A pesar del Estado

Nunca más

Opinión por Jacobo Dayán (@dayan_jacobo)

México nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Así ha sido la historia y los años de la llamada transición no han sido distintos. Durante el gobierno de Fox se perdió la oportunidad de ajustar cuentas y hacernos responsables con el pasado violento y autoritario. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado no entregó justicia ni verdad. No se generó la narrativa que permitiera a la sociedad asimilar ese pasado violento, no se desmanteló el control político de la justicia, no se llamó a cuentas a las fuerzas armadas, no se buscó a los desaparecidos, no se reparó a las víctimas, los perpetradores siguen gozando de impunidad. Ante la violencia e impunidad del siglo XX se eligió el perdón y olvido.

No es de extrañar que, ante la brutal violencia e impunidad del siglo XXI, el Estado no tenga herramientas para abordarla. Decidimos, sociedad y gobierno, no tener fiscalías estatales confiables y una PGR-FGR independiente y eficiente, fuerzas armadas con controles y bajo mando civil, capacidades forenses y de búsqueda de desaparecidos, experiencia en Comisiones de la Verdad y en mecanismos extraordinarios de justicia con acompañamiento internacional, entre muchas otras. El gobierno de AMLO inició perdiendo una oportunidad de implementar este tipo de herramientas a pesar de haberse comprometido a ello.

Ahora estamos en una nueva coyuntura que abre la puerta a una oportunidad más. La consulta popular del 1 de agosto genera condiciones para entrarle de nuevo con seriedad a esta agenda o perder otra vez la oportunidad. Desde el poder parece que será esta última.

El presidente prefiere apegarse a su propia narrativa épica reduciendo las posibilidades que genera esta consulta. Morena sigue mintiendo, al igual que el presidente, sobre la materia de la consulta. No es juicio a expresidentes por ningún lado. La SCJN prefirió entregar una pregunta que no se entiende y que no genera mandato claro. Los partidos de oposición y el congreso han decidido no hablar de las posibilidades reales de la consulta. Por último, y no es asunto menor, la SEGOB también ha decidido perder la oportunidad. Ni Sánchez Cordero ni Encinas se han pronunciado sobre lo que en el periodo de transición afirmaron sería su hoja de ruta, los mecanismos extraordinarios de justicia transicional como las comisiones de la verdad.

En países medianamente normales, con vida política medianamente apegada a estándares éticos, las consultas ciudadanas son asunto serio. Las preguntas son puntuales, aquí algunos ejemplos de Reino Unido, Colombia y Chile: ¿Debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe abandonar la Unión Europea? ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Quiere usted una Nueva Constitución? Las preguntas no generan dudas, se sabe qué ocurriría con el No y con el Sí.

En México preferimos el barroco: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Tan sencillo que hubiera sido preguntar ¿Estás de acuerdo en la creación de una Comisión de la Verdad para los crímenes atroces del pasado y presente y sus vínculos con la impunidad y corrupción?

Pero no, el Estado prefiere algo ambiguo. De esta manera se puede simular un ejercicio democrático y en el fondo responder con decisiones autoritarias. Un mandato tan confuso permite que el ejecutivo y/o el legislativo se erijan como intérpretes de “lo que quiso decir la ciudadanía”. La verdad y la justicia reducida a un ejercicio perverso de hermenéutica.

De no ser por las propuestas de algunos colectivos de víctimas, del EZLN y del CNI-CIG, así como de algunas, muy pocas, columnas de opinión que en lugar de voltear arriba y ver esto como pleito de cúpula política, han decidido voltear abajo, a las víctimas, la consulta no hubiera generado discusiones sobre el derecho a la verdad y la justicia que tienen las víctimas y la sociedad en su conjunto.

La pregunta de la SCJN genera interpretaciones infinitas. Enredado a tal grado que ya nadie sabe qué ocurrirá o cada quién decide qué ocurrirá. De nuevo México, el Estado, no pierde la oportunidad de perder una oportunidad. De allí que es sumamente relevante destacar y sumarse al llamado del EZLN y el CNI-CIG de “arrancar una movilización por una Comisión de la Verdad y la Justicia para las víctimas”.

El 2 de agosto comenzará la exégesis de la pregunta y voluntad popular. Seguirá la discusión y el litigio. Mientras tanto, desde abajo se seguirá construyendo una articulación para exigirle al Estado su obligación: verdad, justicia y paz.

Lo mucho o poco que se ha avanzado se ha hecho a pesar del Estado.

Jacobo Dayán. Especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Se desarrolla como docente, investigador, conferencista, activista, analista, columnista y consultor tanto en México como en el extranjero.

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