Las autoridades civiles callan y apagan la luz

Crédito: Gobierno de México

Ruta crítica

Opinión por Ernesto López Portillo

Nadie podrá decir que no hemos insistido por años y de manera consistente en que la ruta de la militarización de la seguridad no resolverá las violencias y podría en cambio ser costosísima. Y nadie podrá decir que no advertimos de los riesgos, aún mayores, cuando vimos la evolución desde esa militarización hacia el militarismo, que se da cuando el gobierno “celebra las cualidades superiores de las instituciones castrenses y las coloca por encima de las civiles.

Hemos cumplido tres años monitoreando la actual política federal de seguridad desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX. En este periodo publicamos reportes que documentan la vía de la militarización y el salto hacia el militarismo, abarcando nuestro análisis desde 2007 a la fecha. Venimos construyendo una amplia sistematización de la evidencia, principalmente con base en información oficial; por ejemplo, hemos documentado que, mientras en el 2007 había poco más de 52 mil militares desplegados en tareas de seguridad pública, para septiembre de 2021 ya eran más de 215 mil, periodo que coincide con la multiplicación por cuatro de los homicidios violentos.

Por su parte, acaba de ser publicada una plataforma de datos inédita denominada Inventario Nacional de lo Militarizado, donde se informa que “En los últimos 10 años han sido asignadas 246 tareas civiles a las fuerzas armadas; 138 a nivel federal y 109 a nivel local. Esto incluye tareas como: control migratorio, reparto de apoyos sociales, educación, salud e incluso la reubicación de dos juzgados en Chilpancingo”.

Cuando López Obrador en el 2018 anunciaba la creación de la Guardia Nacional, Arturo Zaldívar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, identificaba la Ley de Seguridad Interior -justo después de ser invalidada- como un “fraude a la Constitución”, por “eludir el mandato constitucional de que las funciones ordinarias de seguridad pública deben estar a cargo de autoridades civiles”.

A tres años de aquel “fraude a la Constitución”, lo que parece venir es la estocada final que sepultaría el perfil civil de las instituciones responsables de la seguridad pública, habiendo López Obrador anunciado ya la propuesta que llevaría la Guardia Nacional a la SEDENA. De aprobarse esto, no habrá más en México diferencia entre la función policial civil y la intervención militar en tareas policiales, acelerándose así la subordinación de los gobiernos civiles a las autoridades militares en seguridad pública.

Y la transferencia de centenas de funciones civiles a manos militares seguirá desdibujando la frontera entre el gobierno civil electo y el gobierno a manos de los militares.

Esto representa probablemente la más grave alteración política y constitucional del México contemporáneo y avanza no solo sin contrapesos, sino además sin debate alguno.

Las autoridades civiles callan y apagan la luz.

Ernesto López Portillo. Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos.

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