Por Redacción
El gobierno de Tamaulipas pagó 11,231,100 pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en armas y municiones, sin que haya evidencia de la entrega de los productos, reveló un informe la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el resultado de la ASF, la administración estatal compró 8,322,800 pesos en armas largas y cortas, y 2,908,300 pesos en municiones a la Sedena, pero no firmó el convenio interinstitucional que marca la ley y tampoco aportó pruebas de la recepción de las adquisiciones.
En 2019, la Federación entregó 208,403,600 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) en 2019, quien distribuyó el dinero a diez rubros de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE).
Los auditores Fernando Domínguez Díaz y Octavio Mena Alarcón revisaron la ejecución de 173,941,400 pesos, que representaban el 83.5% de la partida total depositada en la Secretaría de Finanzas estatal y coordinada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas (SESESP).
De los diez rubros, la Auditoría observó que el 29.1% de los recursos se destinó para la SSP, 56% para la FGJ, 14.5% para el SESESP y .3% para la UIFE. El 43.4% de los poco más de 200,000,000 de pesos se gastó en el proyecto de tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.
Del total de rubros analizados, la ASF concluyó: “El SESESP destinó recursos del FASP 2019 por un total de 11,231.1 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó el convenio interinstitucional que debió haberse formalizado entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Tamaulipas y que ampare la adquisición efectuada ni evidencia de la entrega-recepción de los bienes pagados”.
El informe auditor señala que la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, bajo el expediente número
AI-SGC/025/2020. A pesar de que se promovió la indagatoria, el Secretariado no entregó el convenio interinstitucional y los documentos que prueben la entrega-recepción de los bienes pagados.
Al finalizar el año pasado, el gobierno tamaulipeco entregó el oficio CG/DJAIP/CP/092/2020 y un paquete de supuestas pruebas a la ASF, mismas que fueron desechadas por, consideraron los auditores, no reunir las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia.
Los funcionarios estatales que tienen conocimiento de la compra de armas y municiones que no ha sido comprobada son la controlara María del Carmen Zepeda Huerta; el secretario particular del gobernador, Roberto Roux Maya; la titular de la Secretaría de Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna; y la titular de la SESESP, Silvia Maribel Pecina Torres.
