Por Jacobo Dayán
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció hace unos días, después de tres años de examen preliminar de la situación en Filipinas, que existe una base razonable para pensar que se han cometido crímenes contra la humanidad y que por ello deciden abrir una investigación.
Los crímenes investigados están relacionados a la campaña de “guerra contra las drogas” emprendida por el gobierno filipino de Rodrigo Duterte. Desde julio de 2016 miles de personas han sido asesinadas por su supuesta participación en la venta o consumo de drogas. Algunos de estos asesinatos han ocurrido en enfrentamientos entre grupos relacionados con las drogas y otros como ejecuciones extrajudiciales en las operaciones anti narcóticos como una política de Estado.
Imposible leer las conclusiones de la CPI y no pensar en el caso mexicano donde la narrativa oficial y los hechos apuntan exactamente en la misma dirección.
En ambos casos, Filipinas y México, se trata de ataques generalizados y sistemáticos contra población civil como parte de una política y con absoluta impunidad. Los jueces de la CPI afirmaron que los miles de asesinatos en Filipinas en la llamada “guerra contra las drogas” no se tratan de una legítima aplicación de la ley ni que se trate de “excesos” sino que constituyen crímenes contra la humanidad.
La CPI investiga y sanciona a los máximos responsables y opera de manera complementaria a la justicia local, es decir, solo tiene competencia cuando la justicia nacional no puede o no quiere operar. En el caso mexicano tenemos cientos de miles de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas por parte de fuerzas del Estado, grupos criminales y de ambos operando en colusión. La impunidad es prácticamente absoluta. A los altos mandos criminales y del Estado nunca se les investiga por estos crímenes.
Entre otras evidencias, la CPI hace referencia a un documento de la Policía Nacional filipina en que se menciona la intención de “neutralizar” a los sospechosos. Asombrosa similitud con lo documentado por el Centro Pro sobre el caso Tlatlaya, en el que un documento oficial ordena que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. En ambos casos los asesinatos son consecuencia de las instrucciones oficiales de alto nivel.
Incluso el presidente López Obrador ha afirmado una y otra vez que en sexenios anteriores se daba la orden de asesinar garantizando impunidad a los perpetradores. A pesar de que AMLO afirma que esto ya no ocurre en su administración, diversas investigaciones periodísticas demuestran lo contrario.
No solo los crímenes y las motivaciones tienen paralelismos, el discurso oficial en ambos países respalda la política contra grupos criminales y la reiterada justificación de muertes en enfrentamientos que después de investigarlos, resulta que no ocurrieron. La protección política que se otorga al garantizar impunidad a los más altos responsables es otro elemento en común al igual que las alteraciones y ocultamiento de información.
Darle seguimiento al caso filipino en la CPI es de especial relevancia en México por las enormes similitudes. Diversas organizaciones y colectivos de víctimas han enviado a la CPI comunicaciones detallando la realidad mexicana, pero la Corte aun debate si debe abrir un examen preliminar sobre la situación en nuestro país. Todo indica que se trata más de un asunto político que técnico.
Si en el actual gobierno hay un compromiso con la justicia, como dice tenerlo, podría pedirle a la CPI que investigue. ¿Será que garantizar impunidad a altos mandos políticos y de las fuerzas de seguridad es central para el actual gobierno como lo fue en el pasado? Es evidente que estamos ante políticas criminales, públicas y del crimen organizado, arropadas en el perdón y olvido.
