Joshua Hernández
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue notificado del desechamiento del amparo que promovió contra el desafuero en su contra, que aprobó la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril.
El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México rechazó los alegatos presentados por el abogado Alonso Aguilar Zinser, quien lidera la defensa del político panista.
De acuerdo con la listas de acuerdos, el juez determinó negar la protección al argumentar que los tribunales penales no son la vía adecuada para emitir una solución sobre el tema. “Se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada”.
Cabeza de Vaca aseguró que la “Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se extralimitó en las facultades que tiene constitucionalmente conferidas para dicho tipo de procedimientos, dado que, a su entendimiento, la responsable, determinó, unilateralmente: (i) remover la inmunidad constitucional que le fue conferida por virtud del cargo que ocupa (fuero) y; (ii) ponerlo a disposición de las autoridades penales correspondientes, a efecto de que se sigan los procedimientos respecto de los delitos que se le imputan”.
En la resolución, el juzgado mencionó que la demanda de garantías fue presentada de forma errónea, y que las medidas adoptadas por el Congreso de la Unión se justifican en la Constitución del país.
“En ese sentido, este órgano de control constitucional observa que la litis planteada por la parte quejosa no es procedente en el juicio de amparo, dado que pretende impugnar una resolución que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitió en uso de una facultad exclusiva y soberana que le fue conferida constitucionalmente y en la que, bajo un estudio superficial [de dicha resolución], se observaron las pautas que constitucionalmente se han emitido para dicho efecto.
El desafuero de Cabeza de Vaca se derivó de una investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
