El ministro de la controversia

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Opinión por Héctor Garcés

En los más altos mandos de la Cuarta Transformación respiraban plena confianza de que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá diera su resolución a favor del desafuero aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

¿El motivo de tanta confianza y optimismo? Juan Luis González Alcántara Carrancá ingresó como ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como propuesta del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Es, se supone, un ministro de perfil lopezobradorista. Fue el 6 de diciembre de 2018, en los primeros días del gobierno de la 4T, cuando López Obrador propuso, en una terna, a González Alcántara Carrancá ante el Senado para formar parte de la Suprema Corte. Días después, el 20 de diciembre, fue elegido por el Senado, con mayoría morenista, para ocupar el cargo, al que se incorporó al iniciar el 2019.

Es más, Juan Luis González Alcántara Carrancá fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal durante el periodo 2000-2004, es decir, en los primeros años en que Andrés Manuel López Obrador fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Por si faltara algo, el Ministro Instructor que analizaría y resolvería el caso del desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca en la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que el Congreso del Estado presentara una controversia constitucional, fue maestro de Ricardo Monreal, líder del Senado de la República y uno de los más acérrimos críticos del gobernador tamaulipeco.

De los ministros que integran la Suprema Corte, tres han sido propuestos directamente por el presidente López Obrador: Margarita Ríos-Farjat, Yazmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara Carrancá, además de que Arturo Zaldívar, presidente del Poder Judicial, es considerado de estirpe lopezobradorista.

Con ese perfil y esos antecedentes, en los más altos mandos de la Cuarta Transformación esperaban una resolución a favor del desafuero del gobernador de Tamaulipas, desafuero aprobado en votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la decisión del Ministro Instructor de la Suprema Corte revelada hace una semana dejo helados y sin ‘Plan B’ a la mano a los operadores políticos y jurídicos del polémico caso del mandatario panista tamaulipeco: González Alcántara Carrancá resolvió desechar la controversia constitucional presentada por innecesaria ya que la última instancia para determinar si el gobernador mantenía el fuero era el Congreso del Estado.

Eso sí, dejó muy en claro que Francisco García Cabeza de Vaca podía ser detenido por la Fiscalía General de la República una vez que concluyera su mandato (30 de septiembre de 2022), fecha de caducidad de su inmunidad política.

¿Por qué el ministro, propuesto en su momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador para formar parte de la Suprema Corte, resolvió en contra de la aparente línea dictada por la Cuarta Transformación?

La respuesta puede encontrarse en la Iniciativa Zaldívar, la que amplía de cuatro a seis años el periodo al frente de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un mandato a la par del sexenio lopezobradorista. Esa iniciativa causó duras críticas desde diversos sectores en contra del presidente de la república. Es evidente que desde Palacio Nacional quieren controlar o, por lo menos, influir en gran medida, en los designios del Poder Judicial.

Respaldada la iniciativa Zaldívar desde el púlpito de ‘La Mañanera’ en abril pasado, la discusión llegó en mal momento para el gobierno federal: el periodo electoral para la renovación del Poder Legislativo ya había comenzado. La polarización, una vez más, marcó la agenda.

Pero… los cuestionamientos hicieron mella, no tanto en Palacio Nacional, donde las críticas no son muy tomadas en cuenta, sino en el Poder Judicial, cuyos ministros no querían o, mejor dicho, no quieren ser vistos como títeres de otro Poder, del Ejecutivo.

En ese complejo contexto en que cada Poder busca ampliar o establecer sus límites y alcances en la política real, entra el caso del controvertido desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Dos interpretaciones chocaron desde un inicio: una otorgaba la facultad legal a la Cámara de Diputados de desaforar al mandatario estatal de su inmunidad para responder a los delitos imputados por la Fiscalía General de la República; y otra señalaba que era el Congreso del Estado la instancia final para determinar si el fuero de un gobernador se mantenía o no.

Por indicación de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue Juan Luis González Alcántara Carrancá quien analizó el caso y, posteriormente, lo resolvió. Su fallo ya es conocido por todos y desató, primero, desconcierto en el gobierno de la 4T y, después, una notoria furia estampada en el reclamo de la Fiscalía General de la República a la Suprema Corte y la petición de que se vuelva a retomar el caso.

La FGR fue más allá del reclamo: liberó una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, una acción que desconoce por completo la resolución del Poder Judicial. Es decir, lo ignora, lo hace a un lado.

Además, menosprecia la decisión del Congreso del Estado, cierto, un Poder Legislativo sujeto a las complacencias y deseos del Ejecutivo de Tamaulipas, pero que, guste o no, ahí está, opera como un Poder en una entidad que forma parte de una República, de un pacto federal republicano. 

Esta situación, el hecho de la que la Fiscalía haya liberado una orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, es una determinación que pone en crisis la relación institucional y constitucional entre los Poderes y puede desencadenar múltiples escenarios adversos y oscuros para la vida del país.

Uno de ellos, aunque es un escenario extremo, hay que decirlo, rompe con la idea de forjar una nación: la polarización puede conducir al país a su fragmentación, al rompimiento del pacto federal, a un escenario que parecía desterrado desde mediados del siglo 19.

La imagen de vehículos tipo tanquetas, con potentes ametralladoras, a las afueras de la Casa de Gobierno, en Ciudad Victoria, es una escena que dice con claridad lo que piensa el gobernador de Tamaulipas: no permitirá ser detenido por la Fiscalía General de la República. Para decirlo con otras palabras, va a oponer resistencia… en el más literal y amplio sentido del concepto.

Ya lo dijo el mandatario estatal en un tuit al agradecer el apoyo de las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD en el Senado para no convocar a un periodo de sesiones extraordinarias, en el que se buscaría votar la desaparición de Poderes en Tamaulipas: ‘Resistiremos unidos’.

Inédita, nunca antes vista, la historia del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tiene todavía muchos capítulos por ver, pero sería hora de que ambos bandos, el gobierno federal y el gobierno estatal, utilizaran la política como puente de entendimiento para la resolución de conflictos y no como materia de enfrentamiento.

Eso será difícil de observar debido al estilo belicoso de ambas partes, perfiles que anidaron y aprovecharon al máximo la voluntad popular en la era del malestar, en la época en que todo es queja, reclamo, pleito permanente.

Carlos Peña sufre persecución política

La persecución política de la que se queja el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la aplica con el candidato de la coalición electoral Morena y PT a la alcaldía de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.

Es el uso de un expediente penal para tratar de descarrilar al hijo de Maki, quien va arriba en todas las encuestas. Ese es parte del grave problema político que se vive hoy en día: el uso faccioso de las instituciones de justicia se da tanto en el plano federal como en el estatal.

Pero, en el escenario estatal, existe la agravante de que nadie, prácticamente nadie, cuestiona esa utilización, la que atenta contra la democracia.

Sí, Carlos Peña Ortiz sufre una persecución política y jurídica.

Y para cerrar

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, deberá estar en Tamaulipas la próxima semana para respaldar a los candidatos de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’.

Llegará en un momento álgido de la política tamaulipeca y será interesante escuchar lo que diga, justo en el tramo final de las campañas electorales.

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