Por Redacción
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas, que busca retirar el “blindaje” contra el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Los legisladores federales piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalide el acuerdo de “homologación” para el desafuero de funcionarios públicos de Tamaulipas, por considerar que carece de fundamento constitucional y legal, de acuerdo al proyecto aprobado. El próximo miércoles será votado en el Pleno legislativo.
“Vamos a presentar (al pleno) para su aprobación una controversia constitucional, donde estamos solicitando respeto al trabajo del Poder Legislativo y a lo que aprueban en ley las y los diputados (…); es en general, pero particularmente por lo que nosotros consideramos está violentando la división de poderes”, señaló Ignacio Mier, presidente de la Jucopo y coordinador de los diputados morenistas.
El 2 de marzo, a inicio del proceso por desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, el Congreso estatal aprobó el reglamento del proceso de declaratoria de procedencia, también llamado de desafuero, con 24 votos “fast track” de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN). Los diputados establecieron homologar el procedimiento con la Cámara federal.
El proyecto de controversia constitucional plantea que la declaración de procedencia que en su momento determine la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.
“Las reglas del procedimiento de homologación que se impugnan buscan desarrollar y reglamentar una supuesta ‘homologación’, prevista por el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que no tiene fundamento constitucional en la Constitución Federal ni en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, recalca el documento.
Lo que aprobaron
De acuerdo con el punto aprobado, el Congreso tamaulipeco recibirá las decisiones a favor de retirar el fuero a diputados locales, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y/o el gobernador de Tamaulipas para procesarlas en un plazo máximo de 60 días.
El primer paso indica que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política recibirán el acuerdo del legislativo federal y ponerlo a votación, después iniciará un procedimiento similar al que actualmente realiza el Poder Legislativo federal.
El Congreso estatal convocará a una Sección instructora que decidirá sin acepta el dictamen federal. La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que entregar el expediente y el órgano legislativo abrirá un plazo de alegatos, con el objetivo de elaborar un dictamen que será votado por el Pleno.
La votación se realizará en una sesión especial, donde participan los agentes de la FGR, el gobernador García Cabeza de Vaca, las y los legisladores locales. Al final, el Pleno debe votar el proyecto presentado por la Sección instructora. De no aprobarse, el presunto responsable se mantiene en el cargo con protección del fuero.
El punto de acuerdo fue firmado por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Edmundo Marón Manzur, la diputada Karla Mar Loredo y el diputado secretario Roque Hernández Cardona.
“También el procedimiento de homologación tiene como finalidad verificar que la acusación del Ministerio Público Federal tenga fundamento probados y que no sea una simple acusación de la oposición política que vulnere la soberanía estatal; y que la declaración emitida por la Cámara de Diputados que resuelva que ha lugar a proceder en contra de los funcionarios se ajuste a la normatividad aplicable”, afirma el punto de acuerdo.
El reglamento establece nueve puntos; el octavo indica que de aprobarse la separación de la persona imputada del cargo el Congreso de Tamaulipas deberá designar al sustituto. En caso de no votar a favor, la causa penal queda abierta y puede surtir efectos cuando el presunto responsable no goce de fuero.
Consultado al respecto, el abogado penalista Gabriel Regino precisó que la acción legislativa aprobada ayer no tiene efectos sobre el proceso de solicitud de declaración de procedencia contra el gobernador Cabeza de Vaca y viola el artículo 133 de la Constitución federal.
“Es inválida e inconstitucional, porque no pueden ir en contra de la Constitución. Si los diputados reformaron para proteger al gobernador han cometido el delito de coalición de servidores públicos y han escalado al conflicto al siguiente nivel, porque la Federación puede iniciar una investigación contra todos los diputados y declarar la desaparición de poderes”, afirmó.
El abogado Regino reiteró que la decisión que tome la Cámara de Diputados federal debe ser acatada por el Congreso tamaulipeco, quien al ser notificado, tiene la obligación de nombrar gobernador interino, conforme lo establece la norma nacional.
