Redacción EB
Hoy 21 de mayo se cumplen 11 años de la desaparición de 8 jóvenes obreros, quienes fueron privados de su libertad en la estación de compresión Gigante 1, ubicada en Nueva Ciudad Guerrero. Las búsquedas en la región ribereña se incrementaron, pero no hay datos sobre al paradero de los hombres. Delta, la empresa que los empleaba al momento de la privación ilegal de la libertad, y Pemex siguen callados ante el hecho.
El 21 de mayo de 2010, Rubén Daniel Rodríguez Sarmiento, Rosbel Palacios Martínez, Raúl Arriaga Rodríguez, Martín Saucedo Escobar, Amador Garza Bustos, José Alejandro Medellín Herrera, Óscar Hugo López Rocha y José Darío Vázquez Salinas salieron de Miguel Alemán para trabajar en las instalaciones de la entonces empresa estatal. Todos llegaron al complejo para dar mantenimiento, cuando un grupo armado los raptó, aseguraron compañeros de trabajo que dieron su testimonio.
“Nosotros fuimos (a la zona de trabajo) con cierta esperanza de que los hayan retenido, como supuestamente antes los investigaban y te los soltaban, cosa que no sucedió con los nuestros. La empresa dijo que estaba negociando, que al rato nos los devuelven y ya va para 10 años”, comenta el padre de José Darío Vázquez Salinas.
Los familiares denunciaron en la delegación de Miguel Alemán de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ). A la par, los ciudadanos comenzaron a rastrearlos en la cercanía del lugar del delito, ubicado a aproximadamente 300 metros de la carretera Ribereña, que comunica Nueva Ciudad Guerrero con Nuevo Laredo. Las mujeres y los hombres del colectivo 21 de mayo enfrentan el miedo pero no cesan de buscar en la región más violentada y silenciada de Tamaulipas.
En la horas posteriores a la desaparición, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) encontró dos de los cuatro vehículos en que los obreros se trasladaron a trabajar. Los marinos entregaron las camionetas a la empresa. Los agentes del Ministerio Público de la PGJ de Tamaulipas no reclamaron los vehículos para realizar pruebas periciales, afirmaron los familiares de las víctimas directas. La impunidad se alzó por encima de cualquier procedimiento judicial.
“Varias personas vieron y una persona que estaba entre el monte. Se llevaron cuatro camionetas y encontraron dos. La Marina las encontró pero no las revisaron y las entregaron a la misma empresa, en lugar de inspeccionar si había rastros de ADN. La compañía desapareció y no se hicieron cargo de nada. A los dos meses los dieron de baja como si hubieran renunciado”, explica la madre de José Alejandro Medellín Herrera.
Desde hace 11 años la compañía contratista Delta no responde a las familias a pesar de que conocieron el hecho desde el primer momento. Pemex tampoco ha atendido a las madres, los padres y las esposas que reclaman verdad y justicia. Las y los integrantes del colectivo 21 de mayo trabajan año con año, pero prefieren que ocultar sus identidades por el riesgo de la zona.
“Espero que encontremos a nuestros familiares vivos o muertos para tener donde ir a verlos, porque hay días en que uno anda bien positivo, pero hay días que se te viene a la cabeza qué les hicieron”, afirma la esposa de uno de los obreros petroleros.
