Redacción EB
Esta semana es la definitiva para que se retire o no el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como lo solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) el 23 de febrero a la Cámara de Diputados. El político panista es acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
De acuerdo con el procedimiento de solicitud de declaración de procedencia, la Sección instructora desahogará las pruebas aportadas las partes acusadora y defensora, para elabora el proyecto que será enviado a la Mesa directiva del Poder Legislativo federal.
La acusación contra Cabeza de Vaca se concentra en las operaciones de la compra y venta del departamento de Bosques de Santa Fe. El mandatario, cuando era senador, y su esposa Mariana Gómez Leal pidieron un crédito por 14,300,000 pesos a una empresa para adquirir el inmueble.
Uno de los ilícitos que se le imputan es la defraudación fiscal por 6,511,777 pesos, reveló el abogado defensor, Alonso Aguilar Zinser. No obstante, la FGR señala que Cabeza de Vaca y Mariana Gómez vendieron en 42,100,000 pesos el departamento a la Empresa T Seis-Doce, propiedad de Juan Francisco Tamez Arellano, socio del gobernador en otras empresas.
La información general del caso, difundida en la comparecencia realizada el 19 de marzo, fue entregada por la FGR en el expediente completo a la Sección instructora, órgano legislativo encargado de este tipo de casos. El grupo es presidido por el diputado morenista Pablo Gómez Álvarez, la secretaria es la legisladora morenista Martha Patricia Ramírez Lucero, y también la integran la priista Claudia Pastor Badilla y la petista Ana Ruth García Grande.
Ya con el proyecto de la Sección instructora, la Mesa Directiva convocará a una sesión especial que se realizaría a mas tardar el jueves 29 de abril. El procedimiento establece que a la sesión pública deben asistir los agentes de la FGR, el gobernador García Cabeza de Vaca con sus abogados, las y los legisladores. Todos los convocados pueden pedir la palabra hasta en dos ocasiones.
Al final de la sesión, la Mesa directiva pone a votación el proyecto presentado por la Sección instructora ante el Pleno; para aprobarse el conteo deberá ser de la mitad más uno. De no avalarse, el documento volverá para una reelaboración que debe llevar el sentido de la votación mayoritaria en la sede de San Lázaro.
En caso de que las y los diputados aprueben el proyecto y se concrete el desafuero, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala en su artículo 28 que “si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes”.
En el inciso G precisa que por lo que toca a gobernadores, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados a quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, “la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la Legislatura local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del Órgano Jurisdiccional respectivo”.
El abogado penalista Gabriel Regino afirmó que el Congreso de Tamaulipas deberá acatar la decisión del Poder Legislativo federal y, al ser notificado, tiene la obligación de nombrar un gobernador interino, conforme lo establece la norma nacional. Los políticos panistas Jesús Nader, alcalde de Tampico que busca la reelección; y Enrique Rivas Cuéllar, candidato a diputado local por Nuevo Laredo, han sido nombrados como posibles mandatarios sustitutos en caso de que se avale el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca.
