Un juzgado federal en la Ciudad de México negó al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el acceso a la carpeta de investigación y la suspensión de la acción penal en su contra por delitos federales.
El juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal negó la suspensión provisional solicitada por la defensa del mandatario el pasado 12 de marzo. En la demanda de amparo se argumenta la “negativa de dar acceso al quejoso y sus defensores a la carpeta de investigación. También, pidió “que el Ministerio Público se abstenga de ejercer acción penal en su contra hasta en tanto acontezca lo anterior”.
El gobernador Cabeza de Vaca es investigado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, de acuerdo con la indagatoria abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) que derivó en la solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados.
En el documento elaborado por el abogado Alonso Aguilar Zinser, el político panista expone que las autoridades federales trasgreden los artículos 14 y 20 de la Constitución. La carpeta de investigación fue iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la FGR.
“Único. Se niega la suspensión definitiva que solicita Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra el acto, autoridades y por los motivos señalados en el considerando único de esta interlocutoria”, expone la sentencia.
De lo político a lo jurídico
La noche del martes 23 de febrero de 2021, Tamaulipas se cimbró con la noticia de la solicitud de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Por la tarde de ese día, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó un documento a la Secretaría general de la Cámara de Diputados para pedirle que el Poder Legislativo abriera el proceso por ser presunto responsable de los delitos delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada.
A un casi un mes de su inicio, el caso Cabeza de Vaca ocupa un espacio central en los pronunciamientos políticos. Felipe Calderón, Vicente Fox, el presidente Andrés Manuel López Obrador, panistas, priistas, morenistas y sociedad civil ha opinado del tema. A su vez, el procedimiento legal avanza en los caminos legislativos que podrían desembocar en los juzgados judiciales.
En la víspera del Día de la Bandera mexicana, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó iniciar un proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a la Cámara de Diputados. El mandatario tamaulipeco respondió que esta acción es parte de una persecución orquestada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El viernes 26 de febrero por la mañana, los agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda ratificaron la solicitud y entregaron 6 cajas con los tomos de la investigación por los delitos del fuero federal a la Secretaría general legislativa.
De acuerdo al oficio de la Fiscalía, Cabeza de Vaca es acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada; el hecho concreto, según información difundida, es el lavado de 42 millones de pesos por medio de una red de empresas fachada operadas por parte de su familia.
La Sección Instructora tomó la solicitud de desafuero, conforme marca el proceso camaral. Este órgano legislativo está integrado por el diputado Pablo Gómez Álvarez (presidente), y las legisladoras Martha Patricia Ramírez Lucero (Secretaria), Anilú Ingram Vallines y Ana Ruth García Grandes. El sábado por la noche, la Sección resolvió aceptar la petición de la Fiscalía.
El lunes 1 de marzo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recibió la notificación la solicitud de declaración de procedencia en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, a las 14 horas. A partir del martes 2 cuenta con siete días naturales para presentar alegatos por escrito o vía audiencia.
El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados entregó el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, con 10 tomos. La solicitud de juicio de desafuero se deriva de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020, que la Fiscalía General de la República (FGR) integró por hechos que presumen son delitos federales.
La Sección instructora tendrá sesenta días para analizar la declaración de procedencia o no contra García Cabeza de Vaca. Para ello tendrá un plazo de 30 días naturales para desahogar las pruebas con el objetivo de elaborar un proyecto de la solicitud de la declaratoria de procedencia, documento que es enviado a la Mesa directiva del Poder Legislativo que deriva en la convocatoria al Órgano de procedencia.
Este cuerpo legislativo llamará a una sesión especial, donde participan, hasta en dos ocasiones, los agentes de la FGR, el gobernador García Cabeza de Vaca, las y los legisladores. Al final, el Pleno debe votar el proyecto presentado por la Sección instructora. De no aprobarse, el documento vuelve para una reelaboración que deberá llevar el sentido de la votación mayoritaria en el Pleno.
En lo político
La primera reacción del gobernador tamaulipeco fue apuntar al plano político. “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, publicó el en su cuenta de Twitter la noche del 23 de febrero.
Al día siguiente se desató una guerra de acusaciones políticas entre panistas y morenistas desde la Ciudad de México. En la conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que su gobierno no será “tapadera” de este proceso judicial y rechazó una persecución contra el político tamaulipeco. En contraparte, el gobernador tamaulipeco señaló que su caso es dictado desde Palacio Nacional.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, habló escuetamente de la acusación junto a López Obrador. A pregunta directa sobre el caso, repitió que el proceso contra García Cabeza de Vaca será público y evitó dar detalles de la indagatoria.
“No va haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza, porque prácticamente el juicio va a ser público, ante el Congreso, con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en la investigación y lo que se le propone al Congreso”, mencionó el fiscal.
Ese mismo día el gobernador Francisco García viajó de Victoria, Tamaulipas, a la Ciudad de México. Al filo de las 14 horas arribó a la Cámara de Diputados para solicitar una copia de la solicitud del juicio de desafuero y una copia del expediente. La secretaria general Graciela Báez recibió el oficio petición pero no entregó ningún documento.
El gobernador afirmó que la solicitud de desafuero por tres delitos federales fue dictada desde Palacio Nacional. “Yo quiero ser muy claro, estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados, no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional. Queremos, y yo en lo personal, exijo poder contar con estos documentos de los que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada. Probablemente acusen de situaciones que en su momento vamos, no solamente, a defender, vamos a aclarar y vamos a dar a conocer mi inocencia”, afirmó.
Llueven acusaciones; “son fantasías”: CV
La primera audiencia por el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, estuvo repleta de señalamientos, alegatos políticos y jurídicos lanzados durante dos horas y 22 minutos.
El mandatario tamaulipeco asistió y solo escuchó la comparecencia virtual; su abogado Alonso Aguilar Zinser cuestionó a la Sección instructora de la Cámara de Diputados y al primer testigo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el evento legislativo virtual.
Por la noche, Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que tras la audiencia quedó en claro la inexistencia de pruebas “y en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones, ninguna de las casas que mostró en su presentación es de mi propiedad”.
El mandatario tamaulipeco destacó que el presidente de la Sección instructora, diputado Pablo Gómez, solicitó que el análisis de la información vertida en la comparecencia sea la relacionada con la solicitud de declaración de procedencia o desafuero.
“Resulta lamentable que el doctor Nieto Castillo exponga información que guardar vinculación con el caso. Pero aún, que además incluyera datos y conjeturas notoriamente falsas”, dijo.
Acusaciones por pantalla
A las 11:05 se abrió la transmisión de la audiencia acordada como pública. En la pantalla apareció la Sección instructora entregada por el morenista Pablo Gómez Álvarez (presidente), la morenista Martha Patricia Ramírez Lucero (secretaria), la priista Claudia Pastor Badilla y la petista Ana Ruth García Grande.
Tras los primeros comentarios de Gómez Álvarez se vieron el abogado Aguilar Zinser, García Cabeza de Vaca, el procurador fiscal Carlos Romero Aranda y tres agentes ministeriales de la FGR. La defensa solicitó que la audiencia no fuera pública con el argumento de que se violarían derecho humanos; el reclamo no procedió y continuó el desahogo de pruebas.
El primer testigo que participó fue el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, quien dijo desconocer la carpeta de investigación de la FGR. El diputado Gómez Álvarez le realizó tres preguntas respecto al delito de defraudación fiscal imputado a Cabeza de Vaca.
“Formulamos la querella respectiva a consecuencia de un citatorio que recibió la Procuraduría Fiscal de la Federación de la FGR”, respondió. Además, precisó, el presunto hecho delictivo sucedió en 2019 y, añadió, si el gobernador de Tamaulipas paga el monto de la contribución y los recargos la denuncia sigue vigente debido a que no fue algo espontáneo.
Tras 28 minutos de la audiencia, los agentes del Ministerio Público de la Federación ingresaron a la audiencia. Posteriormente, el abogado Alonso Aguilar en medio del cuestionamiento al procurador Romero Aranda, reveló que la defraudación fiscal imputada a Francisco García asciende a $6,511,777.
Diez minutos después, a los 38, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tomó protesta antes de testificar. El presidente de la Sección instructora preguntó a Nieto Castillo sobre la información soporte de la denuncia que derivó en la solicitud de desafuero de Cabeza de Vaca.
El funcionario federal explicó la forma en que obtuvo la información que presentó del caso contra el mandatario. Posteriormente, presentó el total de percepciones de Francisco García, de acuerdo a los cargos públicos que ostentó del 1 de septiembre de 2000 a septiembre de 2020, que sumó $23,935,746. Enseguida, señaló, el reynosense no declaró ingresos por $10,570,856 en el periodo referido, que pueden representar una posible evasión fiscal de 2015 a 2020.
Santiago Nieto prosiguió exhibiendo láminas con fotografías de 33 propiedades, como casas, ranchos y terrenos en México y Estados Unidos que, presuntamente, Francisco García comparte con su esposa Mariana Gómez, su suegro José Ramón Gómez Reséndez, sus hermanos José Manuel e Ismael y su madre María de Lourdes Cabeza De Vaca Wattenbarger.
A los 18 minutos de su participación, el titular de la UIF refirió la información de la indagatoria que provocó la solicitud de desafuero: la compra y venta del departamento de Bosques de Santa Fe.
De acuerdo con lo expuesto por Santiago Nieto, dos negocios que financiaron a la Sofom, que otorgó un crédito al gobernador tamaulipeco para adquirir el departamento por $14,300,000, antes fueron identificados como empresas fantasma entre siete unidades mercantiles que estuvieron relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
El titular de la UIF especificó que los depósitos por $14,300,000 se realizaron el 17 de diciembre de 2013 a la Sofom. Al día siguiente, Cabeza de Vaca recibió la misma cantidad y compró el departamento en Santa Fe, por la misma suma.
“Las dos empresas que financiaron a la Sofom son empresas incluidas en lista de personas bloqueadas, no se trata de una denuncia que haya presentado esta administración de la UIF, son empresas que desde la administración anterior, desde el gobierno anterior habían sido denunciadas e incluidas en lista de personas bloqueadas”, afirmó.
Las empresas fantasma que transfirieron pagos electrónicos a la Sofom están relacionadas con el incidente de una avioneta que se estrelló en Venezuela y en cuya carga transportaba cocaína del Cártel de Sinaloa.
“No quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco ‘N’, sino que empresas con las que tiene transacciones financieras son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, aclaró el jefe de la UIF ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
Asimismo, dijo la información que presentó son indagatorias de inteligencia y no son datos de prueba, que son los que desarrolla el Ministerio Público Federal. “Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la UIF más que mostrar hechos y el Ministerio Público sí que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no”, reiteró.
Nieto Castillo comentó que el sujeto identificado como operador del Sofom se trata de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, ex piloto del Joaquín Guzmán Loera. Este hombre, conocido como la “Trilladora”, financió el túnel por el que se fugó el capo del penal del Altiplano en 2015, de acuerdo con acusaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En la venta del departamento también se dio otra fuente de posible financiamiento ilícito. En diciembre de 2019, cuando la Empresa T envió $42,100,000 a Francisco García Cabeza de Vaca, por concepto de pago por el departamento de Santa Fe.
Ese año, la empresa que adquirió el inmueble recibió hasta $44,800,000 de una empresa de Avalúos que tiene la característica de entidad fantasma. Esta última compañía obtuvo $46,300,000 de seis empresas fachada vinculadas con el Cártel de Sinaloa. La Empresa T tiene el mismo domicilio que la Trilladora. Las sociedades mercantiles que fondearon la empresa Avalúos fueron denunciadas por la UIF en 2018 y bloqueadas sus cuentas en 2019.
García Cabeza de Vaca escuchó los 40 minutos de la exposición de Nieto Castillo. Al terminar el abogado Aguilar Zinser pidió un
receso de 15 minutos y volvió para interrogar sobre la validez legal de la información que pronunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, como las 3 denuncias contra el gobernador tamaulipeco.
La siguiente pregunta se centró en el origen de las pruebas en la compra y venta del departamento en Santa Fe. Sin embargo, los agentes de la FGR intervinieron para evitar la respuesta, el diputado Pablo Gómez rechazó el argumento y pidió a Nieto Castillo responder. Este replicó que toda la información dicha son elementos que analizó la FGR.
Los últimos cuestionamientos fueron respecto al comentario de la detención de Cabeza de Vaca por robo de armas en Estados Unidos durante la juventud del político. La respuesta del origen de ese señalamiento no llegó bajo el argumento de la secrecía en la colaboración con gobiernos internacionales. La replica de la defensa fue que este señalamiento tiene origen en una página de Internet.
Al terminar, Alonso Aguilar se enfrascó en alegatos con los agentes del Ministerio Público Federal. El diputado Gómez Álvarez aceptó las objeciones de la FGR. La audiencia concluyó sin preguntas de las diputadas integrantes de la Sección instructora y entre sonrisas del abogado defensor y una férrea postura de los agentes de la FGR. A las 13:33 horas se dio cerrada la transmisión sin que Cabeza de Vaca pronunciara una palabra en la audiencia.
