Redacción EB
Ocho gobernadores del país se pronunciaron porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva prontamente la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas por el desafuero del mandatario Francisco García Cabeza de Vaca.
“La definición sobre la competencia de los órganos federales y locales en el procedimiento de desafuero es fundamental para el futuro del pacto federal y no puede ser una cuestión exclusiva de la decisión de una cámara legislativa, sino que es un proceso colaborativo entre la Federación y las entidades federativas en el que debe delimitarse la participación de cada uno de los ámbitos de gobierno que intervienen”, refiere el comunicado difundido hoy viernes por la mañana.
La exigencia fue firmada por: los mandatarios de Aguascalientes, Colima, Coahuila, Guanajuato, Durango, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, Martín Orozco Sandoval, José Ignacio Peralta Sánchez, Miguel Ángel Riquelme Solis, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, José Rosas Aispuro Torres, Silvano Aureoles Conejo, Jaime Rodríguez Calderón y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respectivamente.
El 30 de abril por la mañana, el Congreso de Tamaulipas presentó una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante la SCJN. El pasado miércoles, la Corte informó que el Poder Legislativo estatal no entregó la documentación completa para trámite y fijó un plazo de 24 horas para cumplir con los requisitos.
La controversia constitucional está en espera de proseguir el trámite que la llevaría al Pleno. Por ello, los políticos reconocen que una parte del juicio de procedencia o desafuero es decisión de la Cámara Baja del Congreso de la Unión “que es soberana e inatacable”, pero piden definir la participación de las legislaturas estatales cuando dicho procedimiento ya fue desahogado en el ámbito federal.
“Habíamos desterrado el uso faccioso de los procedimientos constitucionales como herramientas para la subordinación de las entidades federativas a la Federación. No debe permitirse que se configure un nuevo instrumento que pueda utilizarse para esta finalidad”, anticipan los gobernadores.
