Desplazamiento en la Montaña de Guerrero

Foto: Cristian Leyva

Tayi savi

Por Kau Sirenio

Hace seis años empecé a viajar al Valle de San Quintín a reportear la migración de los Ñuu Savi, ahí encontré a Saúl, proveniente de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande. Cuando platiqué con él tenía 17 años, emigró a los campos agrícolas de San Quintín, a los 12 años de edad; con apenas la primaria terminada y un español que sólo le servía para comprar su comida, empezó a trabajar en los campos del Valle de San Quintín en 2010.

Él forma parte de la estadística de pobreza en México, donde siete de cada diez indígenas que hablan su lengua materna viven en las peores condiciones de pobreza. La violencia institucional es más encarnizada con los pueblos indígenas que viven al filo de la muerte, por el despojo de sus tierras, la inseguridad y la falta de servicios básicos: salud, educación, alimentación y discriminación.

En la Montaña de Guerrero cohabitan los Ñuu Savi (Mixtecos), Ñomdaa (Amuzgos), Me’phaa (Tlapanecos) y Nahuas (Náhuatl). Que emigran cada año a los campos agrícolas para subsistir, pero en el intento, los campesinos encuentran la muerte en los surcos por intoxicación ante el uso irracional de herbicidas y plaguicidas o por accidentes.

La migración interna se concentra en Valle de San Quintín, Baja California; Vizcaino, Baja California Sur; Caborca, Sonora; Camargo, Chihuahua; Villa Juárez, Sinaloa; San Felipe, Guanajuato; Casimiro Castillo, Jalisco; Apatzingán, Michoacán, y Cuautla, Morelos.

En estos campos agrícolas muy poco se sabe de las prestaciones sociales que debería tener un jornalero, que en su mayor parte son indígenas provenientes de Guerrero. En la mayoría de estos campos trabajan bajo el sistema de “saliendo y pagando” que consiste en liquidar al jornalero después de la jornada laboral.

Hasta ahora solo se explica que el desplazamiento en la Montaña de Guerrero se debe a una política de Estado con el fin de apropiarse del territorio histórico de los indígenas para explotación minera; esta medida de expulsión tiene que ver también con la política pública que se ha diseñado para no asumir la responsabilidad rectora del Estado.

El salario que recibe un jornalero en la zona fronteriza es de apenas 200 pesos, no le alcanza para satisfacer sus necesidades como alimentación, salud, educación, vestimenta y vivienda digna. Cuando el salario no resuelve estas necesidades hay una clara violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores del campo.

El caso de Saúl no es único en Guerrero. En los últimos años, la violencia ha desplazado a mayor número de indígenas hacia los campos agrícolas y a los Estados Unidos. La pandemia de covid-19 puso al descubierto que la pobreza ha golpeado más a las comunidades indígenas que en las ciudades.

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