Redacción EB
El Congreso de Tamaulipas presentó incompleta la documentación de la controversia constitucional contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el juicio de declaración de procedencia o desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un plazo de 24 horas para que el Poder Legislativo estatal entregue las copias certificadas que acrediten la personalidad jurídica del presidente de la Mesa Directiva que promovió la acción legal.
La controversia se interpuso el día 30 de abril por la mañana, para ese momento la diputada de Valle Hermoso, Martha Patricia Palacios Corral, era la presidenta, sin embargo a partir del 1 de mayo, Félix Fernando García Aguiar, es el presidente de la LXIV Legislatura.
“…se previene a los promoventes para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, exhiban a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de la documentación que permita acreditar que tienen el carácter con el que se ostentan, apercibidos que, de no cumplir con lo ordenado, se decidirá sobre la presentación de los escritos de mérito con los elementos con que se cuenta”, refiere el acuerdo a cargo del actuario Juan José Morgan Lizárraga.
El 7 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional, registrada con el número 50/2021, contra el desafuero de García Cabeza de Vaca. El asunto fue radicado al Pleno, por lo que las y los ministros votarán la controversia constitucional que definirá el destino del político panista, de acuerdo con el sistema de la Corte.
La legisladora Palacios Corral se ha negado a hablar sobre el recurso legal que interpuso al finalizar su gestión de la Mesa Directiva. “Nada tengo que decir. Chequen lo que está pasando ahorita (en la Cámara de Diputados)”, respondió a los reporteros que le preguntaron por el contenido de los alegatos.
La SCJN no podrá decidir si se cumplieron todos los requisitos legales para admitir a trámite la controversia, hasta que el congreso tamaulipeco no presente la documentación completa.
