que se debe entregar la base de datos del RNPDNO. La CNB, en una acción de desacato, se ha negado a entregar la información manteniéndola oculta.
Espero que Karla Quintana Osuna, ni ninguna otra persona tenga que someterse a un proceso de tortura como al que me han sometido, menos aun a buscar entre miles de registros testados los datos mínimos para tratar de encontrar a mi hermano y a mi sobrino. La institución encargada de la búsqueda de las personas desaparecidas hoy se ha convertido en una institución que oculta a las personas que debería de buscar. Quizás si se dejara el protagonismo, las confrontaciones con otras instituciones y se centrara en hacer lo que le toca, podríamos tener un Registro Nacional digno, no uno que promueve la desaparición.
Jorge Verástegui González. Hermano de Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo fueron desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Parras, Coahuila.
