Redacción
La Cámara de Diputados aprobó interponer una controversia constitucional contra la homologación del proceso de desafuero emitida por el Congreso de Tamaulipas. La LXIV Legislatura pedirá la suspensión inmediata del acuerdo legislativo estatal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Dicha suspensión debe otorgarse en virtud de que el punto de acuerdo impugnado contraviene de la Constitución Política Mexicana, al vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia penal contra servidores públicos; así como al propio orden constitucional”, indica el proyecto validado.
La demanda señala que el procedimiento de homologación viola los artículos 14, 341, 49, 111, 116, 124 y 133 de la Constitución Política Mexicana y, en segundo plano, afecta los derechos del imputado, que en este momento es el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que enfrenta un juicio de declaración de procedencia.
El 2 de marzo, el Congreso estatal aprobó el reglamento del proceso de declaratoria de procedencia presentado y aprobado “fast track” por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN). Con dicho acuerdo, que ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, se impide el retiro del fuero a diputados locales, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y/o el gobernador de Tamaulipas, sin un proceso de revisión de pruebas, elaboración de un dictamen y votación en Pleno en un periodo de 60 días.
En la sesión del jueves 25 de marzo se discutió el proyecto durante una hora. La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Dulce Sauri, dio la palabra a una o un representante de cada grupo parlamentario. Todos, excepto el PAN y el PRD, apoyaron la controversia contra el Poder Legislativo estatal.
“El proyecto de controversia constitucional pretende en realidad impugnar una atribución soberana de la entidad federativa, aseguró el legislador Juan Rivera en tribuna. En respuesta, el diputado de Morena, Rubén Cayetano dijo: “Con es acción el Congreso local intenta otorgar al gobernador una garantía de impunidad”.
El proyecto de controversia fue aprobado con 285 legisladores y legisladoras a favor, 46 abstenciones y 77 en contra.
En el documento la LXIV Legislatura argumenta que la declaración de procedencia que en su momento determine la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.
“El Congreso de Tamaulipas trata de hacer un interpretación incongruente del artículo 111 de la Constitución Federal, en relación con el procedimiento de homologación de las facultades o atribuciones que el Congreso local no tiene en el procedimiento de declaración de procedencia respeto al gobernador”, sostiene el documento elaboradp por el diputado de Morena, Pablo Gómez Álvarez.
Los legisladores federales votaron a favor y ahora enviarán el documento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objetivo que invalide el acuerdo de “homologación” para el desafuero de funcionarios públicos de Tamaulipas, por considerar que carece de fundamento constitucional y legal, de acuerdo al proyecto aprobado. El próximo miércoles será votado en el Pleno legislativo.
