Opinión por Michael W. Chamberlin
En lo que se ha repetido hasta el cansancio, que serán los comicios más grandes de la historia del país, la violencia hacia actores políticos incluyendo a candidatos y candidatas parece que también romperá récords. Si los postulantes a puestos populares son amenazados o asesinados, ¿a qué intereses responden los candidatos electos?
De acuerdo con la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, hasta el viernes 9 de abril, “117 mujeres y hombres que aspiran a un cargo de elección popular en México han sido agredidos por el crimen organizado o de ‘cuello blanco’”, cifra que parece conservadora frente a la que señala la Consultora en Análisis de Riesgo Etellekt en su tercer informe sobre violencia política en México 2021: El “Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt registró 262 agresiones (delitos de fuero común) en contra de políticos, con un saldo de 241 víctimas (25% son mujeres), entre ellas, 65 políticos asesinados (9 eran mujeres). De estas 65 víctimas mortales, 20 aspiraban a puestos de elección (17 hombres y 3 mujeres)” desde que comenzaron los comicios, el 7 de septiembre de 2020.
A la luz de este panorama podemos afirmar que existe un interés evidente de la delincuencia por definir las elecciones, porque como se ha insistido, sin ese vínculo con el poder público el crimen organizado no es posible. Resulta además sugerente que el mayor número de agresiones se da en el ámbito municipal, según señala el mismo reporte de Etellekt, con el 79% de las 262 agresiones, porque es en el ámbito municipal en donde se puede tener un mejor control de largas porciones de los territorios por medio del control de las policías locales. Recordemos la masacre de San Fernando en Tamaulipas; la masacre de Allende, en Coahuila; los hechos de Iguala donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa; la masacre de migrantes en Camargo, Tamaulipas; la reciente desaparición de una familia en Jalisco a manos de la policía, por nombrar algunos pocos ejemplos donde la policía local se funde con el crimen organizado para fines delincuenciales y no de seguridad pública. En los lugares donde las y los postulantes fueron asesinados habrá que preguntarse quiénes son los que llegan al día de la elección, a qué intereses responderá quien resulte ganador, cuál será la suerte de las personas bajo su jurisdicción.
Resulta también revelador, bajo esta misma idea, que el 74% de los 65 políticos asesinados pertenecían a partidos opositores a los gobiernos estatales, porque hay evidencia de que la delincuencia escala el poder de lo municipal hacia los estados y la federación. Recordemos el negro periodo de Javier Duarte en Veracruz en el que hubo asesinatos y desapariciones cometidas por las fuerzas estatales de seguridad bajo el mando de Arturo Bermúdez, en particular el llamado Operativo Blindaje Coatzacoalcos (OBC) en el que participaron policías estatales bajo el mando de Bermúdez junto con la Policía Federal, el Ejército y la Marina, en el que el Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia ha documentado al menos 35 desapariciones forzadas cometidas principalmente en los domicilios de las víctimas. Hay evidencia de la colusión de autoridades con el crimen en los tres niveles de gobierno, eso explica los altos índices de violencia que siguen creciendo día con día y dibuja un escenario de disputa política entre partidos por la vía legal y la ilegal.
Hay básicamente dos modos en los que el crimen organizado incide en la postulación de candidatos o candidatas, por medio de la negociación o compra de puestos de elección a los partidos políticos, o imponiéndolos por medio de la violencia. Esto no es nuevo en el país, recordemos que a la periodista Miroslava Breach le costó la vida denunciar esta complicidad, aunque la más notoria es cuando hay violencia documentada de por medio. En cualquiera de los casos quedan postulados bajo el registro del partido que resulta cómplice. Las personas agredidas y sobre todo las asesinadas son víctimas que tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero los partidos políticos no son víctimas, saben que tienen la llave para la postulación de candidatos y la usan, nadie se escapa, para obtener ganancias y ventajas distintas a la democracia.
Hasta ahora la postulación de candidaturas es una prerrogativa usada discrecionalmente por los partidos políticos. Es esta llave de la postulación la que debe ser regulada estableciendo condiciones, restricciones y candados a los partidos políticos y otorgando más controles a la ciudadanía sobre los partidos y las postulaciones.
Una forma de dotar a la ciudadanía de una herramienta de control sobre las y los gobernantes es la reelección, porque deja a las y los electores la decisión de premiar o castigar a sus representantes con el voto, lo que genera un incentivo para que estos respondan a los intereses de sus votantes, pero en estas elecciones donde por primera vez en más de un siglo habrá reelección en México, hemos dejado a los partidos la prerrogativa de postular también para la reelección, confirmando esa llave del poder discrecional de los partidos. Esto provoca que los representantes populares que quieren ser reelectos respondan a los intereses de los partidos y no a los de sus electores, generando un incentivo para corromperse al mejor postor, incluyendo el criminal.
Otra forma de dotar a la ciudadanía de esa herramienta de control es llevando a cabo encuestas y consultas reales y serias sobre los mejores perfiles para ocupar un puesto de elección. El partido MORENA innovó en ello en estas elecciones, pero lo hizo mal y no en todos los casos. Mal porque como ya expliqué en un artículo anterior, hubo discreción en la elección de las personas incluidas en las consultas y en otros casos no hubo consulta, la elección fue directa y discrecional, incluyendo señalamientos internos de corrupción en la designación de candidaturas.
Finalmente, una herramienta complementaria de ciudadanización de la política sería quitar a los partidos el monopolio de la postulación, facilitando el hoy casi imposible registro de candidaturas independientes en los tres niveles de gobierno. Esto generará incentivos para que los partidos postulen mejores perfiles y una oferta política más allá de las frases publicitarias y la mercadotecnia.
La crisis política que vivimos es más que evidente, ya no se trata de debatir qué partido tiene la mejor propuesta porque esa oferta ya no es suficiente para garantizar la representación de los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos. La crisis política que despunta en víctimas e impunidad necesita que reflexionemos en las reglas del juego electoral para gobiernos de las y los mejores, y su vinculación con el estado de derecho y el bienestar de todas y todos.
No existen elecciones libres cuando hay amenazas, agresiones y homicidios de por medio, y es perverso que los partidos políticos lo permitan a sabiendas que tienen ese poder corrompible y corruptor. No dejará de haber postulantes a puestos de elección asesinados en cada elección si lo partidos no pactan devolverle a la ciudadanía la prerrogativa de elegir entre las y los mejores a sus gobernantes y se deciden de una vez por todas impulsar procesos de justicia transicional que limpien de corrupción el sistema político comenzando por sus filas. Insisto, nadie se escapa.
