Redacción EB
Interpretaciones legales e incertidumbre, ese ha sido el estado de las últimas horas en Tamaulipas, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional contra el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Abogados, funcionarios estatales y federales y medios de comunicación han difundido las dos versiones sobre los efectos de la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que podría ser apelada en el marco de cualquiera de las dos visiones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Francisco García Cabeza de Vaca seguirá siendo el gobernador de Tamaulipas hasta terminar su mandato en 2022, aseguró el abogado Alonso Aguilar Zinser, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desechó la controversia constitucional contra el desafuero.
“La @SCJN resolvió que no existe materia para una controversia constitucional: la decisión sobre el desafuero de un gobernador democrática y legalmente electo corresponde en definitiva y última instancia al @CongresoTams. Ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo”, publicó el mandatario en Twitter.
En contraparte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, publicó en Twiiter: “La resolución de la SCJN no prejuzga, ni puede hacerlo, sobre los efectos de la decisión de la @Mx_Diputados que determinó que se puede proceder penalmente en contra de Cabeza de Vaca”.
Otros funcionarios federales, como Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), difundió las notas publicadas por el diario La Jornada, donde se consigna que la FGR ya puede solicitar una orden de aprehensión contra el político panista.
El semanario Proceso en su versión digital ha sido de los pocos medios que no han referido un sentido determinante de la sentencia de la resolución del ministro Alcántara Carrancá. Reforma tituló la noticia como “Salva Cabeza…por lo pronto”.
La división de opiniones legales ha sido evidente entre abogados y especialistas en la Constitución Política de México.
El acuerdo íntegro del desechamiento de la controversia constitucional por el desafuero.
