Congreso aprueba blindaje al fiscal Irving Barrios y su equipo en la Fiscalía General de Justicia

Carlos Manuel Juárez

El titular de la Fiscalía General de Justicia, Irving Barrios Mojica, permanecerá en el cargo hasta 2027, tras la aprobación de las y los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano del Congreso de Tamaulipas.

En la sesión extraordinaria del miércoles por la noche, el diputado Joaquín Hernández Correa expuso que la iniciativa de reforma constitucional es para “evitar que una decisión política fundamental del Congreso pueda ser desandada unilateralmente por el Poder Ejecutivo o una mayoría simple del Congreso”, dijo.

Irving Barrios Mojica fue designado procurador de Tamaulipas en octubre de 2016. Ante la transformación a Fiscalía, en diciembre del 2018, la mayoría panista del Congreso local aprobó que se mantuviera como titular de la ahora FGJ. Desde su llegada fue cuestionado por ser señalado como responsable de casos judiciales que al final se cayeron estrepitosamente.

Con 23 votos a favor, 6 en contra y 6 ausencias, la reforma a la Constitución Política de Tamaulipas se enviará a los 43 ayuntamientos para su votación en Cabildo, conforme la reciente legislación aprobada que obliga que cualquier cambio constitucional pase a aprobación de los 43 cabildos de los ayuntamientos.

El blindaje a la Fiscalía se centra en la reforma al artículo 125 párrafos séptimo fracción IV y VIII de la Constitución. Una parte establece el mecanismo de elección para todos los fiscales especializados, quienes deberán ser propuestos por el Fiscal general y aprobados con el voto de dos terceras partes del Congreso estatal.

Además, la redacción aprobada para la fracción cuarta es: “El Fiscal General podrá ser removido por el titular del Ejecutivo únicamente por las causas graves que establezca la ley. La remoción deberá ser aprobada dentro del plazo de diez días por el voto de al menos dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado. En caso de negativa o vencido el plazo, el Fiscal General permanecerá en el cargo y no podrá ser removido por los mismos hechos que originaron el procedimiento”.

Fiscal señalado

Barrio Mojica integró el equipo de Marisela Morales en la SIEDO.

En 2009, Barrios Mojica fue titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Procuraduría General de la República (PGR) y detuvo a 10 alcaldes y 25 funcionarios estatales y municipales de Michoacán, con base en órdenes de localización y presentación giradas por la entonces SIEDO. Pese a que fueron acusados de vínculos con el grupo delincuencial “La Familia”, todos quedaron en libertad por falta de pruebas.

Aunado a lo anterior, otro caso es la detención del excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, por la que el fiscal tamaulipeco está denunciado ya que se dio durante su periodo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR. En el caso también se encuentran señalados Nora Caballero Trejo, Silvia Méndez Mendoza, José de Jesús Ortíz Jiménez y Víctor Hugo Martínez Rocha

El caso de la familia Herrera Valles comenzó en 2008. Los hermanos Arturo, Jorge y el hijo de éste último integraban la Policía Federal. En febrero de ese año, el comisario entregó dos cartas al presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde expuso posibles actos de corrupción cometidos por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna.

Seis meses después, la PF inició un procedimiento disciplinario por presunta conducta indebida, incluidas ausencias no autorizadas contra Jorge Herrera. Al mes siguiente fue despedido de su puesto de comisario y el 4 de septiembre, su hermano Arturo, quien se desempeñaba como inspector general en Villahermosa, Tabasco, fue arrestado por el delito de crimen organizado.

En septiembre de 2008, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó a José Salvador Puga Quintanilla, alias el “Gordo”, junto a otro hombre acusados del delito de secuestro en el Estado de México. En los días posteriores, “el “Gordo” fue aceptado como testigo colaborador. Bajo el nombre clave “Pitufo” acusó a la familia Herrera Valles de nexos con el Cártel del Golfo. Las imputaciones los llevaron a prisión.

La PGR mantuvo preso a Arturo Herrera hasta el 10 de agosto de 2011, cuando se decretó que no había pruebas en su contra por delincuencia organizada. Sin embargo, Jorge Herrera estuvo cuatro años en prisión por el delito de delincuencia organizada. El 6 de septiembre de 2012, un juez federal decretó su inocencia y ordenó su libertad.

En marzo de 2014, Jorge Herrera denunció a la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales, a su coordinador de fiscales Írving Barrios Mojica, a 3 Ministerios Públicos que participaron en la integración de la averiguación previa en su contra, y los testigos protegidos Pitufo, Roberto López Nájera, con nombre clave Mateo”, y Roberto López Nájera, identificado como “Jennifer”.

“La denuncia la presenté en marzo de 2014 contra Marisela Morales y los servidores públicos que integraron mi averiguación previa… hubo una serie de irregularidades, ha sido una situación muy complicada porque la PGR en ese tiempo parece ser que ha estado protegiendo a los servidores públicos que yo denuncié.Él (Irving Barrios Mojica) fue el artífice de los testigos protegidos que hicieron tanto daño a muchísimos servidores públicos y que al final de cuentas debe ser investigada su actuación”, expresó Jorge Herrera en entrevista.

Este es un nuevo intento de la familia Herrera Valles por llevar a prisión a las y los exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón. En septiembre de 2020, el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito le otorgó un amparo y ordenó a la FGR resolver si debía reabrir la investigación. Sin embargo, el pasado 23 de septiembre, el Ministerio Público notificó el no ejercicio de la acción penal mediante el oficio FGR/FEAI/DGDCSPI/A/402/2020.

En mayo de 2020, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), admitió, de manera excepcional, al caso “1413-08, Javier Herrera Valles y Arturo Herrera Valles y familia. México.” La petición fue presentada ante la CIDH en diciembre de 2008 bajo alegatos de detención ilegal, maltrato en custodia y deficiencias sustantivas en los procesos penales contra Javier Herrera Valles y su hermano Arturo.

Los hermanos alegan que las acciones del Estado resultaron en el acoso de miembros de la familia, así como otras violaciones, como el derecho a la libertad de expresión, derechos políticos y el derecho a la protección de la honra y de la dignidad.

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