Por Oscar Misael Hernández-Hernández
A mediados del siglo XIX, el filósofo y anarquista ruso Mijaíl Bakunin escribió: “Los estados poderosos sólo pueden sostenerse por el crimen. Los estados pequeños sólo son virtuosos porque son débiles”.1 La frase es provocadora, pero a un siglo y medio de distancia, el crimen se ha incrementado y no hace distinción entre estados grandes o pequeños. Tamaulipas no es la excepción: desde hace varias décadas un tipo de gobernanza criminal se ha hecho visible en esta entidad del noreste mexicano.
La gobernanza criminal, como plantea el politólogo colombiano Javier Duque, “se refiere al conjunto de acciones y decisiones tomadas de forma conjunta entre autoridades legalmente constituidas y una organización criminal que ejerce un amplio dominio sobre un territorio y una fuerte influencia sobre la sociedad local”.2 Para el politólogo, la gobernanza criminal implica “la coordinación estratégica […] entre facciones y élites políticas locales y actores externos criminales”. En decir, es el resultado de acciones y decisiones gubernamentales que combinan componentes legales con ilegales, donde el Estado y la legalidad no están tan ausentes, pero la ley y las instituciones tampoco son tan justas.
Libros como Historias de polvo y sangre del historiador mexicano Carlos Flores,3 por ejemplo, muestran que en Tamaulipas hay, desde inicios del siglo XX, indicios de una gobernanza criminal visible en acuerdos entre “autoridades legalmente constituidas” y alguna “organización criminal”, o algún criminal en particular, lo que explica el origen del tráfico de drogas y otros delitos, pero que también devino en la consolidación de élites en el poder que desplegaron estrategias de control territorial y de la oposición. La prueba de la combinación de componentes legales e ilegales ha sido la acusación y detención de exgobernadores.
A inicios de 2012, un comunicado de la DEA afirmó que tres exgobernadores (Manuel Cavazos, Tomás Yárrington y Eugenio Hernández) estaban vinculados con el crimen organizado. En 2017, Yárrington fue detenido en Florencia, Italia y, en 2018, extraditado a Estados Unidos; en 2017, Hernández fue detenido en Ciudad Victoria, Tamaulipas; y Cavazos, pues, hasta hace poco era senador. Por supuesto, no hay que olvidar algunos precedentes de violencia que delinean la gobernanza criminal. En 2010, el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas; la masacre de migrantes en San Fernando; el asesinato de Marco Antonio Leal, alcalde de Hidalgo; el surgimiento de un grupo de autodefensas, también en Hidalgo. En 2018, el asesinato del periodista Carlos Domínguez, en Nuevo Laredo; el de Héctor González, en Ciudad Victoria; el de Heriberto Sáenz, en Reynosa, entre otros.
Lo que llama la atención es que, a pesar de la pandemia, en lo que va de 2021 se han hecho públicos en Tamaulipas otros eventos que nuevamente remiten a la gobernanza criminal: 1) el asesinato de 19 migrantes guatemaltecos en Camargo por agentes de la policía estatal; 2) las acusaciones, solicitud de desafuero y ahora orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República contra el gobernador panista del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, lavado de dinero, y defraudación fiscal; 3) el supuesto caso de la “narconómina municipal” en Matamoros y, 4) el asesinato reciente de un candidato del PVEM a diputado local en la capital del estado, muy cerca de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
El caso de la “narconómina” en Matamoros es por demás paradigmático: a inicios de abril de este año, diferentes medios publicaron que Evaristo Cruz “el Vaquero”, líder del Cártel del Golfo, estaba en la nómina del Ayuntamiento, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública. Días después, en conferencia de prensa, el secretario del Ayuntamiento se deslindó de la acusación; señaló que la información había sido manipulada y que el personaje en cuestión sí estaba en la nómina municipal, pero de la administración pasada. Más allá de lo anterior, el hecho es que “el Vaquero” recién había sido capturado por el Ejército en Salinas Victoria, Nuevo León; paralelamente, su detención hizo evidente que algunas personas no gratas, como él, formaron en algún momento parte de las nóminas de ayuntamientos municipales.
Lo anterior no sorprende en un municipio que es cuna del Cártel del Golfo, donde gobierna un alcalde morenista y donde a fines de 2020 el mando de policía y tránsito fue tomado por el gobierno estatal debido al “incumplimiento de órdenes judiciales”. Tampoco lo es en un estado como Tamaulipas, donde las disputas por el poder político, el poder económico (los Panama Papers develaron que dos empresarios estaban ligados con el caso Odebrecht), o el poder criminal (los casos de exgobernadores revelaron vínculos entre políticos, empresarios y cárteles) tienen una larga historia de conflicto y control sobre el territorio, así como de dominio e influencia en la sociedad a través de la manipulación o el miedo. Un ejemplo es el mensaje que ha circulado en redes sociales previendo “violencia, ingobernabilidad, crimen y brutalidad” ante el desafuero del gobernador, lo que alarma ahora que es un hecho y hay una orden de aprehensión.
El fin último de la gobernanza criminal, como señala la también politóloga mexicana Sandra Ley, es generar control político, económico y social en escenarios regionales o locales; se trata de controles de facto que pueden identificarse al documentar la violencia en el ámbito político, empresarial, periodístico, o de activismo social. En Tamaulipas hay mucho de ello, como se ha observado sólo en lo que va de 2021. Ello preocupa aún más en tiempos electorales, pues gran parte de la gobernanza se disputará próximamente en las urnas y, con ello, el tipo de componentes y acuerdos que se utilizarán para implementar decisiones y acciones gubernamentales en un estado con posible desaparición de poderes.
1 Eltzbacher, P. Anarchism, Benj. R. Tucker. New York, 1908.
2 Duque, J. “Gobernanza criminal. Cogobiernos entre políticos y paramilitares en Colombia”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (66), núm. 241.
3 Flores, C. Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas, CIESAS, México, 2014.
