Despojo y violencia homicida en México

Opinión por Rodrigo Meneses

De acuerdo a organismos internacionales, el despojo —entendido como el acto de apropiación de bienes, especialmente terrenos, edificios y otros tipos de bienes inmuebles, mediante la violencia y la fuerza— representa una de las actividades ilegales en auge en las sociedades contemporáneas. En los últimos quince años se ha visto un número sin precedentes de sujetos desposeídos de su propiedad en comparación con cualquier otro momento de la historia poscolonial. Durante estos años, también ha habido un aumento en las cifras de violencia asociada al despojo y el desplazamiento forzado de la población, sobre todo en los países del Sur Global. México no es la excepción. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública permiten apreciar una tendencia similar durante los últimos veinte años, y más preocupante aún es que a nivel local existe una relación significativa entre el crecimiento en denuncias por despojo y el aumento del homicidio.

En nuestro país, casi medio millón de personas denunciaron el despojo de sus propiedades. En estos años, las denuncias por este delito pasaron de 19,000 eventos en 2002 a 29,000 en 2020. A lo largo del país, aunque los registros de despojo aumentaron de manera desigual entre las 32 entidades, en cuatro estados —Coahuila, Colima, Querétaro y Tamaulipas— se mantienen en aumento.

Dadas las características de la información pública disponible, resulta imposible determinar tanto el tipo de propiedades que han sido reportadas como despojadas, como su tamaño y valor. Sin embargo, algo que los datos sí permiten es localizar las relaciones de despojo en el tiempo y espacio en que tuvieron lugar.

Ilustración: Patricio Betteo

Los sexenios del despojo

En este análisis se tomaron en cuenta cuatro subperíodos, con base en la disponibilidad de datos publicados por las autoridades mexicanas de seguridad pública. De acuerdo con la Clasificación Estadística de Delitos (CED) de 2011, se clasifican bajo el término despojo “todas aquellas figuras delictivas en las que, para su configuración, el victimario ocupa aguas o un bien inmueble propio o ajeno, sin derecho a hacerlo, mediante el empleo de la violencia, el engaño o la furtividad, o bien ejercita un derecho real que no le correspondía”. Se representan, genéricamente, las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) y, parcialmente, las de Vicente Fox (2002-2006) y Andrés Manuel López Obrador (2019-2020). La N reportada en la Tabla 1 representa el número de jurisdicciones locales para las cuales se dispuso de información para cada corte temporal. 

Tabla 1. Ciclos de despojo en México, 2002-2020

PeriodoNMediaDesv. EstándarRangoMín.Máx.Suma
2002-2006303191.532725.67110524011 32595 746
2007-2012314104.413732.831596714416 111127 231
2013-2018324101.413733.31165683716 605131 245
2019-2020321781.311961.54824213825557 002
Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020)

La proporción de eventos de despojo reportados ante las autoridades del sistema de justicia penal fue mayor en los periodos 2007-2012 y 2013-2018 que en los periodos anterior y posterior. Para el comprendido entre 2007 y 2012, la proporción de eventos de despojo reportados ante las autoridades del sistema de justicia penal fue mayor en 22 de las 30 jurisdicciones analizadas respecto al periodo anterior, lo que da cuenta de la magnitud del cambio analizado.

Para el periodo siguiente (2013-2018), la variabilidad entre registros da cuenta de la estabilidad que adquirió este patrón de transferencia violenta y forzada de la propiedad. También aumentó el reporte por este delito en casi la mitad de las entidades analizadas (15 de las 31). La estabilidad entre estos periodos es tal que, a pesar de los crecimientos mostrados, la diferencia no resultó estadísticamente significativa. Por otro lado, la aparente tendencia a la baja para el periodo 2019-2020 puede deberse a cambios en los registros reportados por ciertas entidades, como la Ciudad de México.

El despojo y la violencia local

Un estudio reciente sobre homicidio y despojo en México realizado por varios profesores del CIDE muestra que, a nivel municipal, el crecimiento de los reportes por despojo está íntimamente relacionado con los aumentos desproporcionados de la violencia homicida en México. La relación “despojo-homicidio” fue significativa en el 10 % de los municipios en el periodo analizado; es decir, en uno de cada diez municipios mexicanos, el despojo y la violencia se superponen en distintos niveles.

Fuente: Elaboración propia con información de SESNSP (2020). Publicado originalmente en Meneses-Reyes, R., García-Tejeda, E., Fondevila, G., y Massa, R. No life, no land: Homicide and dispossession in Mexico. Land Use Policy, 108, 105593, 2021

En algunos casos —marcados por el color rojo oscuro—, el despojo y el homicidio parecen generar conglomerados en los que ni la vida ni la propiedad pueden darse por sentadas. Esta coloración representa a aquellos municipios con altos niveles de despojo rodeados de municipios con altos niveles de homicidio (alto-alto) y comprenden 15 % de todos los municipios en los que la asociación “despojo-homicidio” fue significativa. Los otros casos —que aparecen en azul— muestran aquellas zonas del país en las que los niveles de despojo y homicidio son bajos y la relación es significativa. Por cada año analizado, hay una media de 163 municipios en este caso. Esta relación experimentó la mayor cantidad de cambios durante el tiempo analizado, ya que el número de municipios donde tanto el despojo como los homicidios fueron bajos aumentó de 141 en 2015 a 190 en 2019.

El despojo y la legislación penal

Es probable que todas las formas de despojo impliquen alguna forma de desplazamiento forzado, pero no todas implican un patrón de desplazamiento igualmente coercitivo. Al menos en el caso de América Latina, las guerras contra las drogas y el crimen organizado han coincidido con la segunda gran crisis de desplazamiento forzado interno en el mundo. En Colombia, por ejemplo, las organizaciones internacionales estiman que al menos 6 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza, algunas por organizaciones criminales. Asimismo, en México, organizaciones de derechos humanos estiman que casi 250,000 sujetos han sido forzados a desplazarse en los últimos años debido a la violencia generada en el contexto de la Guerra contra las drogas. En conjunto, los resultados hasta ahora obtenidos de las investigaciones sobre el delito de despojo en México validan la hipótesis que sugiere que los conflictos por la propiedad se potencian en contextos donde aumenta la violencia y el crimen.

Si bien los eventos de despojo pueden ocurrir en condiciones políticas similares, la ocupación ilegal de la propiedad sigue trayectorias diferentes y está conformada por configuraciones políticas singulares, entre las que la legislación penal juega un papel importante al definir qué eventos de despojo pueden ser considerados como delitos, cuándo y sobre qué tipo de propiedad.

La simple configuración normativa del delito de despojo sugiere que, dentro del actual sistema regulatorio mexicano, la figura delictiva del despojo representa una categoría jurídica muy resbalosa y difícil de procesar. Al menos desde la primera mitad del siglo XX, los legisladores han clasificado al despojo como un delito que únicamente puede ser procesado por el Estado a solicitud de las partes, lo que significa que no tiene la obligación de intervenir ex officio si el propietario despojado no denuncia el hecho ante una autoridad competente. Además, para que una denuncia penal de despojo sea justiciable, la víctima debe demostrar que el evento ocurrió de manera violenta o furtiva; pero, sobre todo, que ocurrió en un lapso no mayor a un año. Finalmente, durante las décadas de 1940-1950, los legisladores mexicanos reconfiguraron la figura delictiva para criminalizar, de manera específica, la toma ilegal, colectiva y organizada de propiedades en suelo urbano.

Desde entonces, han sido pocos los esfuerzos legislativos para repensar los requisitos, tiempos y procesos burocráticos que deben seguir las víctimas de un despojo. En contraparte, el sistema de justicia penal mexicano es un contexto de interacción bastante complejo, costoso, burocratizado, lento y, en general, poco eficaz en garantizar la ejecución de las sentencias y los derechos de víctimas y victimarios. Incluso, existen reportes que dan cuenta que, en ciertas situaciones, algunos funcionarios judiciales pudieron haber participado en la tramitación y legalización de despojos. Al menos dentro de la realidad analizada, pareciera que el sistema de justicia criminal ha participado más en la aceleración del despojo, a través de una política punitiva más agresiva contra el crimen organizado, que en la prevención y reversión de este modo de transferencia violenta y forzada de la propiedad.

Rodrigo Meneses. Profesor-Investigador de la División de Estudios Jurídicos y colaborador del Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

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