Redacción EB
El desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entró en una guerra en juzgados federales y medios de comunicación, donde destaca el reforzamiento del equipo legal del político panista con despachos en México y Estados Unidos.
Hoy por la tarde, J. A. “Tony” Canales, nuevo defensor del mandatario, aseguró que no hay evidencias que indiquen que Cabeza de Vaca haya violado alguna de las leyes de los Estados Unidos, como anunciaron las autoridades y personas en territorio mexicano.
El integrante del despacho Canales & Simonson, P. C. detalló que “después de revisar las denuncias hechas por Alejandro Rojas Díaz, Santiago Nieto, y toda la evidencia disponible por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México en relación a las acusaciones hechas en contra del Sr. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no he encontrado ninguna evidencia que indique violación alguna a las leyes”.
“La mayoría de la información citada en las denuncias hechas por Nieto y Díaz Durán se basan en notas periodísticas que contienen rumores con base en reportes alterados del Departamento de Estado y FinCEN. En mi experiencia como abogado, es increíble ver n caso que carece de evidencia directa o sustantiva que de pie al inicio de na investigación en México, mucho menos en Estados Unidos”, indicó.
De acuerdo con Tony Canales, en Estados Unidos los fiscales federales tienen prohibido discutir investigaciones en curso. Sin embargo, verificó personalmente en Tribunales de Justicia de Texas, las Cortes Federales, el Departamento de Justicia y otras agencias, y “no he encontrado ningún procedimiento penal pendiente en contra del Sr. Francisco J. García Cabeza de Vaca”.
Señaló que su cliente da la bienvenida a cualquier investigación, así como a cualquier presunta evidencia incriminatoria en su contra, y que no tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos, ni posee bienes inmuebles en ese país.
“Afirmamos que la evidencia mencionada no existe y se probará que la UIF, representada por Santiago Nieto, está haciendo mal uso y falsificando información con fines políticos”, concluyó.
El lunes 10 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que aseguró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga por posible lavado de dinero al gobernador de Tamaulipas, a su suegro José Ramón Gómez Reséndez y a los hermanos Juan Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca, este último senador.
La FGR explicó que las autoridades estadounidenses le notificaron sobre nuevas pruebas contra Cabeza de Vaca y tres de sus familiares, así como contra “diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas”.
La Fiscalía dijo que dicha información sería integrada a la carpeta de investigación abierta en México contra el funcionario, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Once amparos tramitados
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, difundió que el mandatario tamaulipeco perdió nueve de once amparos que interpuso para detener una posible vinculación a proceso.
Actualmente hay dos amparos que aún serán analizados por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
En las acciones legales, la defensa argumenta que la “Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se extralimitó en las facultades que tiene constitucionalmente conferidas para dicho tipo de procedimientos (desafuero), dado que, a su entendimiento, la responsable, determinó, unilateralmente: (i) remover la inmunidad constitucional que le fue conferida por virtud del cargo que ocupa (fuero) y; (ii) ponerlo a disposición de las autoridades penales correspondientes, a efecto de que se sigan los procedimientos respecto de los delitos que se le imputan”.
El 4 de mayo se dio a conocer que Cabeza de Vaca desistió de un amparo que había sido rechazado por el Juzgado Primero de Distrito, con residencia en Tamaulipas. El juez Fernando Ureña Moreno no publicó los actos reclamados.
El capítulo VII de la Ley de Amparo determina que no surte efectos ante las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal… en declaración de procedencia y en juicio político.
