Margarita: ocho años en búsqueda de justicia

Punto G(ire)

Opinión por Gire (@GIRE_mx)

En 2013, Margarita cursaba un embarazo de alto riesgo que ponía en peligro su salud física y emocional, pues podía desarrollar diabetes y preeclampsia, y también presentar una obstrucción del intestino delgado por hernia interna como consecuencia de una cirugía previa. Por estas razones, ella quiso interrumpir su embarazo, decisión que comunicó al personal de salud que la atendía en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (lSSSTE). El Instituto rechazó la solicitud de interrupción del embarazo de Margarita debido a la ausencia de la causal salud para abortar en el Código Penal Federal, y a que la Ley General de Salud no la prevé de manera expresa.

Por lo anterior, Margarita inició un arduo proceso legal en búsqueda de justicia. Desde que Margarita supo que estaba embarazada en septiembre de 2013 hasta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 15 de mayo de 2019 transcurrieron casi seis años. La SCJN reconoció que el Estado violó el derecho de Margarita a la salud y, en una sentencia de suma importancia (Amparo en Revisión 1388/2015), estableció que el aborto es un procedimiento médico que forma parte del derecho a la salud, por lo que, independientemente de si las leyes lo reconocen de manera expresa o no, las autoridades están obligadas a asegurarlo cuando el embarazo implique una afectación a la salud —física, mental o social—, razón por la cual la SCJN ordenó que el ISSSTE reparara las afectaciones a la salud de Margarita.

Sin embargo, el camino de Margarita en búsqueda de justicia no acabó ahí. Si bien la sentencia estableció criterios importantes respecto al derecho a la salud de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, debido a los límites del juicio de amparo, la orden de reparación fue limitada: a seis años de habérsele negado la atención médica, la reparación del daño debió haber ido más allá. Aunado a esto, el ISSSTE adoptó una postura revictimizante, pues a pesar de la sentencia de la SCJN, las autoridades del hospital continuaron señalando que no se habían violado los derechos de Margarita y que si volviese a ocurrir una situación similar le negarían la interrupción del embarazo.

No fue sino hasta el 14 de octubre de 2021, casi ocho años después de la violación a los derechos humanos de Margarita, que un Tribunal Colegiado ordenó el cumplimiento sustituto de la sentencia. A través de esta figura se puede acceder a un medio distinto de reparación que el ordenado inicialmente en la sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado que conoció del caso reconoció que Margarita había sufrido un daño moral por la negativa del ISSSTE y que no podía exigírsele regresar al hospital a recibir atención médica después de tanto tiempo. Asimismo, reconoció que a pesar de la sentencia de la SCJN el ISSSTE continuó adoptando una postura revictimizante y discriminatoria.

Margarita tuvo que esperar casi seis años para obtener una sentencia que reconociera las violaciones a derechos humanos que vivió, y dos años más para obtener una medida de reparación del daño; es decir: ha pasado casi ocho años en búsqueda de justicia.

Este caso influyó en discusiones posteriores del máximo tribunal de justicia del país, pues los argumentos que sustentaron la decisión fueron retomados por las y los ministros al discutir la Acción de Inconstitucionalidad del aborto en el Código Penal de Coahuila. Asimismo, esos argumentos han apoyado la resolución de otros casos donde mujeres y otras personas con capacidad de gestar han visto sus derechos violados debido a la falta de atención médica por parte de los servicios de salud estatales.

El camino de Margarita no ha sido en vano; sin embargo, es necesario reflexionar y seguir buscando cambios estructurales. Por ejemplo, un cambio de narrativa en torno al aborto, tanto en los servicios de salud como en las instancias de procuración e impartición de justicia, y considerar al aborto como un servicio de salud, amparado por los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía reproductiva, a la salud, a la integridad personalidad, y a la igualdad y no discriminación.

Ante las violaciones a los derechos humanos derivadas de la penalización y estigmatización del aborto, los estándares de derechos humanos constituyen la ruta para garantizar que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan decidir libremente sobre su vida reproductiva. Desde GIRE seguimos trabajando para que nunca otra persona deba recorrer un camino tan largo y desgastante en busca de justicia.

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